Abandona la CRAC la mesa con el gobierno pero pueden hoy reanudar el diálogo; no hay voluntad política, acusa

*Exige la libertad de los ocho policías comunitarios encarcelados, entre ellos está el caso de Nestora Salgado de Olinalá. “Hemos cedido” pero ellos no, dice la coordinadora de San Luis Acatlán, Adelaida Hernández. Las detenciones obedecen a consignas políticas porque no cometieron delitos y no se sustenta su detención en el expediente, afirma el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales. El Congreso local debe llamar a los gobiernos de Olinalá, Iguala, Tixtla y Tierra Colorada para que den cuentas sobre la seguridad en sus municipios porque tienen compromisos con poderes fácticos y por eso les molesta la actividad de seguridad y justicia de la organización, agrega

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se levantó de la mesa de negociación que tenía con el gobierno del estado luego de tres horas y media sin resultados, exigía la liberación de seis de sus coordinadores, comandantes y policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, uno de Zitlaltepec, que están presos en cárceles del estado y de Nestora Salgado García de Olinalá que está en un penal federal de Tepic Nayarit.
Desde la mitad del encuentro el subsecretario de Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza -que los recibió en lugar del secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo-, insistió a los principales interlocutores, por separado, que mantuvieran la mesa pues tenían la intención de romper el diálogo por la falta de cumplimiento de los acuerdos de la sesión anterior.
También les pidió que retiraran los bloqueos que la CRAC instaló en varios puntos de la Costa Chica durante la reunión para exigir la liberación inmediata de todos detenidos, pero se le aclaró que la encomienda era mantener la protesta hasta obtener resultados.
La coordinadora de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Adelaida Hernández Nava informó que el bloqueo se mantendría mientras no obtuvieran una respuesta del gobierno estatal y federal para los pueblos.
Dijo que mientras las autoridades estatales piden tiempo para resolver este conflicto con una salida “jurídica”, la CRAC demanda soluciones políticas porque la institución comunitaria ha cedido a las peticiones de los funcionarios para tener una buena relación, pero la respuesta no ha sido recíproca.
Reveló que a petición del gobierno del estado la Policía Comunitaria liberó a un comisariado edijal de San Luis Acatlán que intentó matar a unos policías comunitarios, “lo liberamos porque no queremos confrontación, queremos trabajar bien, pero ellos no nos están dando buenos resultados”.
Recordó que en la cuarta mesa de trabajo sobre los detenidos, ayer, se acordó que estarían el alcalde y el síndico procurador de Cochocapa, porque el  segundo fue el responsable de la detención de 11 Policías comunitarios de la comunidad de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc.
Los 11 policías y dos civiles de esa Casa de Justicia fueron detenidos por el Ejército cuando perseguían a una persona para llevarla a declarar luego que el síndico firmó la autorización para intervenir en el municipio.
Después de eso fueron liberados bajo fianza 10 policías comunitarios y dos civiles, uno quedó en prisión porque llevaba un arma de grueso calibre y, en este sentido, Hernández Nava exigió que se hagan responsables de los gastos del proceso, de la fianza y que hagan las gestiones para que les regresen las armadas decomisadas.
Antes, Eliseo Villar informó que ya se había acordado que las autoridades municipales se harían cargo del pago de la fianza, pero ayer se evidenció que no entregaron el dinero a la CRAC.
De los seis detenidos de la Policía Comunitaria de Ayutla y de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, indicó que las autoridades sólo les dan largas, “piden tiempo para analizar los casos”.
Casi a las 4 de la tarde Hernández Nava informó que la mesa continuaría lo que fuera necesario porque Medrano Baza les dijo que el secretario de gobierno podría recibirlos hasta el miércoles, y eso representa muchos gastos para los representantes de la institución de seguridad y justicia, “no podemos estar jugando”.
En la noche, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó ante la falta de capacidad de Medrano Baza para dar respuestas se rompió la mesa de trabajo a las 5:30 de la tarde.
Opinó que en el fondo falta voluntad de las autoridades estatales para resolver este conflicto porque la intención es criminalizar y perseguir a la institución comunitaria.
Reiteró que tienen todos los elementos para proceder a su liberación respetando los lineamientos jurídicos, “pero la detención obedece a consigna política, no cometieron delitos y no se sustenta su detención en el expediente”.
Denunció que en la mesa de ayer, después de que era atendida por Martínez Garnelo, enviaron a un funcionario que no tiene capacidad de tomar decisiones y se acordó que hoy a medio día les informarían si el secretario de gobierno tiene tiempo de atenderlos.
Sin embargo, insistió en que eso habla del desdén de las autoridades para resolver este  problema, porque las sesiones anteriores con Martínez Garnelo han sido de pocos avances y muchas ambigüedades.
“Ellos dicen que van a estudiar el caso para ver si es procedente libertad de Nestora Salgado, (pero) ya consiguieron los expedientes y su departamento jurídico ya debe tener un análisis sobre el proceso, pero falta la decisión de tipo político para resolverlos”, agregó.
Destacó que la CRAC ha sido flexible, ha mostrado madurez para escuchar a los funcionarios públicos, pero ellos tienen una actitud arrogante y las autoridades comunitarias ya llegaron a su límite. Adelantó que se está buscando un acercamiento con la federación porque desde allá también hubo una decisión para afectar al sistema de seguridad y justicia de los pueblos.
También denunció que los ayuntamientos han demostrado su ineptitud e incapacidad para revertir los problemas de seguridad, “tienen deficiencias y vínculos con el crimen organizado que deben aclarar”.
Señaló que el Congreso local debe llamar a los gobiernos de Olinalá, Iguala, Tixtla y Tierra Colorada para que den cuentas sobre la seguridad en sus municipios porque tienen compromisos con poderes fácticos, y por eso les molesta la actividad de seguridad y justicia de la CRAC. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).