Todo lo maneja el Consejo General, dijo el contralor del IEEG a los diputados en su comparecencia

Los 35 millones de pesos de laudos laborales no se pagaron porque un consejero electoral se opuso, aseguró Javier López. Afirmó que más tarde el dinero se usó en el proceso electoral. Reveló que cuando llegó al organismo encontró facturas apócrifas

Fernando Hernández

Chilpancingo

Durante su comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Gobierno del Congreso local el pasado 16 de octubre, el contralor del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), Javier López García, argumentó que los verdaderos responsables del manejo de los recursos financieros del organismo fueron los integrantes del Consejo General, así como los miembros de la Comisión de Vigilancia y el Comité de Adquisiciones.
En la filmación de la comparecencia del contralor, hecha por la Dirección de Comunicación Social del Congreso local, se observa al presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, abrir la reunión que se realizó en las instalaciones del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri.
Ortega Jiménez le dijo al contralor que “esperamos escuchar su exposición y todo aquello que vaya relacionado con su actividad. No somos la Santa Inquisición pero la ley así lo establece y no podemos evitarlo”.
En el video, que dura más de dos horas, se puede ver al contralor decir: “yo les agradezco el tiempo que me van a permitir exponerles las actividades más importantes que desarrollamos dentro del instituto”.
El primero de los diputados en cuestionar el trabajo del contralor fue Arturo Álvarez Angli, quien es el coordinador de la Fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Hay varios temas, habría muchos que podríamos ir tratando de ir desmenuzando, pero creo que probablemente no sean tan importantes. Hay uno en particular que me gustaría tocar en primera instancia. Hay un tema que todavía para el instituto electoral está pendiente y no se ha resuelto, y finalmente implica recursos, bastante grandes. Es el de las demandas que hay por parte de ex trabajadores” en contra del instituto, dijo Alvarez Angli.
Mencionó que “tengo el conocimiento y tengo el conocimiento claro y real, oficial además, estando como representante en el instituto, que en diversos momentos se contó con el recurso para atender a estas demandas laborales y sin embargo hasta el día de hoy no se ha resuelto el asunto”.
“Hoy no hay manera oficial, pero sí es oficial que ya ni siquiera está esa bolsa que se había aprovisionado en un momento, y entonces hoy financieramente, no hay manera de hacer frente a una situación que cada vez es más difícil y que en muchos momentos se dieron las condiciones para que se pudiera enfrentar”, sostuvo el diputado.
“Es un asunto grave porque me parece que la Contraloría debe de tener una responsabilidad directa en este tipo de circunstancias. Debió haber hecho algo para que este asunto ya estuviera resuelto”, agregó el diputado.
—Yo sí te preguntaría, Javier, qué pasó, qué ha pasado con este asunto, quisiera saber dónde está ese recurso que no fue ejercido —le pregunto al contralor el diputado verde.
—En el caso de los asuntos laborales, cuando llegue a la Contraloría, a nosotros nunca nos turnaron ese asunto (del pago de los laudos), sin embargo tenía conocimiento por rumores, porque nunca tuve conocimiento oficial en los estados financieros que hubiera una deuda (por las demandas laborales) en ese momento —respondió López García.
Mencionó que “en el primer momento que yo me doy cuenta que hay una deuda por 45 millones de pesos, en ese momento tengo responsabilidad, y tengo que actuar”.
Al continuar su respuesta al diputado Alvarez Angli, mencionó que en los estados financieros del instituto “nunca se observó nada, no ha habido ningún desembolso de recursos para que yo pueda actuar”.
“En el momento en que se pague la cantidad que se pague, debo de tener la obligación de actuar porque ya se está atentando contra el patrimonio (del instituto)”, dijo el responsable de vigilar el manejo financiero del órgano electoral.
López García mencionó que “lo que sí he hecho, porque es una institución a la cual yo quiero mucho, y en la que he estado mucho tiempo, es pedir información a través de la junta estatal de cómo va ese problema y alertando”.

