Fue confusión o robo, aseguran los parientes de los jornaleros asesinados en Michoacán

“Pedimos que se aclare y se apoye a la familia”, coinciden los dolientes durante una pausa en el camino rumbo a sus comunidades de origen

Carmen González Benicio

Tlapa

“Lo que queremos es justicia y que nos ayuden, no somos delincuentes, somos campesinos, trabajamos en el campo como jornaleros, sin armas ni drogas, y nos vamos porque allá sí hay jale (trabajo)”, dijeron dolientes los familiares de los cinco jornaleros asesinados en Michoacán, el 28 de octubre.
Los familiares, entre hermanos, viudas, hijos y padres hicieron un alto en la salida de Tlapa, rumbo a su comunidad de origen y calificaron el homicidio como una confusión de la delincuencia existente en ese estado; “pedimos que se aclare y se apoye a la familia, ese es el reclamo”, coincidieron.
Los familiares mencionaron que los asesinados llevaban más de 70 mil pesos, porque en la mañana habían cobrado los salarios de su cuadrilla por el corte de chile, “de eso no sabemos nada y los carros están en el corralón”, dijo el hermano de uno.
Los familiares llegaron a las 3 y media de la tarde a esta ciudad, siguiendo la carroza fúnebre con los cinco cuerpos: uno de la comunidad de El Rosario, del municipio de Atlamajalcingo del Monte; y cuatro de San Pedro Acatlán, de Tlapa.
Los indígenas me’phaa bathaa pidieron que se omitiera mencionar sus nombres, por temor a que algo les pase a sus familiares y compañeros que se quedaron en Michoacán, y de manera general contaron los hechos. Trabajaban en un campo agrícola del municipio de Yurécuaro, Michoacán.
Dijeron que dos de los asesinados salieron el lunes en busca de leña, en una camioneta de su propiedad que se compró en Guadalajara, desde las 9 de la mañana; eran Macedonio Mariano Pacheco y Antonino Bravo Parra, y al llegar la tarde, su esposa reportó que no llegaba, por lo que otras personas salieron  a las 4 de la tarde en su búsqueda, entre ellas Sergio Mariano Hurtado, Jorge García Mariano y Alberto Hurtado Gálvez, en otra camioneta, pensando que el retraso era porque se había descompuesto su vehículo. Tampoco regresaron.
Dijeron que reportaron a la policía su desaparición, en la comunidad de Tanhuato y también en Yurecuaro, y terminaron en el Ministerio Público, donde les dijeron que debían pasar las 48 horas para iniciar su búsqueda y que reunieran todos sus documentos.
Recordaron que fue a las 11 y media de la noche, cuando a través de un mensaje de celular les informaron que había unos muertos tirados en el kilómetro 3 de la carretera La Piedad-Yurécuaro, Michoacán, cerca de una tienda comercial Wal-Mart.
“Llegamos y ahí estaban las camionetas con los cinco cuerpos dentro, acribillados con armas de diferente calibre”, mencionaron y agregaron: “Creemos que los grupos los confundieron, porque se sabe que ahí se pelean las plazas, pero nosotros trabajamos en el campo a lo mejor fue por la troca que llevaba mi hermano; la había arreglado bien chingona, por eso lo confundieron, se equivocaron”, dijo.
Este grupo de jornaleros salió de la región el pasado mayo y su regreso estaba programado para 15 de noviembre, y estar en la fiesta católica de Santa Catarina, en Igualita; de Guadalupe y Juquila, en otras comunidades,  para lo que estaban ahorrando.
Agregaron que parte de esos ahorros se perdieron, porque el día del homicidio los jornaleros cobraron el salario de la cuadrilla y  saben que iba dentro de las camionetas que usaron los cinco jornaleros asesinados, y sumaban cerca de 70 mil pesos por el pago de los carros que sacaron de chile jalapeño.
Los asesinados tenían las edades de 58, 38, dos de 22 y uno de 18 años, y dejaron huérfanos a 21 hijos y sus esposas.
Los jornaleros dijeron que sus patrones no son responsables, nadie se acercó para darles ayuda, pues no tienen prestaciones o contrato que los avale como trabajadores de los campos. “Salimos porque encontramos jale, y aquí en la región no hay, por eso allá andamos mixtecos, nahuas, de todos lados”, comentó uno.
En el transcurso de la plática las mujeres lloraban los hechos recientes, y apremiaban a continuar el camino ante el temor de no poder entrar porque no hubiera camino por las lluvias.
La Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales (Semai) apoyó con el traslado de los cuerpos de los jornaleros.

Tlachinollan condena
el asesinato

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, a través de un boletín, lamentó y condenó enérgicamente los homicidios de los cinco indígenas, porque demuestran el contexto de violencia que hoy prevalece, las situaciones de riesgo que los jornaleros agrícolas enfrentan, por lo que se requiere de atención integral.
Demandó la intervención inmediata de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, para realizar las investigaciones correspondientes y para que se garantice la protección a los familiares y compañeros de trabajo de Macedonio Mariano, Sergio Mariano, Antonino Bravo, Jorge García y Alberto Hurtado.
Exigió a las instancias del orden federal, como la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ejerciten a cabalidad sus facultades para inspeccionar y vigilar estrechamente las condiciones de vida y trabajo que subsisten en los campos agrícolas, a efecto de evitar que se repitan hechos como los que hoy lamentan.
Enfatizó que los hechos trágicos evidencian la situación de vulnerabilidad en que se encuentran miles de familias jornaleras de La Montaña, que se desplazan a los campos agrícolas en busca de trabajo para garantizar su subsistencia.
Agregó que la indefensión no es sólo consecuencia de las condiciones laborales de semiesclavitud que prevalecen en los campos, también de la acción impune de actores no estatales, como los vinculados a la delincuencia organizada que controlan amplias francas de los territorios rurales donde se sitúan los campos agrícolas, al igual que algunos empresarios agrícolas que se sitúan al margen de la ley y del respeto a la vida.
Señaló que los jornaleros migraron para buscar empleo en condiciones de desprotección, como miles de indígenas de La Montaña, que año con año salen a los campos agrícolas enfrentando condiciones de pobreza, explotación y vulnerabilidad de la población jornalera, como lo confirmó el fallecimiento de José Sánchez Carrasco en Sonora.
En México, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) alrededor de 2 millones de personas, en su mayoría indígenas, se emplean en el sector agrícola como jornaleros. De acuerdo con el Consejo de Jornaleros Agrícolas de La Montaña y Tlachinollan, entre 2006 y 2013 más de 49 mil jornaleros agrícolas han migrado a 16 entidades de la República, donde con frecuencia sus derechos son violados. Se trata, por tanto, de un sector de la población que subsiste al margen de políticas públicas, que carecen de un enfoque integral de protección de derechos.