En marcha, una política de exterminio del Estado contra luchadores sociales, denuncia la Red de Derechos Humanos

*Urge Manuel Olivares a establecer una alerta común de defensores para protegerse. Ya ni caso tiene exigir justicia, porque esa palabra no existe en Guerrero: Bertoldo Martínez. Las autoridades no tienen argumento para no dar resultados, dice el Colectivo Contra la Tortura. Reprimir y asesinar, un patrón en el gobierno de Ángel Aguirre: Centro Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Hace dos meses, por la muerte de un dirigente social y sus dos acompañantes, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, advirtió la necesidad de establecer una alerta para defensores y luchadores sociales y dejó en el aire la pregunta: “¿quién sigue?”
El asesinato de Rocío Mesino Mesino ayer respondió a esa interrogante, y Olivares Hernández y otros defensores y luchadores sociales denunciaron que en el estado es grave y preocupante la falta de garantías para realizar esta labor, a pesar de que está catalogada a nivel internacional como una actividad de alto riesgo, particularmente en Guerrero.
En este sentido, denunciaron que no existe argumento para que las autoridades sigan sin dar garantías de seguridad y de integridad a las y los defensores y luchadores sociales.
Para confirmarlo recordaron los últimos casos de homicidios y desapariciones forzadas en el periodo del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Mencionaron los casos de los ocho activistas de la Unidad Popular (UP) de Iguala, entre ellos su dirigente, Arturo Hernández Cardona; los tres integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), entre ellos su dirigente Raymundo Velázquez Flores; la representante de desplazados de la Sierra, Juventina Villa Mojica, junto a su hijo de 17 años de edad, y la ecologista Fabiola Osorio Bernáldez, que luchaba contra la construcción de un muelle en un manglar en Coyuca de Benítez.
Asimismo, recordaron la desaparición de los líderes de Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón y Marcial Bautista, secuestrados el 7 de diciembre de 2011.

Luchadora de años: Red-Gro

Olivares Hernández señaló que el homicidio de Rocío Mesino es una muestra de cómo el Estado sigue exterminando a luchadores sociales.
Recordó que Rocío Mesino “viene de una lucha de muchos años, sin dejar de lado la lucha de su papá, Hilario Acosta Mesino; demandó castigo a los responsables de la masacre de Aguas Blancas (1995), su lucha al lado de los campesinos ha sido bastante amplia y al lado de la gente que más lo necesita”.
Añadió que estas acciones no le convenían al gobierno, “es lamentable que en el periodo de Ángel Aguirre Rivero, que como gobernador interino conoció de primera mano todo lo de Aguas Blancas, se sigan registrando asesinatos de luchadores sociales, que es indicativo de una política de exterminio”.
Recordó que tras el homicidio de Raymundo Velázquez propuso formalizar una alerta para esta labor, “y dejábamos en el aire ¿quién sigue?, y el tiempo nos dice que es Rocío”.
Lamentó que no hayan tenido capacidad para ponerse sobre aviso.
Consideró que la alerta ahora es apremiante, sobre todo por los muchos problemas que se van a generar por la contingencia de la tormenta Manuel  y el incumplimiento de las autoridades, “obviamente las protestas vienen a incrementar los riesgos”.
Explicó que la alerta implica estrechar los sistemas de comunicación entre todas las organizaciones y asociaciones, tener un directorio completo y diálogo permanente, además de establecer medidas de autocuidado como no salir de noche, de madrugada o viajar solos.
Advirtió que se observa el mismo patrón de exterminio de los luchadores sociales en Guerrero, de violencia, con la tendencia a que la línea de investigación se encamine a la delincuencia organizada para crear la hipótesis de que los motivos del crimen no tienen relación con sus actividades políticas y sociales.
Aunque lo consideró vano ante la impunidad, insistió en que el gobierno busque y castigue a los responsables del asesinato de Rocío Mesino, “porque es su obligación y nuestro deber moral”.

