El Congreso pide al rector de la UAG combatir la violencia entre universitarios

*La diputada Karen Castrejón, del PVEM, recordó los casos recientes de asesinatos de jóvenes de preparatoria en Acapulco. Crear los “Grupos Comunitarios de Defensa” y agrupar en ellos a policías comunitarias y ciudadanas, plantea el panista Jorge Camacho

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local envió un exhorto al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, para que? establezca estrategias y programas encaminados a combatir la violencia entre universitarios, como los dos casos recientes de asesinatos de estudiantes de preparatoria.
El punto de acuerdo parlamentario fue presentado por la diputada del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, como asunto de urgente resolución.
En tribuna, la diputada recordó que los hechos violentos se han incrementado, pero habló de manera específica de la violencia en las escuelas, y de manera particular de los brotes en la UAG.
Dijo que los casos ocurridos deberían haber encendido “los focos rojos”, y afirmó que la violencia hacia jóvenes estudiantes en fechas recientes es por parte de los propios jóvenes universitarios, “quienes provocan las agresiones de manera colectiva o individual bajo el respaldo de las denominadas “bandas universitarias”.
Señaló que estas agresiones han llegado a tal grado que ya no sólo se habla de acoso escolar, maltrato, riñas y golpes, sino que ya existen, en lo que va del presente año, registro de dos homicidios”.
Recordó los hechos ocurridos el día 26 de febrero pasado, cuando el estudiante Bryan Vargas Muñoz, de 18 años, de la Preparatoria 7, fue apuñaleado por cuatro alumnos de la Preparatoria 2 en el interior del parque Papagayo, y el caso del ?pasado 29 de mayo, cuando Christopher García Lemus, de 17 años y estudiante de la misma Preparatoria número 2, falleció en el hospital luego de ser atacado por cinco estudiantes de la Preparatoria número 27, en la colonia La Cima de Acapulco, sobre la carretera nacional Acapulco-México.
Del segundo caso, tres de los agresores eran menores de edad, dos de 16 años y uno de 15.
Recordó también el último caso ocurrido el 18 de octubre, cuando una joven de 17 años y embarazada, estudiante de la Preparatoria 2, fue interceptada en el primer puente peatonal, en la vía que va con dirección a la colonia La Vacacional, sobre el Boulevard Vicente Guerrero, de la colonia Las Cruces, por supuestas alumnas de la Preparatoria Número 7, quienes la insultaron, golpearon y la asesinaron.
Dijo que “este tipo de riñas o problemas entre universitarios han dejado de ser casos aislados entre sólo dos estudiantes, sino que ahora con el pretexto de pertenecer a una banda universitaria se sienten con el poder suficiente para acosar, insultar, maltratar, golpear y hasta de asesinar a cualquier otra u otro joven universitario de su misma preparatoria o de alguna otra”.
Criticó que el rector de la UAG minimice los actos delictivos calificando como “broncas o desencuentros” entre estudiantes cuando éstas van en aumento.
La diputada del PVEM propuso “un llamado enérgico y contundente” al rector de la UAG para que implemente medidas tanto de seguridad como preventivas para evitar que sigan surgiendo hechos de violencia entre jóvenes universitarios.
Pidió que a través del programa educativo, en el ciclo escolar o en las estrategias que implemente, diseñe un programa integral para atender tal problemática, en la que se desarrollen cursos, conferencias, platicas, tutorías o cualquier actividad de atención psicopedagógica y orientación vocacional dirigida a los jóvenes e inclusive a sus padres.
El llamado también fue para que Javier Saldaña no se escude con calificativos “como riñas o peleas que se dan afuera de las aulas universitarias”, como si éstas no le correspondieran a los directores de las diferentes unidades académicas y preparatorias de la UAG, “ni mucho menos se vale deslindarse o declararse imposibilitado para atender el problema”.
Reclamó a la universidad que asuma su responsabilidad de buscar estrategias y líneas de acción para que de manera coordinada con los gobiernos estatal, a través de la Secretaria de Educación Guerrero (SEG), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se busque orientar a la población universitaria y se brinde atención personalizada a los jóvenes que han sufrido alguna agresión física y psicológica.
El exhorto también alcanzó al gobernador Ángel Aguirre Rivero, para que instruya a las secretarías a su cargo que brinden auxilio y apoyo a la UAG para solucionar, prevenir y erradicar la violencia universitaria, y gire instrucciones a la SEG para que de manera coordinada con la universidad se implementen estrategias o programas de atención integral para combatir la violencia escolar.
A la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado, le pide que apoye con elementos de seguridad en las escuelas y sus alrededores para inhibir todo acto delictivo en contra de estudiantes, y a la PGJE que dé puntual seguimiento a cada uno de los hechos delictivos hasta llegar al esclarecimiento de éstos y a la sanción de los responsables.
A los gobiernos municipales?los diputados hicieron un llamado para que auxilien y apoyen a la universidad, para que se prevenga y erradique la violencia escolar o universitaria.

