Busca la CRAC reunirse con el gobierno federal para exigir la liberación de los comunitarios

*El gobernador Ángel Aguirre les prometió una audiencia para ayer pero no se celebró, acusa Eliseo Villar. Solicitó un encuentro con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, informa. Tienen a 11 encarcelados y más de 300 armas decomisadas por el Ejército, precisa. Quieren una relación cordial con el Estado pero éste los acusa de secuestro, dice el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), a través de la organización Servicios Profesionales para la Paz (Serapaz), solicitó una mesa de trabajo con el subsecretario de Gobernación federal, Luis Enrique Miranda Nava para insistir en la libertad de los presos de la institución comunitaria, porque en el estado no han tenido la capacidad para resolver este conflicto,
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo denunció que a pesar de que el gobernador declaró que la CRAC sería atendida ayer por el secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, luego que este lunes la comisión de la Policía Comunitaria abandonó la mesa de trabajo con el subsecretario de Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza, pues no recibieron la invitación que esperaban y las autoridades no mostraron el interés en resolver su demanda.
Dijo que la indicación de la asamblea regional de la CRAC es que agoten el diálogo con las autoridades estatales y federales por la vía pacífica, pero que si no tienen resultados los pueblos van a determinar qué acciones van a continuar.
Precisó que la reunión con el funcionario federal será el martes próximo en la ciudad de México para exigir la libertad de 11 coordinadores regionales, comandantes, consejeros y policías comunitarios que están en prisión y por la entrega de más de 300 armas decomisadas.
El abogado del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra consideró que en la mesa con el gobierno federal tendría que estar el gobernador Ángel Aguirre Rivero para que puedan tomarse decisiones políticas, porque hay delitos del fueron común, como el secuestro, y otros federales como la portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Consideró que para tener una nueva relación entre el gobierno del estado y la CRAC se tiene que empezar por la liberación de todos los integrantes de la institución de seguridad y justicia.
Subrayó que hay leyes que los amparan y que los facultaron para realizar su trabajo como autoridades de la CRAC, y que si hubo irregularidades en los procesos que realizaron se deben de discutir con elementos de prueba.
Explicó que en todos los sistemas jurídicos hay irregularidades y para eso se crearon los órganos de control interno, para sancionarlos; “la CRAC tiene la asamblea regional y ya se pronunció, se discutió en la CRAC y se tomaron decisiones (la defensa de los detenidos), y no es posible que el Estado quiera abrogar esa facultad que corresponde a la asamblea, sobre todo configurando un delito de secuestro inexistente”.
Los detenidos son la coordinadora regional de Olinalá, Nestora Salgado García, acusada de secuestro agravado en el juzgado cuarto de Chilpancingo, quien está en prisión “de manera ilegal” en el penal federal de Tepic Nayarit.
Otros seis fueron arraigados y luego acusados de portación de arma de fuego bajo el expediente 191/2013 en el juzgado cuarto de Acapulco, son: el coordinador regional, Bernardino García Francisco, los comandantes Ángel García García y Benito Morales, los consejeros Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y el policía comunitario Florentino García Castro.
Además de tres detenidos y procesados de inmediato luego del bloqueo en Cruz Grande, bajo el expediente 54/2013 del juzgado sexto de Acapulco: Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino y Cano Morales Antonia.
Finalmente está encarcelado el policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez, en Chilpancingo, por la portación de un arma prohibida sin registro. Fue detenido por soldados y entregados por la Policía Municipal de Cochoapa El grande a la Procuraduría General de la República (PGR), con otros 11 comunitarios, pero ellos salieron bajo caución y seguirán sus procesos en libertad.
Rosales Sierra recordó que antes de la campaña de detención contra los integrantes de la Policía Comunitaria hubo una reunión de la CRAC con Miranda Nava para hablar del libre tránsito de los policías comunitarios armados y la credencialización para distinguirse de los grupos de autodefensa, principalmente de los de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) que encabeza Bruno Plácido Valerio.
El abogado de Tlachinollan recordó que la CRAC aceptó la credencialización pero no se establecieron los mecanismos de respeto de su territorio y de circulación con armas.
Recordó que entonces el funcionario federal Miranda Nava propuso que los soldados entraran a las comunidades a hacer obras sociales y que iba a entregar proyectos productivos, pero no hubo seguimiento de la CRAC porque no se discutió en la asamblea regional.
Consideró que ahora que se resolvió el problema de la división interna de la CRAC, (cuando se ratificó la defensa de todos los detenidos y el desconocimiento de algunos dirigentes de la Casa de Justicia de El Paraíso), hay condiciones para continuar esta mesa de trabajo.
Agregó que el primer punto es la libertad de los detenidos y después los temas que quedaron pendientes, entre estos, la relación de la institución comunitaria con el Estado, donde haya un reconocimiento de la institución comunitaria, de que puede aplicar justicia según sus usos y costumbres, “si hay omisión, habríamos que dialogar para subsanar lo necesario, pero de ahí a encarcelarlos por secuestro, dista mucho de la realidad”.