Desalojan a 32 familias de bajos recursos en la colonia Nueva Revolución de la capital que perdieron un juicio

*Efectivos de la Policía Municipal se presentan para respaldar a la actuaria Niridia Vázquez, quien llevó a cabo la orden del juez civil, después de que Gilberto Gutiérrez ganó el proceso legal que lo reconoce como dueño de los terrenos localizados en zona de alto riesgo

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Treinta y dos familias de escasos recursos, que habitan la colonia irregular Nueva Revolución, al poniente de la capital del estado, fueron desalojados ante la orden del Juzgado Segundo Civil, después de que el dueño Gilberto Gutiérrez Viguri ganara una demanda y se le reconociera como único dueño de los terrenos ubicados esa zona federal y de alto riesgo.
A las 9 de la mañana, una camioneta de la Policía Municipal se presentó en la colonia irregular Nueva Revolución, para respaldar a la actuaria del Juzgado Segundo Civil, Niridia Vázquez Hernández, quien realizó el desalojo ordenado por el juez civil, después de que ganara el proceso legal Gilberto Gutiérrez.
La colonia, se ubica en la parte más alta de la capital, y debajo de una linea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como en el inicio de una de las barrancas que rodea la ciudad capital.
La colonia no contó con una regularización por parte del Ayuntamiento, pero desde 1999 inició la construcción de casas de materia y de madera, sin que algún gobierno municipal, desde Saúl Abarca Alarcón, Mario Moreno Arcos y Héctor Astudillo Flores, brindara seguridad a dicha colonia.
La orden del juzgado es desalojar a 32 familias que habitan casas de madera y de material, que en más de 10 años han logrado construir bajo las lineas de alta tensión de las torres de la CFE, a pesar de ser una zona federal, y sin que ningún gobierno municipal resolviera la situación.
Uno de los afectados, Florian Reyes Rafaela, fue de los primeros que debió abandonar su casa, la cual tardó 15 años en construirla; y aseguró ser víctima de la situación, porque le compró el terreno a una señora de nombre Guadalupe Nieto Alvarez, pero la única dueña del terreno es Esperanza Gutiérrez Viguri, madre de Gilberto, quien peleó el terreno.
El padre de familia relato con tristeza, mientras sacaban sus pertenencias a la calle de terracería, que tuvo que irse a los Estados Unidos para mejorar la vida de sus familiares, y el dinero ganado allá fue para construir su casa de material, misma que tuvo que dejar esta mañana.
Los colonos aseguran que durante la temporada de campañas, el actual diputado perredista Alejandro Arcos, les prometió ayudar en el proceso legal, con la condición que votaran por él, pero nunca los atendió después de las elecciones.
La actuaria Niridia Vázquez explicó que son 32 familias las que deberán de dejar sus casas, es decir la mayor parte de la colonia Nueva Revolución, ya que el terreno le pertenece a Gilberto Gutierrez, uno de los siete hijos de la dueña, quien murió intestada.
Durante el proceso de desalojo de la primera familia, de 32 que serán sacadas de sus casas, la actuaria explicó que ya fueron notificadas desde enero y febrero, que de manera voluntaria debían de salir de sus casas, aunque las casas sean de material, deberían dejarlas.
“Se les requirió para que en el término de cinco días desocuparan de manera voluntaria, si ellos lo hubieran hecho antes no estarían así, ahorita ya viene el desalojo para todos, ya se les requirió”, agregó.
En la casa de Florian Reyes viven siete personas, entre hijas y nietos, quienes ahora no tienen a dónde irse, ya que la única propiedad que tiene en la capital era en la colonia Nueva Revolución, la cual esté en zona federal y es de riesgo, porque se encuentra a escasos metros de la barranca que desemboca cerca del cuartel militar.
Reyes Rafaela pidió la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero, para que atienda el problema, donde 32 familias se quedarían sin patrimonio, ya que las escrituras no son válidas ante el juez.
Recordó que ya habían protestado en el Palacio de Gobierno, para pedir al gobierno del estado que intercediera ante dichos hechos, pero nadie hizo nada para ayudar a las familias.