Propone panista nuevas corporaciones policiacas

Por otra parte, el diputado panista Jorge Camacho Peñaloza presentó al pleno del Congreso local dos iniciativas, en las que propuso reemplazar a la policía municipal preventiva por una “policía de proximidad”, en la que los elementos sean electos de manera popular en asambleas, y que el nuevo cuerpo que planteó el gobernador Ángel Aguirre Rivero sea denominado “Grupos Comunitarios de Defensa”.
En la otra iniciativa, planteó una reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y argumentó que el motivo de presentar esas propuestas son por la alta incidencia delictiva en el estado, el reclamo social por mayor seguridad, la impunidad que persiste, la falta de denuncia y la incapacidad institucional para hacer frente al problema de violencia y delincuencia.
Las propuestas pretenden modificar la Ley 281 de Seguridad Pública del estado para incluir la participación ciudadana y así se genere un entorno más seguro con la “policía de proximidad”.
La segunda busca establecer un marco normativo sobre los Grupos Comunitarios de Defensa, en el que dijo están incluidos los “conocidos como” grupos de autodefensa o policías comunitarias.
Reconoció la legitimidad con la que cuentan los distintos grupos no institucionales que realizan labores de seguridad en el estado, pero en tribuna también afirmó que otros grupos “han servido como vehículo para promover fines ilícitos y contrarios a valores democráticos”, por eso remarcó la necesidad de establecer una legislación para esos grupos.
Camacho Peñaloza afirmó que la policía de proximidad municipal que propone está alineada con los principios de las reformas democráticas policiales que luchan contra la corrupción y la opacidad, prácticas como el autoritarismo, la impunidad y violaciones a derechos humanos.
En la iniciativa plantea que en el artículo 3 de la ley 281 se incluya la definición de la seguridad ciudadana, entendida como el derecho fundamental de todas las personas a vivir en un entorno de buena calidad de vida y al cual todos, el Estado y la ciudadanía, contribuyan.
Planteó incorporar al marco normativo la participación activa del ciudadano en labores de seguridad, la permanente interlocución con la policía y la instauración de mecanismos de rendición de cuentas, modificando para eso los artículos 4, 5, 33, 43, 75, 80 y 95 de dicha ley.
Para sustituir el término de Policía Preventiva Municipal por el de Policía de Proximidad Municipal y los aspectos del nuevo modelo, propone modificar los artículos 3, 16 bis, 20, 43, 85 y 89.
En entrevista posterior, el diputado del PAN afirmó que se deben recuperar “las policías de barrio”, porque ha funcionado muy bien en países como Colombia, y que los integrantes deben cumplir con capacitación.

De la CRAC a Grupos Comunitarios de Defensa

En el caso de los Grupos Comunitarios de Defensa incluye a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), de casi 18 años de existencia como institución, que cuenta con un sistema de seguridad y justicia, así como a las autodefensas que surgieron este año ante la incapacidad de los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia.
En el caso de la CRAC, a la que no menciona como tal y la define como los grupos “con mayor antigüedad”, dice que se originaron en el seno de comunidades indígenas que realizan un trabajo de manera gratuita.
El diputado panista afirmó que a pesar de que hay grupos “de policías comunitarios” cuya forma de operar “era” notoriamente contraria a principios constitucionales y valores democráticos, también “se tiene conocimiento que algunos grupos conservan un vínculo estrecho con grupos criminales a fin de combatir a grupos rivales y de controlar territorio, dijo en referencia a las autodefensas que surgieron en el último año.
En eso justificó “la necesidad imperante de restaurar el orden en la entidad a través de un marco normativo claro que fije los límites del actuar de estos grupos”.
Sostuvo que “está en un vacío porque la Constitución en su artículo 21 sólo reconoce a las corporaciones federal, estatal y municipal”, e insistió en que constitucionalmente no tienen reconocimiento “y nadie puede estar por encima de la ley”.
Definió a los Grupos Comunitarios de Defensa como auxiliares de la seguridad pública que realizarán labores de seguridad, vigilancia y protección de personas, bienes y caminos de su comunidad, y estipula que las detenciones en flagrancia deben ser de inmediato puestos a disposición de las autoridades competentes, no tienen que someterse a capacitación ni evaluación, ni guardan relación laboral alguna con el gobierno estatal.
La iniciativa de Camacho Peñaloza rechaza que “los grupos” puedan juzgar y castigar a quienes violan la ley, “pues ello contraviene directamente el Estado de derecho”.
El panista plateó que los integrantes del Grupo Comunitario de Defensa no tendrán salario, “podrán ser acreedores de estímulos,? compensaciones y equipamiento”, pero no armamento, por el contrario, el armamento que utilizan debe estar en el Registro Estatal de Grupos Comunitarios, de nueva creación, y en el registro de armamento, vehículos, municiones y equipo oficial.
También plantea que deben estar credencializados e informar al gobierno del estado sobre su operación y estar en constante supervisión, en un primer momento por el municipio.

Otras iniciativas

La diputada del PVEM, Karen Castrejón, también presentó una iniciativa de ley de desarrollo turístico del estado, en la que se incluye un capítulo sobre la situación de emergencia, desastre o impacto social.
Plantea que el titular de la Secretaría de Fomento Turismo será autoridad competente en materia de protección civil en el estado, y conjuntamente con otras autoridades debe velar por la seguridad de los turistas y los prestadores de servicios turísticos.
Die que en coordinación con los ayuntamientos, establecerá programas o acciones tendientes a orientar a los turistas a qué hacer ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos o ante cualquier contingencia.