No hay justicia: FODEG

Consternado, el coordinador del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Martínez Cruz, condenó el homicidio de la dirigente y añadió que “una mujer debe ser sagrada; no es cultura de guerrerenses ni de hombres matar mujeres”.
Admitió que tiene miedo de opinar en este clima de hostilidad a la lucha social, “no sabe uno a qué hora le puede pegar”.
Coincidió que no tiene caso exigir justicia, porque esa palabra no existe en Guerrero.
Aclaró que los activistas siempre han tomado medidas de seguridad, porque saben que las autoridades no les van a dar garantías, sin embargo consideró que “nadie está seguro en Guerrero”.
Explicó que su temor radica en que el Estado mexicano no está brindando medidas de seguridad y justicia para los ciudadanos, y en este marco “sabemos que en Guerrero se mata y no hay justicia”.
Consideró que es tiempo de que las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos se organicen, porque ante el descrédito y falta de respuesta de las instituciones, la gente de organiza y el gobierno opta por el asesinato, el encarcelamiento, “pero vamos a seguir insistiendo y denunciando”, afirmó.

Matan a otra mujer

Del Colectivo Contra la Tortura, Raymundo Díaz Taboada denunció que la muerte de Rocío Mesino vuelve a poner en la escena la vulnerabilidad de las defensoras, porque antes de ella fueron asesinadas Juventina Villa y la ecologista Fabiola Osorio Bernáldez, del grupo Guerreros Verdes.
Denunció que en ningún caso hay personas acusadas como responsables, procesadas o sentenciadas por estos crímenes, prevalece la impunidad en Guerrero y se mantienen los altos niveles de riesgo para defensores sociales y defensores de derechos humanos.
Lamentó que a pesar de la contingencia ambiental hayan asesinado a una luchadora y defensora que venía de una organización con historia, activa y de solidaridad con movimientos como el de La Parota y el de los maestros, que además incursionó en la lucha electoral y partidaria.
Señaló que su trabajo social y político debe ser considerado en las líneas de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), porque hay demasiadas agresiones contra activistas sociales y de derechos humanos, y las autoridades no tienen argumento para no dar resultados.
“De por sí las organizaciones que trabajamos en Guerrero sabemos que nuestra actividad a nivel internacional se consideran de alto riesgo, como para los periodistas, es más peligroso desarrollar este trabajo en México”, dijo.
Insistió en que a pesar de la contingencia ambiental, las y los defensores deben mantener la guardia, haciendo denuncias públicas, apoyándose en acciones legales y seguir exigiendo protección, en este caso para las personas que presenciaron el homicidio de Rocío Mesino.
Indicó que en estas situaciones se pide atención a familiares y amigos cercanos de la víctima, por el hecho de que haya gente que haya visto el delito, deben tener protección y seguridad; “el gobierno podrá decir que anda en otras actividades (por la contingencia), pero es su obligación responder a la demanda de seguridad”.
Adelantó que seguramente habrá acciones de protesta donde habrá garantías, pero el problema real será en la Sierra, donde hay caminos cortados y las personas no están a la vista de la opinión pública, “no es argumento para que el gobierno deje de garantizar sus derechos humanos”.

CETEG exige el esclarecimiento

Asimismo, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Minervino Morán Hernández consideró preocupante la criminalidad contra líderes sociales y adelantó que en la jornada nacional de lucha en la ciudad de México habrá un pronunciamiento por el esclarecimiento y castigo a los culpables.
Destacó que la OCSS y Rocío Mesino participaron en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), así como otras organizaciones sociales e instituciones comunitarias en distintos momentos de unidad.  Demandó una investigación del “artero asesinato” y que se detenga la criminalización de la lucha social.
Por su trayectoria, consideró que el asesinato de la luchadora tuvo motivos políticos, porque siempre se mantuvo en el ámbito de la protesta social.
“Rocío es dirigente de hace mucho tiempo, su muerte nos alarma y nos preocupa, en estos momentos recrudecidos por la crisis social, la imposición de la reformas educativa, fiscal y la energética que viene, en este marco, se ve  el recrudecimiento de la represión”, dijo.

