Héctor Manuel Popoca Boone

El fluido eléctrico

La industria de la generación y distribución de electricidad requiere de fuertes inversiones, tecnología y penetración distributiva en los mercados de usuarios. El común de las medianas y grandes empresas de carácter nacional no lo pueden hacer a menos que se asocien con similares extranjeras o con el Estado. Actualmente el sector eléctrico en el mundo está posicionado por industrias estatales o corporaciones trasnacionales.
Se le denomina industria estratégica por ser necesaria para que funcione la inmensa mayoría de la estructura productiva de un país y sectores vitales como el de la salud o el de la seguridad pública. Ilumina, desde las ciudades más populosas hasta las comunidades más marginadas proporcionando a millones de hogares la posibilidad de utilizar aparatos electrodomésticos, conservar alimentos, facilitar la comunicación masiva y el esparcimiento hogareño.
Aquel territorio geográfico que careciera del servicio eléctrico sería una zona muerta para la moderna actividad económica, social y política. Esa es la razón por las que las corporaciones eléctricas adquieren un poder enorme ante la sociedad y dentro del país en que operan. Toda nación que se precie de preservar su independencia, seguridad y soberanía nacional debe tener el control de la generación y distribución del fluido eléctrico. La experiencia así lo indica ante la desmedida voracidad y lucro de empresas monopólicas particulares.
Hasta hoy en México, todos los permisos entregados a la iniciativa privada o extranjera, explicitan la prohibición de vender energía a empresas o al consumidor particular. Sin embargo, con las modificaciones constitucionales propuestas esta barrera se eliminaría para dar paso a la libre competencia y a la apropiación privada del mercado interno, al convertir a la CFE en una empresa obsoleta y descapitalizada, tal y como lo han hecho con Pemex.
La privatización va orientada a traspasar el uso que la nación puede hacer de sus recursos generadores de electricidad para ofrecérselos a particulares, quienes hoy, con simulación de por medio, controlan ya el 45 por ciento de la generación de electricidad en el país. Con los cambios constitucionales (artículos 27 y 28) las grandes trasnacionales, generaran toda la electricidad que deseen para venderla en el mercado al mejor postor. Incluso proyectos de energía renovable con implante en terrenos de comunidades indígenas. En juego está un mercado que representa ventas de alrededor de 329 mil millones de pesos, que hoy todavía abastece la Comisión Federal de Electricidad.
Las causas del fracaso de la privatización eléctrica en algunos países, el ingeniero Sharon Beder, de nacionalidad australiana e investigador del tema, las condensa en su libro: Energía y poder. La lucha por el control de la electricidad en el mundo, a saber: Entronización de monopolios privados, mayoritariamente extranjeros, que manipulan el mercado y subordinan el interés nacional al particular. Fuerte especulación donde reduciendo la oferta con una demanda siempre creciente incrementan las tarifas. Turbias concesiones donde convergen intereses corruptos de gobernantes, funcionarios públicos y empresarios beneficiados. Privilegio de la máxima ganancia sobre modernización en cuanto a tecnología, infraestructura y cobertura eléctrica. Atención preferente a las zonas pudientes descuidando a la población de bajos recursos. Reiterados apagones y desabasto que obligan a racionar el consumo. Tambiñen, una mala regulación oficial a las empresas para apegarse a la ley y a los planes gubernamentales. Evasión de impuestos, dobles contabilidades y fugas de divisas. Abaratamiento de la mano de obra del sector. Y finalmente, la quiebra de algunas de esas empresas cuyo costo para rescatarlas se convirtió en deuda pública que pagan los contribuyentes.
Sempra (heredera de la corrupta Enron), Tractebel, AES, Intergen, Iberdrola, Mitsubishi y Bechtel son, entre otros, los consorcios extranjeros que ya se frotan las manos ante los posibles cambios constitucionales que trae consigo la aprobación de la iniciativa de reforma energética.