Jesús Mendoza Zaragoza

Participación de los afectados en la reconstrucción

El desafío es inmenso: reubicar a miles de familias que viven en lugares de alto riesgo ante los desastres causados por las lluvias en el estado de Guerrero. Desde las familias que viven en las inmediaciones de la Laguna de Tres Palos, de los ríos de La Sabana y del Papagayo, hasta las familias de La Pintada, El Paraíso y Pie de la Cuesta en la sierra de Atoyac, entre otras comunidades. Esta reubicación es una necesaria acción preventiva ante nuevos desastres y deberá ser encabezada por el gobierno federal en coordinación con los demás niveles de gobierno e implicará la creación de nuevos asentamientos humanos.
Las comunidades y familias a reubicar viven momentos de incertidumbre ante la falta de información y ante la nula participación que se las ha requerido para efectos de su reubicación. Ya de suyo, su evacuación y su permanencia, de muchas de ellas, en albergues temporales ha significado un verdadero drama en el que se han convertido en meros espectadores que dependen de las decisiones de otros pues su voz y su libertad no cuenta para las autoridades.
Mantener esta situación de incertidumbre a quienes han de reubicarse en muy peligroso y puede dar lugar a la politización o al desencadenamiento de conflictos atados a intereses de otros actores ya políticos o sociales. Por eso urge un cambio de actitud en las autoridades ante la necesidad de reubicación de comunidades y familias. El caso de las 29 familias desplazadas de Las Shascuitas del municipio de San Miguel Totolapan es una muestra de la manera inhumana de tratar estos casos que son de mucho dolor para dichas familias. Desde el primero de agosto están recluidas en un inmueble en Acapulco y las autoridades no les resuelven nada, y menos ahora ante la necesidad de reubicar a miles de familias.
Este cambio de actitud tiene que incluir la atención y la escucha a la palabra y a las expectativas de las familias y comunidades afectadas para que participen, de manera sistemática, en la toma de decisiones sobre su destino y el proceso de reubicación. Deben ser informadas de una manera exhaustiva de las condiciones de reubicación y tienen que ser escuchadas para que participen con plena conformidad para que pueda darse el proceso de reubicación con las mejores condiciones para ellas.
Es de elemental sentido de humanidad tener las consideraciones que requieren estas situaciones. Si ya sufren la pérdida del patrimonio en el desastre otras pérdidas como las raíces culturales y las relaciones sociales, familiares y comunitarias se verán afectadas, no es justo que pierdan también la capacidad de tomar parte en las decisiones que por derecho les corresponden.
La reubicación y la reconstrucción no solo son un asunto técnico en el que tendrán que colaborar los expertos y las autoridades. Son, sobre todo, un asunto humanitario en el que han de participar las personas afectadas. No se trata de hacer una plantación o de trasladar muebles o de proteger ositos panda. Se trata de ayudar a personas que han sufrido crisis emocionales y pérdidas dolorosas. Se trata de acompañarlas con un verdadero sentido humanitario y con todo el respeto que merecen en cuanto personas. Se trata de involucrarlas para que tengan la oportunidad de aportar sus conocimientos, sus sensibilidades, sus esfuerzos, sus recursos, en fin, para que participen en la creación de su nuevo entorno físico y comunitario.
Hay que diseñar un modelo de participación en el que cada parte aporte lo suyo: las autoridades, los expertos, las familias y, aún, la sociedad civil. No se trata de que se les dé todo, se trata de colaboración. Los lugares elegidos para la reubicación tienen que ser puestos a consideración de quienes han de ser reubicados, lo mismo que el diseño de la urbanización y de las viviendas. Nada ha de hacerse sin ellos, simplemente porque son personas. No es el caso de que el papá gobierno les resuelva el problema a los niños ciudadanos. Este esquema es perverso y de efectos nocivos. Se trata de que el gobierno encabece estas tareas con la necesaria participación de los ciudadanos afectados.
Para esto se necesita mucha capacidad de diálogo de ambas partes y, sobre todo, de la búsqueda del bien común superando esquemas cerrados en los que prevalecen los intereses del gobierno o de alguna otra formación política. El bien de los ciudadanos y, en este caso, de los afectados, tiene que traducirse en los planes de reubicación y de reconstrucción, y pare que esto suceda, hay que escucharlos y abrirles espacios de participación. El gobierno tiene que tratarlos como ciudadanos, como adultos y no como discapacitados o damnificados en sus capacidades para tomar decisiones.