Condenan organizaciones sociales el asesinato de Rocío y demandan a Aguirre fin a la impunidad

*La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Red Nacional de Defensoras exigen castigo a responsables

Redacción

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos condenó el asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, y exhortó a las autoridades a terminar con el clima de impunidad que impera en el estado.
Pidió, al igual que las organizaciones que integran  la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, garantías de seguridad que garanticen las labores de las y los defensores de derechos humanos en Guerrero.
Por separado, en una carta a la redacción, unas 60 organizaciones encabezadas por la OCSS exigieron a las autoridades federal, estatal y municipal “el esclarecimiento y justicia por el cobarde y brutal asesinato” de Rocío Mesino y que se agoten todas las líneas de investigación.
En un boletín de prensa, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por 73 organizaciones de 20 estados del país, condenaron el asesinato de Rocío Mesino Mesino.
Menciona que Mesino Mesino formó parte de la OCSS, que ha sido  objeto de fuertes agresiones en su contra como los asesinatos de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995.
Dice que han denunciado hostigamientos y agresiones frecuentes por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno del estado y otros grupos armados en la región Costa Grande, “sin que por parte del gobierno del estado existan garantías de protección a las personas que se organizan en la exigencia de sus derechos humanos”.
Señala que el asesinato de Rocío Mesino se suma a los asesinatos que durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero se han dado en fechas recientes en contra de quienes se organizan para exigir la vigencia de sus derechos, y menciona los casos de los dos estudiantes normalistas asesinados, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, además de Arturo Hernández Cardona de la organización Unidad Popular de Iguala, y de Raymundo Velázquez Flores, de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, ocurrido en la Costa Grande.
Indica que es importante señalar que los informes sobre las violaciones a los derechos humanos difundidos por las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como por otras instancias que señalan patrones de agresiones, son insumos importantes que deben ser tomados para el diseño de políticas públicas de atención a personas defensoras, así como las acciones a tomarse en cuenta para la prevención y protección.
“Sabiendo que la mejor protección es la investigación, hacemos un enérgico llamado al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero para realizar una investigación imparcial y exhaustiva sobre el asesinato de Rocío Mesino y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables de tan indignante acto”, exige.
Exhorta a las  autoridades a “terminar con el clima de impunidad que impera en el estado y garantice condiciones de seguridad para quienes se organizan para exigir la vigencia de sus derechos, así como de las y los defensores de derechos humanos”.
Y recuerda que como lo indica la Ley de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, es responsabilidad fundamental del Estado proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
Mientras que las organizaciones de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México expresaron su preocupación por el asesinato de tres mujeres defensoras de 2012 a la fecha, tras el homicidio de la líder campesina, Rocío Mesino Mesino, y por la “detención arbitraria” de la coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, hace dos meses, y pidieron protocolos de seguridad que garanticen la labores de las y los defensores
Mediante una carta abierta dirigida al gobernador Ángel Aguirre Rivero, al procurador Iñaki Blanco Cabrera y al secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, también exigieron el establecimiento de protocolos de seguridad que garanticen la labor de las y los defensores en el estado de Guerrero.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que integra a 135 activistas de derechos humanos, organizaciones y periodistas de 20 distintos estados de la República, reconocieron a Rocío Mesino como una “incansable luchadora social de quien conocimos su labor y compromiso con la defensa de los derechos humanos de los que menos tienen”.
La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fue asesinada  a plena luz del día el sábado pasado en la comunidad Mexcaltepec del municipio de Atoyac.
En este sentido, manifestaron su preocupación por el incremento de asesinatos y agresiones a defensores y defensoras en el estado, porque han documentado el asesinato de tres defensoras de derechos humanos en Guerrero.
Estas son Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, el 31 de junio de 2012; Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Ocespcc), el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, y Rocío Mesino el 19 de octubre de 2013.
Pero ante la impunidad que se mantieneen los asesinatos de Fabiola Osorio y Juventina Villa, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México demandó al gobierno estatal establecer mecanismos de investigación que permitan sancionar los asesinatos y las agresiones hacia las defensoras.
Además de establecer protocolos de seguridad que garanticen la labor de las y los defensores en el estado de Guerrero, “imprescindibles, al reconocer que de acuerdo al Diagnóstico 2012 de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos denominado Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica, Guerrero es uno de cinco estados de la República con el mayor número de agresiones a defensoras de derechos humanos, sólo al lado de estados como Chihuahua o Oaxaca”.
En este contexto, señalaron la detención arbitraria de la Coordinadora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Nestora Salgado Romero, el 21 de agosto pasado.
Así como las ejecuciones de los defensores y activistas de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, quienes con cinco más de sus compañeros fueron desaparecidos el 30 de mayo de 2013 luego de la manifestación pública que realizaron en la caseta de cobro ubicada en la periferia de Iguala.
Recordaron también el asesinato de los integrantes de la LARSEZ, entre ellos su dirigente Raymundo Velázquez Flores, cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 5 de agosto de 2013 en Coyuca de Benítez; y por otra parte, la  desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, defensores ecologistas de la Sierra de Petatlán quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 7 de diciembre de 2011.
Ante ello, “exigimos que la labor de las y los defensores de derechos humanos sea considerado en las líneas de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y que su gobierno brinde garantías de seguridad y justicia a las y los defensores de las ciudades, así como de las defensoras comunitarias en el estado, con el objetivo de evitar que la impunidad siga prevaleciendo”.
Con estas medidas, las autoridades locales darían cumplimiento a los altos estándares internacionales como la Declaración?de la?ONU sobre?los?Defensores?de los Derechos Humanos?que establece “los principios básicos que todo gobierno debe respetar sin reservas para garantizar que las personas que defienden los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo libremente y sin temor a represalias.”
En el caso específico de Rocío Mesino, exigieron protección para sus familiares que presenciaron el asesinato de la dirigente y luchadora social, y castigo a los culpables materiales e intelectuales a la brevedad.
Advirtieron que la organización, cuyo compromiso es la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos, el derecho a la información y la libertad de expresión, estará atenta de las acciones que el gobierno de Guerrero emprenda para el esclarecimiento de homicidio de Rocío Mesino.
En la carta encabezada por la OCSS, las organizaciones afirman que el gobernador Aguirre Rivero tiene la responsabilidad de procurar e impartir justicia para impedir que se sigan cometiendo actos de impunidad. Debe garantizar a los y las ciudadanas el derecho a la vida y a la libertad”.
Añaden que “es irrenunciable profundizar en la investigación para que no quede como uno más de los tantos crímenes que se han cometido en contra de hombres y mujeres activistas. Exigimos que todas las líneas de investigación sean agotadas y castigo a los culpables intelectuales y materiales”.