Con su detención, el gobierno dejó vulnerable a Rocío Mesino, señala Salazar Marchán

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Salazar Marchán, afirmó que el hostigamiento, criminalización y persecución de la lucha social que realiza el gobierno federal y estatal, además de la detención de Rocío Mesino Mesino en marzo pasado, la volvió susceptible a ser víctima de agresiones y a su homicidio.
En entrevista en el Congreso local, afirmó que el asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) es consecuencia de las campañas mediáticas en contra de los luchadores sociales, que realiza el gobierno estatal y federal, y puso como ejemplo el caso del movimiento magisterial contra la reforma educativa.
“Las campañas de desprestigio y menosprecio a sus motivos de lucha genera un clima que hace susceptible y socava la autoridad moral de quienes se organizan para luchar”, dijo, y que esa es la estrategia de los gobiernos contra los líderes sociales “de izquierda no partidaria”.
El diputado petista afirmó que contra Rocío Mesino hubo una campaña de “hostigamiento, criminalización, persecución, señalamiento público, de denostar contra ella en privado y en público”, y eso la volvió susceptible a ser víctima de agresiones.
El presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, dijo el lunes que crearán una ley a través para obligar al gobierno a otorgar medidas de seguridad a los luchadores sociales que manifiesten pública o formalmente temor por sus vidas consecuencia de su activismo.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos afirmó que sería lamentable que los luchadores sociales tengan que pedir seguridad para realizar sus actividades, “sería como si los reporteros también tuvieran que cargar guardaespaldas, por lo peligroso de su labor”, sin embargo reconoció que “hay un estado fallido” incapaz de garantizar la integridad física y patrimonial del desempeño de las profesiones, “sea cuales fueran”.
Consideró “simpática e interesante” la propuesta, porque entonces se tendrían que “requerir garantías para los taxistas, periodistas”, por lo que afirmó que lo que se necesita es un Estado eficiente y respetuoso de los derechos humanos y no excepciones, “sin dejar de reconocer la vulnerabilidad que los propios gobiernos han creado en torno a los luchadores sociales”.
Dijo que se siguen viviendo las mismas condiciones que durante el periodo conocido como la guerra sucia, “es evidente, hay un clima parecido, lo que se vive en Guerrero es una prolongación de una guerra selectiva, no generalizada”.