Respalda Zedillo la reforma energética de Peña Nieto y exalta a la inversión privada

De ser aprobada podría aumentar significativamente la contribución del sector energético al desarrollo del país, asegura el ex presidente. Recomienda que los gobiernos se conviertan en recaudadores de impuestos

Daniel Velázquez

El ex presidente Ernesto Zedillo dio su respaldo a la reforma energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto y recomendó permitir la participación de la inversión privada en el sector.
Dijo que de seguir esas recomendaciones, en el 2050 México se incorporará plenamente a la convergencia económica, donde se prevé que el 60 por ciento de la producción mundial será de los países en desarrollo y no de los países desarrollados, como actualmente ocurre.
Zedillo, quien actualmente se desempeña como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, participó ayer en la sexta asamblea nacional de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) que se realiza en Acapulco, con la conferencia “Certidumbres, riesgos e incertidumbres de la globalización: los retos para las economías emergentes”, en la que planteó que se deben cobrar impuestos por la emisión de C02 (dióxido de carbono), porque el Protocolo de Kioto “está muerto”.
En un salón del centro de convenciones Mundo Imperial y ante unos mil asistentes, el ex presidente recomendó qué deben hacer los países de América Latina para no quedar fuera de la convergencia económica.
“Los gobiernos comprometidos realmente con alcanzar el crecimiento deben liberalizar sus mercados de productos y servicios para así facilitar al máximo la creación y entrada a la competencia de más empresas”, señaló.
“Las reformas legales e institucionales más urgentes y trascendentes para acelerar el crecimiento de América Latina son las que fortalezcan en serio el Estado de derecho”, dijo.
La propuesta del ex presidente es que los gobiernos se conviertan en recaudadores de impuestos y dejen a la iniciativa privada la explotación de los recursos naturales.
Para lograrlo, dijo que los países de América Latina deben reformar las políticas tradicionales pero estar preparados para una deliberación franca y ordenada, porque son temas políticamente muy controvertidos y para eso se necesita un sistema de justicia sólido.
“Quienes se benefician con el orden existente siempre se opondrán a la afectación de su interés, lo harán frecuentemente, denunciando a las necesarias reformas como amenaza para nuestras poblaciones, de ahí la importancia de una deliberación franca y ordenada de estos temas”, expuso.
Agregó que a ello “mucho puede ayudar remitirnos a un principio fundamental de la democracia, me refiero al principio de igualdad ante la ley, que en su interpretación moderna no sólo se trata de que el Estado se abstenga de emitir y aplicar leyes formal y flagrantemente discriminatorias que atenten contra la libertad y el ejercicio de los derechos humanos y políticos fundamentales sino que además el propio Estado quede obligado a procurar ante las leyes, instituciones y políticas publicas  la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos”.
“Está comprobado que el modelo basado en el monopolio absoluto de empresas estatales, sin concurrencia privada ni claros objetivos de eficiencia comercial y operativa, y sin la debida rendición de cuentas, no produce el máximo impacto favorable posible en el desarrollo de los países”, sostuvo.
“Los beneficios del desarrollo derivado de la explotación de los recursos naturales puede agrandarse enormemente usando esquemas que permitan la inversión privada mediante reglas claras que incluyan regímenes impositivos orientados a maximizar la renta por el uso del recurso apropiable por el Estado”, explicó.
Señaló también que “la concurrencia de la inversión privada, además de tener un impacto favorable directo en el producto nacional y en la balanza de pagos, puede ser útil para acelerar la modernización tecnológica en las industrias extractivas y de energía, al tiempo que estimula una mayor generación de valor agregado nacional en otros sectores productivos vinculados a esas industrias”.
“Para materializar todos estos beneficios potenciales se hace imperativo reformar a fondo muchas de las políticas que tradicionalmente se han aplicado en este campo en la mayoría de nuestros países, incluyendo el nuestro”, propuso.
“En ese sentido, la reforma propuesta por el Ejecutivo, que se encuentra ahora bajo consideración del Congreso de la Unión, de ser aprobada podría aumentar significativamente la contribución del sector energético al desarrollo de México”.
“La vigencia del Estado de derecho es importante por muchas razones, éticas, políticas y sociales, también es crucial para alcanzar el desarrollo. Ningún país ha logrado ser próspero sin una economía vigorosa de mercado, más aún, ningún país permanecerá próspero sin una economía de mercado inserta eficientemente en la economía global, y ningún país subdesarrollado ha dejado de serlo y ha superado la pobreza sin una economía de mercado dinámica e incluyente”, defendió el ex presidente.

Respalda Zedillo la
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Sin embargo, advirtió que “el complejo entramado de intercambio de bienes y servicios que hace posible la especialización productiva la formación de empresas la creación de empleos productivos el comercio local nacional e internacional y las transacciones financieras que en su conjunto constituye la economía de mercado no puede desarrollarse a plenitud y con oportunidades para todos sin un sistema legal sólido, es decir, necesita reglas justas y transparentes y mecanismos que aseguren su aplicación justa y expedita”.
“Es la tarea pendiente más importante para lograr que nuestros países dejen las posiciones marginales que hasta ahora han ocupado para convertirse en verdaderos motores de la gran convergencia económica que está ocurriendo en este siglo XXI”, expuso.

Sin el TLC, México sería “mucho más pobre”

En la ronda de preguntas y respuestas, Ernesto Zedillo alertó que en la medida en que las condiciones económicas para los países desarrollados cambien y superen la crisis de 2008 las economías emergentes sufrirán en los mercados de capital porque las circunstancias van a  cambiar.
“Es el momento de blindarlos, porque puede haber turbulencias financieras que podrían causar daño particularmente severo a economías emergentes que no son superavitarias”, dijo.
Agregó que se debe revisar con visión de futuro lo que será el sistema tributario y de seguridad social, y dijo que para incentivar el empleo formal es necesario quitarle la carga de impuestos y que el gobierno busque otras fuentes de ingresos, aunque no serán decisiones políticas fáciles, y menos en el contexto donde están en discusión reformas estructurales para el país.
Al ex presidente también se le preguntó por qué el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá y Estados Unidos no se ha traducido en la creación de mayores empleos en México, y Zedillo dijo que los niveles de crecimiento que tiene el país impiden la creación de nuevos empleos, pero aseguró que “los mejores empleos que ha creado esta economía en los últimos 20 años han sido consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, si no hubiéramos tenido el Tratado de Libre Comercio, hoy, en este día México sería un país mucho más pobre”.
Agregó que se necesitan más tratados de libre comercio para insertar a México en la economía global.
Dijo que la tasa de desempleo en el país es baja en comparación con otros países, pero el 60 por ciento de la población económicamente activa está en el empleo informal, debido a que es más atractivo para la población establecer empresas en el sector informal, “porque se grava el empleo” y se subsidia la economía informal.
También le plantearon cómo manejar disciplinadamente el déficit público, y respondió que eso no es recomendable, que es mejor aumentar los impuestos a los empresarios.
De la crítica que hizo el papa Francisco, en el sentido de que en las economías emergentes los gobiernos crean pobreza a cambio de privilegios de poder y de riqueza, el ex presidente no respondió, dijo que no conocía esa declaración y que el papa debería ocuparse de los asuntos de su iglesia, “y los ciudadanos que se ocupen de los asuntos de gobierno”.