Aplicar el Protocolo de protección a migrantes es el principal reto: expertos

Evlyn Cervantes / Agencia Reforma

Ciudad de México

La aplicación es el gran reto del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afectan a personas migrantes y sujetas de protección internacional, coincidieron expertos en asuntos migratorios.
Durante su participación en el foro El Poder Judicial y los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas a protección internacional, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los expertos celebraron la presentación del Protocolo pero destacaron la importancia para que el instrumento sea aplicado por todo los actores, públicos y sociales, que tratan con migrantes.
“El gran reto es cómo nos vamos a coordinar las diferentes instituciones, primero al interior del Poder Judicial y después con el Ejecutivo y Legislativo para la implementación del Protocolo y sobre todo cómo desde protección civil damos aportes para una implementación mucho más pronta y eficiente”, expuso Nancy Pérez García, directora de Sin Fronteras.
El Protocolo fue presentado el 30 de septiembre por la SCJN y a través del foro se invita a organizaciones civiles y expertos a debatir el contenido del documento.
En tanto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz dijo que el Protocolo permitirá a los juzgadores mexicanos actuar con apego a los altos estándares internacionales en derechos humanos.
Con la publicación del Protocolo, precisó, la SCJN refuerza que su función no sólo se resume en establecer parámetros para la actuación de las autoridades en casos específicos, sino en generar herramientas para la formación de las personas que imparten justicia.
“De esta forma quienes juzgamos contamos ya con un documento que orientara’ nuestra actuación con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y respetando, al mismo tiempo, los principios de autonomía e independencia judicial”, agregó.
El ministro declaró que no solamente la normativa internacional y la Constitución exigen el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras sino también la Ley de Migración obliga a cumplir este mandato y reitera la importancia de dar especial atención a los grupos en situación vulnerable.