Estiman el costo de la reforma para los juicios orales en 35 mil millones de pesos

*Entre los recursos para realizarlos están los de la Iniciativa Mérida, el Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras y los bienes decomisados del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y de inmuebles

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) estima que la reforma que implantará los juicios orales costará al menos 35 mil millones de pesos.
Para lograr tener estos fondos, María de los Ángeles Fromow, titular de la Setec, explicó que se busca en seis fuentes alternas recursos financieros.
Además, señaló que con el cambio de administración federal se incluyó a la Secretaría de Hacienda en el Consejo Coordinador y se reestructuraron los planes para buscar el dinero para el nuevo sistema de justicia oral acusatorio.
Este año el borrador del presupuesto que la Setec subsidiará a las entidades federativas subió de 458 a 970 millones de pesos, pero la suma representa apenas el 2.8 por ciento del costo mínimo de la implementación, motivo por el que se exploran otras fuentes de financiamiento.
Los recursos que se pretenden allegar son de la Iniciativa Mérida, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) de Banobras, los bienes decomisados del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y de inmuebles donados por los gobernadores.
Al mismo tiempo, la Setec planteó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo incluir un artículo transitorio en el futuro Código de Procedimientos Penales Único, para que una parte de los bienes decomisados en sentencia definitiva sean destinados para financiar la reforma.
Fromow explicó que otra puerta que han tocado en busca de financiamiento es el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, el cual cuenta con distintos fondos que pueden ser útiles con la implantación del nuevo régimen jurídico.
Explicó que si bien los 35 mil millones de pesos constituyen una estimación mínima y puede variar -hubo presupuestos iniciales de 200 mil y 60 mil millones de pesos-, lo que no se ha modificado es que el 90 por ciento del gasto será destinado a infraestructura y equipamiento.
El objetivo, aseguró, es que se cumpla con la obligación de echar a andar en todo el País este nuevo sistema, el cual tiene como límite de cumplimiento el 2016, fecha en la que ya deberán estar reformadas 21 leyes y construidos 44 centros de justicia penal.
“Esta reforma tendrá que implementarse en el periodo constitucionalmente establecido y se están haciendo los esfuerzos y las acciones necesarias para ello”, dijo.
“Si empezamos a sumar un rompecabezas, estamos ciertos de que al final vamos a tener una estructura que nos soporte esta transformación, pero es verdaderamente un trabajo titánico el estar articulando todo este esfuerzo hacia una misma ruta”, afirmó.
En agosto se informó que el gobierno Federal entregó a las 32 entidades federativas la primera parte de los 458 millones de pesos que este año fueron presupuestados para apoyar la operación del nuevo sistema de justicia penal.
De acuerdo con  José Ramón Amieva, consejero jurídico del DF, sólo para implementar los juicios orales en la ciudad de México, se requieren entre  4 mil millones y 5 mil millones de pesos en 2014, aunque el costo total de la reforma penal en la Ciudad, según proyecciones oficiales, es de poco más de 7 mil 640 millones.

Piden reducir gasto de Sedena

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó proponer una reducción de 45 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para 2014, y destinar igual cantidad al mecanismo para atender a periodistas y defensores de los derechos humanos.
De acuerdo con un comunicado, planteará además a la Comisión de Presupuesto transferir 233 millones de pesos de tres programas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) al programa Investigar y perseguir los delitos del orden federal operado por la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Se considera que los recursos deben enfocarse a las actividades sustantivas en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas”, señala la propuesta.