Acusan indígenas defraudados que por el incumplimiento del gobierno estatal aún no recuperan su dinero

*Las autoridades pretenden hacer que los más de 4 mil engañados acudan a Puebla para rendir uno por uno su declaración como parte de un juicio, informan

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Integrantes del Movimiento Nacional Indígena denunciaron en la Secretaría de Gobierno, que ante la omisión del gobierno estatal, al no firmar una minuta con la que se comprometía a pagar cerca de 30 millones de pesos a los defraudados por la financiera Coofia, hoy las autoridades pretenden hacer que los más de 4 mil defraudados acudan a Puebla para rendir uno por uno su declaración, como parte de un juicio.
El integrante del Movimiento Nacional Indígena y el Movimiento Nacional por la Esperanza, Jaime Alvarado López, explicó que desde hace cuatro años atienden el fraude a las más de 4 mil 500 familias guerrerenses del municipio de Tlapa, de la comunidad de Xochihuehuetlán, de La Montaña; y en Huitxuco de los Figueroa, en la zona Norte del estado.
Explicó que desde hace cuatro años se han enviado exhortos, por medio de organizaciones y legisladores, al gobierno estatal para que atendiera el problema de los defraudados, mientras que desde ese tiempo se interpusieron las denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero a la fecha “no se ha girado una sola orden de aprehensión en contra de los responsables de este fraude contra los guerrerenses”.
Detalló que se creó un fideicomiso para atender a las personas defraudadas por las cooperativas de ahorro y préstamo en el país, mediante una ley federal que aprobó la Cámara de Diputados en 2000, que reconoce el derecho de los ahorradores a ser rescatados.
“En base a eso pedimos al fideicomiso un pago que rescatara a las 4 mil 500 familias defraudadas”, agregó.
Señaló que el gobierno estatal “ha estado trabajando un tanto lento en este caso”, por lo que “las consecuencias de esta lentitud se están reflejando en un obstáculo más, que se presenta para poder resarcirle el ahorro a familiares de migrantes, campesinos e indígenas que fueron defraudados”.
Agregó que este lunes se les informó que un juez de concursos mercantiles, en el estado de Puebla, aceptó el inicio del concurso mercantil de la financiera Coofia, y por tanto, los indígenas se verán obligados a hacer un trámite adicional.
El procedimiento de concurso mercantil lo inició la empresa defraudadora el pasado 5 de septiembre de 2013, sin embargo, Jaime Alvarado aclaró que este trámite se pudo haber evitado si desde el pasado 17 de junio, en que se celebró la asamblea del comité técnico del fideicomiso-pago, el gobierno del estado hubiera iniciado el trámite de firma del convenio.
Es decir, que si el gobierno estatal hubiera firmado un convenio en el que se comprometía a pagar la parte que le corresponde del fideicomiso, que es cerca de 30 millones de pesos, los defraudados no hubieran tenido que entrar al concurso mercantil.
El concurso mercantil evitará que se vaya a un proceso de rescate financiero o entrar al sistema de rescate a ahorradores, puesto que el requisito adicional que tienen que cumplir es mover a los 4 mil 573 defraudados a Puebla, en el municipio de Cholula, donde cada uno habrá de presentar su declaración ante un juez; sin embargo, aclaró que esto generaría un enorme gasto para las familias que de por sí están defraudadas.
Recordó que de acuerdo con cifras de la federación, Financiera Coofia defraudó a más de 70 mil ahorradores de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Veracruz.
Alvarado López dijo que la responsabilidad en el estado recae desde el momento en que no cumplió con garantizar el correcto funcionamiento de esta financiera.
Cabe mencionar que el monto total del fraude es 450 millones de pesos, sin embargo, a lo que aspiran de acuerdo a la Ley los defraudados, es a recatar apenas el 25 por ciento de este monto.
El coordinador del Movimiento Nacional Indígena, José Alberto Ojeda Parada, advirtió que en La Montaña se siguen presentando “supuestas” empresas financieras y, varias de ellas siguen cometiendo fraudes, sin que la autoridad hagan algo al respecto.
Finalmente, aclaró que la federación, través del fideicomiso, ya había puesto en la mesa los 60 millones de pesos que le correspondía, mientras que al gobierno estatal le tocaban otros 30; sin embargo, los 60 tendrán que regresar a la federación al no haber sido entregados a las familias por la falta de una firma del gobierno estatal, para la liberación de los 30 millones.