“No los puedo obligar a tomar una decisión”

El contralor sostuvo que el pago de los laudos no es una facultad que haya estado en sus manos, y argumentó: “pero esa es una decisión que no está en mis manos, me comentan de manera informal, porque los compañeros que despidieron fueron también mis compañeros, y me fueron a ver para que fungiera como intermediario y poder lograr un acuerdo”.
Agregó que el pago a los ex trabajadores no se hizo debido a la oposición de “un consejero, que no aceptó el convenio” para liquidarlos.
“En lo que respecta a la Contraloría yo hice lo que podía hacer, ya que el recurso incluso se tenía, pero los que deciden son los consejeros electorales, y yo ahí no los puedo obligar a que tomen una buena o mala decisión”, puntualizó.
“Sin embargo le corresponde a la Contraloría definir los criterios del gasto, y que finalmente enfrentar laudos es una parte de ese ejercicio de la administración de los recursos. Yo sigo pensando que en ese punto ha habido demasiada laxitud por parte del contralor y por parte de los consejeros, pero bueno el asunto con los consejeros será otro”, le replicó Álvarez Angli.
El diputado remarcó que su pregunta original había sido en el sentido de qué había pasado con el recurso que estaba etiquetado? para pagar los laudos, cómo era asentado en los estados financieros o en las cuentas públicas del instituto.
Entonces el contralor dijo sin muchos detalles que el instituto tenía un recurso aproximado de 35 millones de pesos, “sin embargo yo desconozco cuáles hayan sido los acuerdos, pero la Secretaría de Finanzas no aprobó un proyecto de presupuesto que había sido aprobado por la Secretaría General (del instituto)”.
“Entonces el Consejo General lo que tuvo que hacer para cubrir las actividades primordiales, porque el recurso no nos alcanzaba, tuvo que canalizar esos 35 millones de pesos y meterlos al gasto operativo porque teníamos proceso electoral”, explicó el contralor.
Expresó que “sinceramente desconozco si hubo pláticas con el secretario de Finanzas”, pero el Consejo General del IEEG decidió usar el recurso que “tenía ahorrado” para usarlo para coadyuvar a sufragar los gastos del proceso electoral.
Por su parte el coordinador de los diputados del MC, Mario Ramos del Carmen, dijo que “para mí es una situación difícil el caso de los pagos de los laudos, porque todas las instancias y las instituciones tienen problemas muy fuertes en ese sentido, y bueno, cuando no hay la solvencia para poder resolver el asunto se llegan a los acuerdos y es cuando se busca la oportunidad de buscar cubrir el menor porcentaje”.
En tanto que el diputado por el Partido del Trabajo, Jorge Salazar Marchán, indicó que “a mí me inquieta hacia dónde queremos llevar la institución”.
“A mí sí me preocupa que este órgano autónomo, el hacer todo lo posible para que este órgano cada vez se ciudadanice más, porque ésta ha sido una de sus principales fortalezas, me parece que los partidos políticos no visualizaron que podía pasar esto”, añadió el petista.
Y agregó que “a mí lo que me sigue preocupando es el famoso catálogo de puestos, porque había un conjunto de puestos y se sabía que había recomendados y hay un conjunto de catálogo de puestos, pero eso ha sido lo que fue heredado al actual consejo electoral”.
“El catálogo de puestos nos fortalece, y se tendría que ver si se tiene que depurar”, dio. Y preguntó si las estructuras con la que cuenta el instituto resultan operativas.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Verónica Muñoz Parra, cuestionó que “observo que hay un trabajo y un pleno conocimiento (por parte del contralor) y algo más especial que diría le apuesto que se valorara al trabajador”.
En tanto que la coordinadora de la fracción del PAN, Delfina Concepción Oliva, le preguntó al contralor sobre el manejo de una “caja fija” del instituto electoral.
“Ese fondo revolvente” es para gastos de menor cuantía y de urgencia, y se entrega a los trabajadores que han realizado gastos, los comprueban, los cuales no deben exceder de 15 mil pesos, explicó el contralor.

