Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

Carpetazo a las inundaciones en Acapulco

El expediente de la investigación contra los responsables de los asentamientos urbanos en zonas inundables entró en esa peculiar fase conocida como el carpetazo: ocultamiento de los datos y desvanecimiento del tema por inducción gubernamental.
De ser hace un mes una indignada denuncia del presidente Enrique Peña Nieto, secundada por todos a su alrededor, en el tránsito al establecimiento de responsabilidades concretas el caso adquirió la condición de lo secundario, aplazable y por lo tanto olvidable.
La fecha original establecida por el gobierno federal para dar a conocer los resultados de la investigación era el 21 de octubre, pero en esos días apareció el huracán Raymond y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció el aplazamiento del compromiso para días posteriores. Pero ya pasaron trece días sin la nueva notificación.
La última referencia pública al tema es la que hizo el titular de la Sedatu, Juan Carlos Ramírez Marín, en la visita que realizó a Acapulco el pasado 30 de octubre. Pero no lo hizo por iniciativa suya, sino a pregunta de los reporteros, lo que significa que no tenía ningún interés en abordar el asunto.
Si la renuncia a un puesto público puede ser considerada un castigo, entonces el primer sancionado por el desastre ocurrido en la Zona Diamante de Acapulco es el ex delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guerrero, Jorge Octavio Mijangos Borja, quien el 25 de octubre dimitió como delegado de la Conagua en Guanajuato, dos días después de que su nombre figurara en reportes periodísticos como uno de los responsables de autorizar obras en la franja inundada.
El único que ha creído necesario defender su honra es el ex gobernador Zeferino Torreblanca, también señalado como probable responsable de conceder permisos irregulares cuando fue alcalde de Acapulco. En un activismo inusual, ha respondido enfáticamente que no fue en su trienio cuando se cambió el uso de suelo en esa zona, y en un alegato que de ser cierto echaría por tierra la argumentación insinuada desde el gobierno federal y estatal, dijo que desde 1982 decidieron las autoridades que Acapulco orientaría su crecimiento hacia la Zona Diamante, Cayaco y Llano Largo, es decir hacia los terrenos inundados. Todavía más, Zeferino Torreblanca acusó a Angel Aguirre de autorizar recientemente en zona de riesgo el edificio del CRIT-Teletón y la Universidad Tecnológica, lo que el gobierno negó.
Es improbable que la investigación de la Sedatu desemboque en señalamientos jurídicos, o de que éstos produzcan sanciones reales contra quienes sean acusados. La razón de ello se encuentra en la investigación misma, pues según dijo Ramírez Marín, “es absolutamente un hecho que todos los niveles de gobierno comparten responsabilidades en este tema, ya sea por el tema de cambios de uso de suelo, licencias de construcción como el también haber otorgado financiamiento o el tema simplemente de no haber tomado medidas a tiempo en algunos casos”. Es decir, el gobierno federal del PRI tendría que actuar contra numerosos funcionarios y ex funcionarios priístas y perredistas, aún activos hoy.
Pero si ese es el motivo para el aplazamiento y eventual desvanecimiento del caso, es posible que la mayor preocupación esté centrada en los apellidos Ruiz Massieu. Pues no podría el gobierno de Peña Nieto dejar fuera del caso a José Francisco Ruiz Massieu, cuyo gobierno fue el más firme impulsor del crecimiento en la Zona Diamante (lo mismo que de la mal hecha Autopista del Sol). Y su hija Claudia es hoy secretaria de Turismo y precandidata al gobierno del estado. Si la investigación es llevada a sus últimas consecuencias, Claudia Ruiz Massieu saldría algo más que raspada. Quizás por esa razón han sido exhibidas y tenido amplia resonancia las corruptelas de Mijangos Borja, cuya trayectoria resulta conveniente para la expiación de todas las culpas acumuladas en este episodio, aunque desde luego no es el único ex funcionario vinculado a los hechos.
Ramírez Marín dijo que las autoridades no protegerán a nadie y que “el objeto de este informe no es solamente saber las circunstancias de lo que ocurrió sino sobre todo encontrar responsabilidades?y también las? medidas que eviten que esto vuelva ocurrir”. Y advirtió: “Vamos a decir quiénes son los responsables si hubiera un tipo de sesgo político”. Sin embargo, no parece correr ninguna prisa para concretar tales compromisos.
Cuando el 27 de septiembre Peña Nieto ordenó la investigación, pidió en una conferencia de prensa en Acapulco “que se castigue y se sancione con todo el peso de la ley a quienes tengan alguna responsabilidad, dígase servidores públicos o bien empresas que también participaron en la construcción de estos conjuntos habitacionales y centros comerciales”. También comprometió al gobernador Ángel Aguirre a hacer lo mismo en el ámbito estatal. A pesar de que exista una denuncia formal, es muy dudoso que el gobierno de Aguirre haya emprendido esa investigación, y si la abrió, que tenga la seriedad que el caso exige. Porque ahora la consigna parece ser otra: echarle tierra al asunto y dejar que algún escándalo nuevo sepulte el caso de las inundaciones, con lo cual se cumplirá otro ciclo de la impunidad.
[email protected]