No hace nada la SEP para corregir el desvío de recursos en áreas administravas: CETEG

El vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Román Mey-nardo López Pachuca, cuestionó el papel del delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), César Quevedo Inzunza, pues a sabiendas de que la cobertura en Guerrero de maestros de primaria es de 102 por ciento y en secundarias de 97 por ciento, no hizo nada para corregir la desviación de recursos a áreas administrativas.

En una llamada a la Redacción de El Sur, el dirigente sindical de la expresión del magisterio disidente, consideró pertinente que se den a conocer las funciones específicas del delegado federal, porque “si son protocolarias, bien podrían aplicar los recursos de su oficina a atender las necesidades del estado”.

Quevedo Inzunza reveló los datos de los maestros en conferencia de prensa y destacó que mientras la cantidad de maestros en Guerrero casi se duplicó desde 1992, fecha en que se descentralizó la educación pública a los gobiernos de los estados, la tendencia en el número de alumnos está disminuyendo.

López Pachuca señaló que “si el delegado tiene conocimiento pleno de cómo se están utilizando la planeación de los recursos humanos para la cobertura educativa, si están viendo que se están desviando los recursos, por qué no hicieron lo pertinente para corregir esta deficiencia”.

En cuanto a la evaluación universal, que comenzará a aplicarse en junio y que el delegado federal reiteró que es una herramienta de diagnóstico para identificar deficiencias y diseñar políticas públicas apropiadas de capacitación, López Pachuca aseguró que el funcionario se contradice, porque también afirmó que si no presentan el examen, no podrán participar en Carrera Magisterial.

“Es una represalia, una acción punitiva para el maestro, que engarzaron con la evaluación universal con la finalidad de presionar a los maestros para que con una promesa de premio, dediquen tiempo extra a sus clase y a las labores educativas sin que vean compensados sus esfuerzos”.

Denunció que los nuevos lineamientos de la carrera magisterial no se aplican como están diseñados, se siguen modificando a través de circulares e instructivos, trastocando la normatividad que ellos mismos hicieron.

Reiteró que la intención de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), cuyo eje central es la evaluación, es reducir el presupuesto destinado al sector educativo para entregárselo a los banqueros, “que sí son prioridad del gobierno neoliberal”.

Insistió en que a través de la ACE se va a establecer que el ingreso al servicio docente y la permanencia en el mismo va a ser producto de las evaluaciones, y recordó que en 2010 el entonces secretario de Educación, Alonso Lujambio, dijo frente al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría, “que el docente que sea deficiente en el servicio será dado de baja”.

Dijo que los nuevos lineamientos de la carrera magisterial, son dilatorios de las condiciones generales de trabajo, “porque no está normada con base en la ley federal que a los docentes nos obliguen a trabajar sábados y domingo, con la promesa de pago, más no el pago”.

Reiteró que participar en la carrera magisterial supuestamente es voluntario, pero al mismo tiempo la condicionan a la aplicación del examen universal, y están armando un esquema para presionar al maestro a dar un mayor esfuerzo en su trabajo, con un supuesto premio que no está seguro de recibir y que al final de cuentas va a tener una represión.

Admitió que esta etapa de la evaluación universal puede ser de diagnóstico, “pero la finalidad, ya la expresaron en los compromisos con la OCDE”.

Subrayó que lo perverso de la política educativa es recortar personal y reducir el presupuesto; por ejemplo, dijo que están planeando una jornada ampliada de trabajo, con compensaciones irrisorias.

Agregó que las jornadas ampliadas van a saturar los grupos, porque van a terminan los turnos vespertinos, y se tiene con una propuesta de escuela inclusiva, que en apariencia es incluyente pero que va a incorporar a alumnos con capacidades diferentes a las escuelas normales, pero que pretende eliminar los costos en la enseñada especializada. Aunque admitió que con tiempos completos, los maestros no podrían tener dobles plazas.

Consideró que la compensación “irrisoria” que ofrecen al docente, no va a impactar con el sueldo base y por lo tanto tampoco en su pensión.

En otro ejemplo de que la política que daña a la educación pública, mencionó que en la enseñanza media superior están recortando materias bajo pretexto de la “famosa transversalidad”, que empobrece contenidos y va a permitir “que salgan volando personas especializada en ciertas áreas del conocimiento”. (Lourdes Chávez/Chilpancingo)