“Cantidades estratosféricas de cheques de 300 mil pesos”

Dijo que cuando inició sus trabajos en el instituto en el 2008 detectó “facturas apócrifas”.
“Incluso, para compartirles, cuando nosotros llegamos a la Contraloría? detectamos cantidades fuertes. Incluso en el caso del transporte de las urnas y de las boletas electorales, cuando se distribuían, se encontraron cantidades estratosféricas de cheques de 300 mil pesos, y el secretario técnico nada más te los cambiaba”, mencionó.
Álvarez Angli recriminó que lo que acababa de mencionar hacía alusión a los centavos, y lo que a él le preocupaba eran “las cuentas grandes”.
Como “las licitaciones que vinieron aplicándose, para pagar en 5 mil 500 pesos un paquete de urna, y me parece muy elevado porque son 28 millones de pesos”.
“Y si no trae la información en este momento yo sí le pediría al contralor que nos la hiciera llegar, de qué fue lo que hizo la Contraloría a ese respecto”, dijo Álvarez Angli.
“No es mi intención hacer polémica, digo, mucho de la información se conoce en el exterior, hay notas periodísticas, señalan que los costos (de las boletas electorales usadas en la pasada elección) se dispararon de 80 centavos a 10 pesos. Yo no creo que sea de esa magnitud, pero sí quiero saber cuál fue el costo unitario de cada boleta en Guerrero comparado con el estado de México y diversas entidades”,? continuó el diputado por el Partido Verde Ecologista.
Y el contralor le respondió que “en lo que corresponde a nosotros como órgano de control interno, estamos no presentes” en ese tipo de procedimientos.
“Nosotros vigilamos que se emita la convocatoria en dos periódicos locales y un nacional. En cuanto a los precios lo que hacemos es verificar los precios anteriores para evitar que se disparen, de hecho ahorita estamos revisando (las licitaciones) que se hicieron en el 2012, en la que el precio de cada boleta fue de un peso con 50 centavos, en la elección de gobernador nos costó prácticamente lo mismo y no había porque tener un incremento abismal”, puntualizó.
Bernardo Ortega resaltó que la licitación y precio de las boletas de las elecciones de 2012 de ayuntamientos y diputados locales “ha sido un tema, incluso hubo un medio de comunicación que mencionó en una columna que el precio de cada boleta se había disparado hasta los 10 pesos”.
Y le preguntó “hasta dónde te permite a ti una norma participar en este tipo de decisiones y determinar qué empresas y el costo. Hasta dónde es tu responsabilidad” decidir si una propuesta de adquisición pasa o no pasa.
El perredista dijo que no le constaba si la compra de las boletas de las pasadas elecciones estaban o no dentro de los parámetros.
Sobre ese punto López García mencionó “que en cuanto a la facultad de decidir, el órgano interno de control no tiene capacidad de decidir, no incide si se adjudica a tal o cual. Sólo vigila que se cumpla”.
Y sostuvo que cuando el consejo del instituto trataba de reducir el tiempo de las licitaciones hizo saber que eso inhibía? la participación de los posibles proveedores.
Asimismo mencionó que el consejo anterior rechazó la aprobación de las reformas al reglamento de adquisiciones para regular las adjudicaciones directas, así como los procesos de licitaciones.
Al inicio de su intervención López García hizo un esbozo histórico de cómo se encontraba el instituto antes del 2008, o más bien como lo había encontrado al inicio de su gestión.
“Quisiera empezar con un escenario de cómo estaba el instituto antes de la reforma del 2008, que fue en la que se crearon las figuras de la Comisión de Administración del Comité de Adquisiciones y propiamente la Contraloría Interna”, abordó.
Y recordó que antes de las reformas el instituto centralizaba prácticamente todas las funciones del organismo electoral, desde la contratación del personal, independientemente “de que no cumplieran con el perfil, desde que él decidía las compras de manera directa, con independencia del monto que fuera, no tenía una normatividad en materia de licitaciones”.
E indicó que a falta de “toda esta norma, el presidente, el que operaba toda esta parte y todo lo que era en la parte administrativa no había ninguna normatividad”.
Recordó que una vez creada la Comisión de Administración, ésta ejerce funciones de vigilancia, misma que de acuerdo a la normativa del instituto condensada en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (LIPEG) observa que la integran tres consejeros, de los cuales uno es presidente, así como los representantes de todos los partidos políticos.
Es la comisión la que de primera instancia tiene un primer acceso al anteproyecto y una vez que es aprobado por el Consejo General del instituto al proyecto de presupuesto.
Agregó que la Comisión de Administración aporta y participa en la toma de decisiones, “para hacer ciertas observaciones al área administrativa y al Consejo General”.
Y explicó que el Comité de Adquisiciones es “el área encargada de llevar a cabo los procesos de adquisiciones”, por montos que no superen los 95 mil pesos.