Era un símbolo de la resistencia civil en el estado: Tlachinollan

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán señaló que el asesinato de Rocío Mesino merma al movimiento de Guerrero, porque era una voz importante, un símbolo de la resistencia civil en el estado.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra señaló que preocupa que la represión y el asesinato de los activistas se ha vuelto un patrón en el gobierno de Angel Aguirre Rivero, junto a la falta de garantías para que defensores y dirigentes puedan realizar su trabajo en condiciones de seguridad.
Señaló que el asesinato y la desaparición forzada, así como las agresiones a los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), es un claro mensaje de que en Guerrero se puede matar, perseguir a actores sociales y políticos.
“Si seguimos este camino, al final de este periodo de gobierno tendremos decenas de muertos y desaparecidos, un estado sumamente violento, afectado no sólo por la delincuencia organizada, sino por la política contra líderes sociales”, expresó.
Coincidió en que las organizaciones tienen que articularse, establecer mecanismos para exigir garantías en el trabajo social; otra medida es el esclarecimiento, ubicación y sanción de los responsables, para romper con el ciclo de impunidad en los asesinatos, de lo contrario se volverá a repetir. “Si los defensores no paramos esta situación, van a seguir muriendo asesinados”, advirtió.
Contrastó que la PGJE en el caso contra la coordinadora regional de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado Romero, integró en 24 horas el expediente y la envió a un penal federal en Tepic, Nayarit, pero en el caso del dirigente Arturo Hernández Cardona, no hay un sospechoso convocado a declarar.
“Hoy el Estado debe dar respuestas contundentes, detener de inmediato a los asesinos y ubicar a responsables, de lo contrario seguirán estos hechos”, dijo.

Crimen político: José Sánchez

El abogado de las viudas y huérfanos de Aguas Blancas, José Sánchez Sánchez, calificó como un crimen político el asesinato de Rocío Mesino Mesino, y pidió garantías para los luchadores sociales.
Sánchez Sánchez cuestionó al gobernador Ángel Aguirre Rivero y preguntó: “¿quién sigue?”.
En una llamada a la redacción de El Sur, el abogado exigió una investigación rápida del hecho.
Expuso que en marzo pasado, después de salir del reclusorio donde estuvo detenida acusada de secuestro y homicidio, Rocío Mesino “temía una situación de estas” y pidió a las autoridades que si hay acusaciones en contra de algún dirigente social que los citen a declarar, “que nos detengan pero no nos asesinen”.

Justicia, exige Rosario Merlín

Por su parte, la diputada federal Rosario Merlin García exigió justicia y el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino.
“¿Quién se beneficia con los asesinatos de luchadores sociales?, exigimos la investigación y detención de los culpables materiales e intelectuales. Los asesinatos de luchadores y gestores sociales no solucionan la crisis, la pobreza. No más asesinatos, vamos por la paz y por la vida en nuestro México”, dijo la legisladora del PRD.
“Mi ser, mi alma llora pero es más mi indignación y principios, todos los y las luchadores sociales, así también hombres y mujeres que la conocemos somos Rocío Mesino”, expresó.
“Mataron a mis compañeros Armando Chavarría Barrera, Arturo Hernández Cardona y luego a Raymundo Velázquez de LARSEZ, ahora a mi amiga y compañera, camarada Rocío Mesino, ¿quién sigue?”, agregó
La diputada federal recordó que la dirigente de la OCSS le pidió ayuda para las comunidades de la sierra de Atoyac que quedaron incomunicadas después del paso de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid.
Entre las comunidades afectadas están Junta de los Ríos, Ranchito, Remonta, Arroyo Grande, Cebada, Camarón, Río Chiquito, Plan de Carrizo, Guayavilla, La Gloria, Río del Bálsamo, Fundiciones, Pie de la Cuesta, Cucuyachi, Achotal, Arrayanes, Molote, Nueva Deli y Plan de las Delicia, dijo.
Detalló que lo que pedían era leche en polvo, pañales para bebé, papillas, toallitas, biberones, así como toda clase de medicinas, utensilios de higiene y comida.
Dijo que la petición de Rocío Mesino la hizo llegar a la Sedesol federal, pero se quejó de que a esos lugares no ha ido ninguna autoridad y exhortó al gobierno a prestar atención a esas comunidades.