No se protegerá a nadie por los asentamientos irregulares, advierte el titular de la Sedatu

Hay responsabilidades en los tres ámbitos de gobierno pero sigue la investigación, dice Carlos Ramírez Marín. Atribuye a la Sedesol el problema con las tarjetas para enseres domésticos

Karina Contreras

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Juan Carlos Ramírez Marín, informó que los daños calculados en Guerrero por la tormenta Manuel ascienden a unos 22 mil millones de pesos y que en cuestión de vivienda resultaron afectadas 13 mil que tienen que repararse y más de 5 mil que deben construirse nuevamente, y de esas, 2 mil 134 tienen que ser reubicadas porque se encontraban en zona federal o de riesgo.
Ramírez Marín estuvo ayer en Acapulco, a donde acudió al Consejo de Administración del Infonavit que encabezó el director general, Alejandro Murat Hinojosa, en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante.
El acto fue privado y se invitó a los medios a una conferencia a las 2 de la tarde, la cual no se llevó a cabo y el funcionario dio apenas una entrevista banquetera de cinco minutos, argumentado los responsables de prensa que llevaba prisa.
Sobre la falta de entrega a damnificados de las tarjetas para adquirir enseres domésticos, que ha originado varios bloqueos en Acapulco, Ramírez Marín dijo que no tenía conocimiento de esa situación.
Señaló que es un tema que no le corresponde a la Sedatu, porque solamente hizo la aportación de los recursos para las tarjetas que se operan a través de un censo que hizo la Sedesol, pues “nosotros aportamos los recursos que prevé el programa Hábitat para estas tarjetas”.
Al funcionario federal se le preguntó si ya tenían el recuento de los daños, el censo y cuánto se iba invertir en el estado, a lo que respondió que el total de daños, de acuerdo a lo informado, suman más de 22 mil millones de pesos.
Que específicamente en vivienda en Guerrero fueron afectadas más de 13 mil viviendas, que tienen que repararse, y más de 5 mil casas construirse nuevamente, de las cuales 2 mil 134 son reubicaciones porque se encuentran en zona federal o de riesgo.
Dijo que dicha situación implicará una inversión de poco más de mil 300 millones de pesos que serán aportados por el Fondo Nacional para Desastres (Fonden), y precisó que las viviendas que están en zonas irregulares no entrarán en dicho fondo.
Dijo que para éstas se van a tomar recursos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), como lo instruyó el presidente Enrique Peña Nieto en un “gesto solidario con los damnificados”.
Sobre el informe que se comprometió entregar el presidente Pela Nieto el 21 de octubre sobre los responsables de las inundaciones por dar permisos en humedales, Ramírez Marín señaló que para esa fecha tenían completo el informe y “se está dando vista a las autoridades y a partir se eso estamos encontrando muchas cosas, todas imprescindibles, investigar con mucha más profundidad; el objeto de este informe no es solamente saber las circunstancias de lo que ocurrió sino sobre todo encontrar responsabilidades  y también las  medidas que eviten que esto vuelva ocurrir”.
Aseguró el funcionario federal que en los próximos días el  informe se habrá completado a partir de las declaraciones que están teniendo con “nosotros distintas autoridades, de investigaciones que estamos haciendo, de recorridos que se están practicando en el sitio, todo esto a partir del primer informe y oportunamente le daremos a conocer a la sociedad, sin lugar a dudas, cuáles son las responsabilidades que se tendrán que cumplir y se tendrán que enfrentar”.
Ramírez Marín indicó que tiene que haber sanciones, “ese es el punto principal”, e indicó que el informe lo está elaborando Conagua, Semarmat, Infonavit, Fovissste, Profepa y la propia Sedatu, y como lo “hemos dicho, es absolutamente un hecho que todos los niveles de gobierno comparten responsabilidades en este tema, ya sea por el tema de cambios de uso de suelo, licencias de construcción como el también haber otorgado financiamiento o el tema simplemente de no haber tomado medidas a tiempo en algunos casos”.
Aseguró que no habrá protección política para nadie porque entonces no se estaría diciendo que ofrecerán un informe, donde “vamos a dar decir quiénes son los responsables si hubiera un tipo de sesgo político”.
–¿Qué cosas graves se tienen que seguir investigando para entregar el informe? –se le preguntó al funcionario.
–Más que graves hemos encontrado muchas cosas más que tienen que revisarse con un grado mayor de detalle y, sobre todo, si vamos a hacer imputaciones sobre personas, pues antes tenemos que haber desahogado completamente por el lado de nosotros, que no estamos haciendo una averiguación previa, no es una instancia judicial, sino que se trata de un informe de responsabilidades, una especie de deslinde de responsabilidades, aquí de lo que se trata es que todas las partes tengan la ocasión de explicar las circunstancias que les estamos atribuyendo.