Debe Mancera indemnizar por casos de desaparición involuntaria: CDHDF

*Señala el organismo que el gobierno del DF podría ser inculpado por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, de comprobarse la participación de policías en el caso Heaven

Gloria Leticia Díaz / Agencia Proceso

Ciudad de México

El gobierno de Miguel Ángel Mancera deberá indemnizar a los familiares de 19 víctimas de desaparición involuntaria ante las graves violaciones a derechos humanos cometidas por su administración a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de acuerdo con la recomendación 19/2013 emitida por el ombudsman capitalino.
El presidente interino de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, destacó que la recomendación -que acumula cuatro casos de desaparición involuntaria de personas y no sólo los del Heaven, bar de la Zona Rosa de donde fueron sustraídas 12 personas el 26 de mayo anterior, entre ellas dos menores de edad- demuestra que la desaparición involuntaria de personas en la capital “no es un hecho aislado, aunque tampoco es sistemático”.
Los otros casos incluidos en la recomendación 19/2013 se refieren a la desaparición de Antonio César Ortega Márquez, quien fue visto por última vez la madrugada del 14 de agosto de 2011 en el mismo local del Heaven pero que entonces se llamaba Lancaster; también incluye a cinco personas, entre ellas un adolescente, quienes fueron vistos por última vez el 21 de abril pasado en el centro nocturno Virtual Mix Club, localizado en la delegación Gustavo A. Madero.
Además, el caso de Georgina Abigail Zitlalpopócatl García, quien de acuerdo con testigos fue subida por la fuerza a una camioneta la madrugada del 10 de marzo de 2012.
De acuerdo con la investigación realizada por la CDHDF, a excepción del caso Heaven, en el que la Procuraduría capitalina ha consignado a 18 personas, en los otros la dependencia no ha realizado investigaciones sustantivas, y los únicos elementos que existen son el resultado de indagatorias realizada por los mismos familiares.
La cuarta visitadora de la CDHDF, Guadalupe Cabrera, asentó que mientras en siete casos “no hay información sobre el paradero” de las víctimas, en el caso Heaven, “ante el hallazgo de los restos, los familiares aún no tienen certeza” de que éstos correspondan a sus parientes desaparecidos.
Como resultado de la investigación del organismo, se determinó que la PGJDF es responsable de la violación de los derechos a no sufrir desaparición, acceso a la justicia, a saber la verdad, al esclarecimiento de los hechos investigados, y a que se investigue y sancione a los responsables, así como el derecho a la atención integral.
En tanto, las autoridades encabezadas por el procurador Rodolfo Ríos Garza habrían faltado a su deber de investigar oportunamente las desapariciones y a la “obligación de los servidores públicos de proteger los derechos de las víctimas en torno a la información reservada y confidencial”.
Lo anterior, porque información de los expedientes del caso Heaven fueron filtrados a los medios de comunicación.
La cuarta visitadora explicó que en el desarrollo de la investigación la CDHDF pudo determinar la ausencia de “protocolos especializados, tanto para la investigación de casos de desaparición involuntaria como para la atención de las víctimas”.
Ello sin contar con que de forma inexplicable, en los casos que engloba la recomendación, no se activaron alertas Amber a pesar de que dos de las víctimas eran menores de edad.
Durante la presentación del reporte, en la que estuvieron parientes de algunas de las víctimas, el presidente interino de la CDHDF aclaró que la recomendación 19/2013 es “la conclusión de una primera fase de la investigación, y vendrá una segunda, una vez que se determine si los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública presuntamente involucrados en el caso Heaven fuero responsables por acción, omisión o aquiescencia”.
Si las autoridades de la PGJDF comprobasen la participación de al menos cuatro policías preventivos en la desaparición involuntaria, dijo Patrón Sánchez, “estaríamos ante una desaparición forzada y, si se confirma que los restos corpóreos pertenecen a las víctimas, hablaríamos de ejecuciones extrajudiciales”.