Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Otro crimen a la cuenta de Aguirre

*El asesinato de Rocío Mesino

La ejecución de Rocío Mesino Mesino tiene el estilo de una sentencia inapelable, dictada tiempo atrás por individuos que se saben inalcanzables para los cortos brazos de la justicia. Sobre la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur cayó el mismo castigo que manos invisibles descargaron sobre Arturo Hernández Cardona y sus compañeros de la Unidad Popular de Iguala, ultimados  el 3 de junio después de ser torturados. Y ambos casos reproducen las características de decenas de asesinatos cometidos en Guerrero, en que las víctimas han sido dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, críticos del gobierno y activistas de demandas populares. Resulta tan consistente este patrón criminal en el estado, que tienen razón quienes dicen que ya ni caso tiene exigir justicia: ningún homicidio de este tipo ha sido resuelto ni castigado en los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero o en el anterior de Zeferino Torreblanca Galindo. Ninguno, y son muchos.
La situación es más grave que eso, pues en varios o muchos de los casos se sospecha la intervención de agentes gubernamentales en los asesinatos. Como en el de Hernández Cardona y sus compañeros, cuyo secuestro estuvo precedido de un enfrentamiento con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez –lo que incluso dio origen a una demanda penal del dirigente de UP contra éste–, y de un enfrentamiento verbal con un jefe de la Policía Federal, pese a lo cual la investigación no ha avanzado un centímetro y todo sugiere que la intención de las autoridades es echar todo al olvido.
Una confrontación similar se produjo en el caso de Rocío Mesino con el ex alcalde perredista de Atoyac, Armando Bello Gómez. Se ignora si por ese conflicto –aunque sí en ese contexto– es que Rocío Mesino fue víctima de agresiones previas en que su vida estuvo en peligro, de lo cual ella misma llegó a responsabilizar al ex presidente municipal.
El gobierno de Aguirre Rivero tuvo también un papel relevante en las circunstancias que rodearon la ejecución de la dirigente de la OCSS, pues en marzo de este año la Procuraduría General de Justicia ordenó su detención con bases tan endebles que a los cinco días el juez dispuso su liberación debido a la falta de pruebas. Fue acusada de haber participado en un secuestro y homicidio ocurrido en el municipio de Coyuca de Benítez, expediente en el que figura el nombre de Bello Gómez y allegados suyos.
El encarcelamiento de Rocío Mesino puso de manifiesto la intervención de manos capaces de movilizar a las autoridades para generar la impresión de que la dirigente social era victimaria y no víctima, una peligrosa condición que la exponía a riesgos tan evidentes como el consumado el sábado pasado. Tan real era el peligro en que se encontraba tras la acusación de secuestradora que le atribuyó la Procuraduría, que Rocío Mesino moderó su aguerrida posición ante el gobierno de Aguirre y le solicitó protección, la que nunca llegó.
Cinco activistas de Unidad Popular abandonaron Iguala después de escapar del secuestro sufrido junto a Hernández Cardona. Nadie los ha visto y lo poquísimo que se sabe de ellos –que viven y están ocultos– ha sido por el testimonio de Bertoldo Martínez Cruz, el único que ha conseguido hablar por teléfono con alguno de ellos. Esa insólita clandestinidad a la que fueron orillados por las amenazas de sus captores no se halla prescrita en la Constitución ni en ninguna ley, es sólo un terrible resultado del quebrantamiento del Estado de derecho que se produce a diario en el estado de Guerrero. Pero ninguna fuerza genera tanto temor como las corporaciones policiacas gubernamentales, por lo que es del todo pertinente conjeturar que las amenazas que mantienen escondidos a los sobrevivientes del caso Hernández Cardona provienen de agentes del gobierno, que acaso son los mismos que cometieron los tres asesinatos. Lo cual explicaría la parálisis de las investigaciones y la despreocupación de las autoridades.
La misma indiferencia muestra el gobierno del estado sobre el secuestro y quizás asesinato de los líderes ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista, hechos desaparecer en una zona de intensa presencia militar y policiaca el 7 de diciembre de 2011 en la carretera de la Costa Grande, sólo minutos después de haber sido revisados en un retén de soldados. También en este caso ha brotado la presunta participación de agentes de la policía ministerial, sin que se produzca una reacción institucional del gobierno.
Una fuente de especial indignación para Rocío Mesino y su familia era el homicidio de su hermano Miguel Angel, ocurrido en 2005 y en el que la justicia nunca apareció. La familia Mesino proporcionó a las autoridades hasta el nombre y ubicación del homicida, y nunca fue detenido. Como si hubiera una consigna. Por ello en efecto pareciera inútil exigir justicia, y es improbable que en el asesinato de Rocío Mesino las cosas sean distintas.
Pero por desalentador que resulte, no cabe otro comportamiento más que ese, el de exigir justicia y castigo para los autores del crimen. La denuncia social es el más importante de los instrumentos con que cuenta el movimiento popular, y un ejemplo de ello es la actividad de Rocío Mesino. “No puede quedar impune, no debemos esperar que caiga otro luchador social, no debemos permitir que vayamos cayendo de uno en uno”, dijo hace algunos meses a propósito del asesinato de Raymundo Velázquez Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, perpetrado en Coyuca de Benítez no muy lejos de donde ella cayó abatida.
El Estado de derecho no puede ser usado solamente como pretexto para combatir y perseguir a los movimientos sociales, como hasta ahora ha hecho Ángel Aguirre, y relegarlo por completo cuando las víctimas son líderes sociales. Con mayor razón si es el propio gobierno el que ha creado un clima de hostigamiento contra la víctima, como sucedió con Rocío Mesino. En este crimen las autoridades tienen una clara responsabilidad.

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