Torturan y amenazan a los detenidos en Coyuca de Benítez; los acusan del asesinato del líder de la LARSEZ

Además de los cuatro de la colonia Fuerte Emiliano Zapata hay otro arraigado que fue detenido en El Ocotito. Es una estraegia  para exterminar a los dirigentes sociales, denuncian

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Los cuatro integrantes de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) detenidos por efectivos del Ejército y la Marina y policías, fueron localizados, informaron sus familiares y dijeron que están arraigados acusados del asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria de Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores.  Hay un quinto detenido al que también la Procuraduría de Justicia del Estado involucra en el homicidio del líder de la Larsez, indicaron.
Los familiares denunciaron que la detención de los jóvenes es una estrategia para exterminar a los líderes sociales.
Aseguraron que Raymundo Velázquez antes de morir había recibido muchas amenazas de personas inconformes porque le entregaron dinero por la gestión de láminas y proyectos, de sicarios que le exigieron cuota, incluso el gobernador Ángel Aguirre Rivero le advirtió “que se dejara de chingaderas”, por la toma de oficinas.
En conferencia de prensa, familiares de los detenidos el martes en la madrugada en una amplia operación policiaco y militar en la colonia Fuerte Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez, denunciaron que a base de tortura y amenazas, sus esposos y hermanos fueron arraigados por homicidio del dirigente de LARSEZ. De esa forma, aceptaron acciones que no cometieron.
María Elidia Reyes Ruano, hermana de los más jóvenes del grupo, Uriel y Daniel, indicó que cuando los vio el miércoles por la noche en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y después de mucho insistir que dijeran la verdad, admitieron que fueron torturados y amenazados con hacerles más daños a ellos y sus familias.
Incluso, ?pretendieron obligarlos a señalar al líder OPCG, Luis Olivares Enriquez, como el autor intelectual de este homicidio y otro que ocurrió en Coyuca de Benítez.
La joven señaló que si en la colonia los golpearon y patearon, qué más no les hicieron en el camino, y a pesar de los riesgos, uno de ellos le reveló que lo asfixiaban del cuello con su propio cinturón.
“No querían hablar porque temen por sus vidas y la de nosotros acá afuera. (Le decía) no digas nada, porque no quiero que les pase nada, ustedes cuídense, porque nos han amenazado con que de todos modos nos van a chingar, porque quieren tumbar al líder. Tengan mucho cuidado”.

Confirman detención de un quinto arraigado

Además de los cuatro detenidos la madrugada del martes, el lunes a medio día en el poblado de El Ocotito  fueron detenidos los esposos Gabino García Avilés y María Yesenia Esteban Vázquez, vecinos de Fuerte Emiliano Zapata.
La mujer fue liberada tres días después porque no era parte de las investigaciones, sin embargo, denunció que una comandante que solo identificó como Honorina, la hostigó y amenazó de forma humillante para que señalara a su marido como el asesino del dirigente de la LARSEZ.
“Me gritó muy feo, me dijo que le dijera le verdad, que mi esposo lo había matado, al maestro Raymundo Velázquez, ?que me iba a dar mis putazos, sino me iba a llevar la verga, que me iba a violar a mí y a mi esposo”. Estuvo recluida en los separos de la PGJE en Chilpancingo.
Olivarez Enríquez precisó que la libertad de Yesenia fue la condición para que Gabino se declarara culpable de la muerte de Raymundo Velázquez, quien fue encontrado muerto hace dos meses en Coyuca de Benítez, cerca de la colonia Fuerte Emiliano Zapata
Su abogado informó que en entrevista el subprocurador de Control Regional y Asuntos Penales, Víctor Jorge León, les confirmó que los cinco detenidos estaban acusados por el asesinato de Raymundo Velázquez pero también de otro homicidio “a machetazos” en Coyuca.
Aunque el miércoles la Procuraduría recibió la autorización del arraigo por 30 días, pero los familiares cuestionaron los procedimientos de su detención, porque no hubo orden de cateo ni razón para incursionar de forma violenta en sus domicilios, ni fueron detenidos en flagrancia y están obteniendo sus declaraciones mediante tortura y amenazas.
Adelantó que van a presentar también una demanda por la detención arbitraria por tres días de María Yesenia, y por el respeto a las garantías individuales de los arraigados.

Se deslinda Derechos Humanos

Luis Olivares señaló que la abogada de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), Reyna Santos de Jesús, el miércoles por la noche, cuando pudieron verlos, le dijo ?que ahí se acaba su intervención porque los detenidos se negaron a presentar una queja ante el organismo, porque se negaron a declarar.
Sin embargo, señaló que los jóvenes estaban asustados ?y amenazados con que les harían daño a ellos o a su familia.
Para ratificarlo, la esposa de Salvador del Carmen Vázquez, el mayor de los arraigados de 30 años de edad, le decía que los policías no les hicieron nada, que no los golpearon pero cuando uno de los jóvenes se quejó de que le dolía todo el cuerpo, le advirtieron que se callara. Luego, reconocieron “que si hablaban les va a ir mal”.

Las amenazas contra Raymundo

Sobre Raymundo Velázquez, Olivares Enríquez señaló que había recibido muchas ?amenazas de personas inconformes porque no les entregó los apoyos y proyectos, por sicarios, incluso el gobernador, Ángel Aguirre Rivero que en una reunión en Casa Gurrero, semanas antes de su muerte le advirtió “que se dejara de chingaderas”.
Afirmó que hay antecedentes de amenazas a Raymundo porque había pedido dinero, como si fuera programa, aparte la delincuencia organizada le pedía cuota.
Por ejemplo, señaló el caso de una maestra Bertha, de una localidad rural de Acapulco, que le envía mensajes constantemente para decirle que la ya no puede estar en su comunidad porque debe 35 mil pesos de láminas, y la gente la quiere linchar.
Consideró que si el gobernador hubiera cumplido con la entrega de las 11 mil 130 láminas de asbesto que ofreció a varias organizaciones sociales, tal vez se habrían evitado muchos conflictos. Aunque, precisó que desconoce el fondo…
Recordó que con la LARSEZ y otras organizaciones sociales, realizaron acciones conjuntas, incluso señaló que la OPPCG ayudó a Raymundo a salir de la cárcel, cuando sus bases no lo apoyaban.
Indicó que las últimas acciones fueron para exigir la entrega de las láminas de asbesto, fueron una marcha en la Escénica en Acapulco y la toma de las oficinas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Indígenas (Cdi) en Chilpancingo.
Después de la toma de Cdi, fueron atendidos por el gobernador en Casa Guerrero, y ahí escuchó cuando Aguirre le advirtió “que se dejara de chingaderas”.
Reiteró que la acusación contra los integrantes de su organización son muy irregulares, “los tomaron como presa, comenzaron a intimidarlos y les dicen que se declaren culpables”.
Todo indica que es una estrategia para amedrentar, intimidar, obtener confesiones bajo tortura, para ir desarticulando a las organizaciones sociales y comunitarias, como están haciendo al interior de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con el asesinato de dirigente de la Unidad Popular en Iguala, Arturo Hernández Cardona, ?el reciente de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino.