Tlachinollan

 Defensoras guerrerenses: vidas luminosas, destinos cruentos

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

En Guerrero, ante la espiral de violencia que se expande por las siete regiones del estado, las situaciones de riesgo de las y los defensores de derechos humanos son sumamente  alarmantes.  En lo que va de la presente administración, tres defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, una ha sido desaparecida y una más se encuentra injustamente recluida en un penal de alta seguridad. Todas ellas, en un momento clave de sus vidas, decidieron defender los derechos de los demás, en condiciones sumamente adversas y asumiendo todos los riesgos que esto implicaba. Ante tanta injusticia y sufrimiento se vieron obligadas a romper el silencio y a vencer el miedo para denunciar las tropelías de los caciques, los abusos de los militares, la colusión de las corporaciones policiacas con los grupos del crimen organizado y los negocios turbios que proliferan entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y las empresas constructoras.
En la madrugada del 7 de diciembre de 2011 Eva Alarcón Ortiz, coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán  (OCESP), fue obligada a bajar del autobús en que viajaba junto con Marcial Bautista Valle (presidente de la misma organización), por parte de civiles armados que estaban acompañados por elementos de varias corporaciones policiacas. Minutos antes de esta intercepción, elementos del Ejército subieron al autobús para  preguntar por Marcial Bautista. Al no identificarlo, dejaron que la unidad siguiera su marcha para que  llegara al segundo filtro,  instalado por la delincuencia organizada, quienes se encargaron de bajar a Eva y Marcial para llevárselos con rumbo desconocido. Desde aquella fecha y después de que Coral Rojas y Victoria Bautista, hijas de los defensores ecologistas, se reunieran varias veces con el gobernador y el consejo de seguridad del estado, no ha habido ningún indicio sobre el paradero de sus padres.
Eva Alarcón acompañó en los momentos más difíciles a los campesinos de la sierra de Petatlán para denunciar  y enfrentar a los caciques talamontes que contaban con el apoyo del Ejército, que ha sido cómplice de los negocios ilícitos que han proliferado en la región con la producción de amapola. Eva evidenció toda la telaraña de intereses económicos que se gestaban en torno a la tala ilegal de los bosques. Los caciques de Petatlán, como Rogaciano Alba, promovieron la creación de grupos delincuenciales con la aquiescencia de las corporaciones policiacas y del mismo Ejército,  para hacer frente al naciente movimiento de campesinos ecologistas, liderado  por Rodolfo Montiel,  Teodoro Cabrera y Felipe Arreaga. Antes de su desaparición Eva Alarcón jugaba un papel preponderante en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que presidía Javier Sicilia, porque daba a conocer todo el ambiente de violencia e impunidad que enfrentaban las comunidades campesinas de la Sierra que eran víctimas tanto de los grupos delincuenciales como de los caciques, el Ejército, la Marina y la Policía Ministerial.
El 31 de mayo de 2012 fue asesinada en su domicilio de Pie de la Cuesta, municipio de Acapulco, Fabiola Osorio Bernaldez, una defensora del medio ambiente que se opuso en todo momento a la construcción del muelle de Pie de la Cuesta, impulsada por el gobierno del estado. Fabiola fue una activista que perteneció a la organización ambientalista Guerreros Verdes. Luchó por detener el ecocidio de la laguna de Coyuca de Benítez, la deforestación de los manglares y denunció varias violaciones  a las normas ambientales cometidas a partir de la construcción del muelle en cuestión. En noviembre de 2011, Fabiola interpuso una denuncia por delitos ambientales en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), contra la constructora Arnpol. En respuesta, el 30 de noviembre, algunos inspectores de Profepa colocaron sellos de clausura en la obra, pero cinco días después la constructora continuó los trabajos, sin que tuviera ninguna repercusión legal. En esta región los intereses económicos de las elites del poder pueden más que los intereses legítimos de las organizaciones defensoras del medio ambiente y de mujeres como Fabiola, que parte de su proyecto de vida fue defender el medio ambiente, detener el ecocidio y la devastación brutal promovida por las altas esferas gubernamentales, que siempre han visto la zona de los manglares como las vetas más caras para los enclaves turísticos exclusivos.
En la parte alta de la sierra de Coyuca de Catalán, la violencia provocada por grupos de la delincuencia organizada, que actúan en contubernio con algunos miembros de las corporaciones policiacas del estado, han causado más de 27 asesinatos en la comunidad de La Laguna, en un periodo que va de 2005 al 2013.
En esta localidad han estado bajo la mirilla los familiares de Rubén Santana Alonso y Juventina Villa, un matrimonio que abanderó la defensa de los recursos naturales y que en diferentes momentos fueron privados de la vida. A Rubén Santana lo mataron el 14 de febrero de 2009 y su esposa Juventina Villa,  fue emboscada por más de 30 personas armadas junto con su hijo menor, Reynaldo Santana, el 28 de noviembre de 2012.
Juventina asumió la causa de las familias que fueron víctimas de la violencia y luchó para buscar un refugio en otra comunidad, como la mejor medida para salvar la vida de los niños y niñas huérfanas y mujeres viudas. Se sobrepuso a las amenazas, asumió el compromiso de encabezar el éxodo de 45 familias y emplazó a las autoridades del estado para que asumieran su responsabilidad de velar por la seguridad de los desplazados. Exigió en todo momento que se investigaran todos los asesinatos perpetrados impunemente por los grupos delictivos. Arriesgando su vida bajaba  a la capital para reunirse con las autoridades con la esperanza de que dieran con el paradero de los responsables de los asesinatos, y de esta forma, poner un dique al derramamiento de sangre. Juventina participó en el plan de reubicación de las familias desplazadas por la violencia. Minutos antes de que emprendieran el viaje hacia la comunidad donde temporalmente se desplazarían, fue  asesinada en las afueras de la comunidad de La Laguna, sin que los policías que le brindaban protección, pudieran hacer algo para repeler la agresión.
En este año, ante la embestida de la delincuencia organizada que se expandía en municipios rurales, varias comunidades de la Costa Chica y la Montaña Baja, se vieron obligadas a organizarse para hacer frente a los grupos delictivos. En la cabecera municipal de Ayutla, emergió el movimiento de las autodefensas comunitarias impulsadas por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), que conformaron grupos de policías ciudadanos que suplantaron a las corporaciones policiacas que estaban coludidas con el crimen organizado y desmantelaron la estructura delincuencial que tenía azorada a la población. Esta acción ejemplar fue retomada por otras comunidades, que a su modo, decidieron organizarse para hacerle frente a los grupos que se ostentaban con más poder que las mismas corporaciones policiacas.
En la cabecera municipal de Olinalá, después de varias acciones violentas y del asesinato de un taxista, la población al tañer de las campanas, optó por la autodefensa, encarando a la autoridad municipal por su indolencia, inacción y colusión. En esta lucha, Nestora Salgado García, una madre de familia que desde muy joven emigró a Estados Unidos y con el tiempo logró nacionalizarse, asumió el compromiso de defender a su pueblo.
Después de experimentar los tratos despóticos y poco transparentes de las autoridades del estado y del mismo Ejército y la Marina, un amplio sector de la población decidió conformar un grupo de la policía comunitaria que se adhirió a la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla. Nestora, por su empuje y determinación para desmontar todo el aparato delictivo que se extendía entre los grupos de poder económico y en algunas autoridades del municipio, asumió el liderazgo moral y alcanzó una gran visibilidad al encarar a quienes delinquían, independientemente de que ostentaran algún cargo público. No se atemorizó ante las amenazas que le llegaban de todos lados, ni se contuvo ante los aparatosos operativos del Ejército y la Marina que en todo momento los amedrentaban y trataban de inmovilizarlos y someterlos.
Para las cúpulas del poder Nestora representó una seria amenaza a sus intereses y temían que llegara más lejos de lo permitido, sobre todo que se internara en los terrenos escabrosos donde se urden los negocios ilícitos y que son parte del engranaje del aparato gubernamental que son intocados. Para las autoridades el compromiso de Nestora con su pueblo y sobre todo, con el proyecto de seguridad comunitaria, no tenía ninguna relevancia, porque lo que importa no es tanto la seguridad de la población, sino la protección y la seguridad de los intereses económicos, lícitos e ilícitos de las elites. Por eso el pasado 21 de agosto se giró la orden para detener a Nestora utilizando las fuerzas de elite de la Marina, el Ejercito y las policías federal y estatal para recluirla en un penal de alta seguridad, como si se tratara de una delincuente sumamente peligrosa. Hasta la fecha no le han permitido comunicarse con sus abogados y todo el proceso está viciado. Se trata de doblegar y humillar a una mujer digna que tuvo el valor de asumirse como defensora de su comunidad.
Después de los desastres provocados por las tormentas de Manuel e Ingrid, nadie imaginaba que se urdía un plan perverso para destruir la vida de Rocío Mesino Mesino, defensora de derechos humanos de gran temple. Como fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fue una defensora imbatible  de los derechos de los pueblos campesinos. A pesar de las condiciones sumamente adversas y con riesgos inminentes de sufrir alguna agresión, nunca claudicó, mucho menos retrocedió en sus sueños de justicia, ni en su empeño por defender a los más desamparados. Siempre levantó la voz contra los caciques y denunció las tropelías del Ejército y las corporaciones policiacas. Su proyecto de vida fue luchar por los derechos de la gente de la sierra, por esa osadía el pasado 19 de octubre asesinan a otra defensora guerrerense, para mantener en la impunidad crímenes de lesa humanidad como la matanza de Aguas Blancas.
En medio de este laberinto de la violencia y de la muerte, permanecen en nuestra memoria las vidas ejemplares y luminosas de Fabiola, Juventina y Rocío, tres mujeres que forjaron su acero de defensoras en la lucha diaria, dando todo para salvar la vida de los demás. Mientras tanto la comunidad de defensores y defensoras seguiremos exigiendo la presentación de Eva y Marcial y la liberación inmediata de Nestora Salgado, quienes por alzar la voz , los grupos de poder utilizaron los métodos más burdos para acallarlas, sin imaginar  que sus palabras verdaderas crecen vigorosas en las luchas diarias de quienes se resisten a vivir en el silencio.