Humberto Musacchio

Casos de la “justicia” mexicana

Talía Vázquez se casó con Juan Iván Peña Nader sin saber que era un ser violento, admirador de Adolfo Hitler y líder de una organización nazi. Sin embargo, lo fue conociendo por su prepotencia, las amenazas de muerte contra ella y dos hijos de un matrimonio anterior, por sus actitudes violentas que la orillaron a intentar abandonarlo, lo que motivó una respuesta brutal de su cónyuge y dos amigos de éste: Zeferino Dalí Pérez Jiménez y Raúl Flores Adame.
La noche del 19 de marzo de 2011, Peña Nader llegó con el par de amigotes a su casa, con quienes la golpeó, la obligó a beber whisky mateniéndole la boca abierta mientras le apuntaba con una pistola y luego la violaron tumultuariamente de las nueve de la noche hasta las tres de la mañana del día siguiente.
Peña Nader fue coordinador de asesores de un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Felipe Calderón. Desde ese puesto formó parte de la llamada “mafia de los casinos” que integraron funcionarios panistas que gestionaban permisos a cambio de jugosas participaciones que, como en el caso de Peña Nader, les permitían tener en casa sumas hasta de 2 millones de dólares en efectivo.
Como suele ocurrir, la denuncia de hechos se convirtió en un nuevo tormento para la mujer, pues policías, agentes del Ministerio Público, jueces y hasta los propios acusados la interrogaban de manera soez ante las carcajadas de los presentes. Pero las pruebas eran contundentes, especialmente el certificado médico del examen que se le practicó al día siguiente, y el marido agresor fue a la cárcel, pero con sus relaciones y tanto dinero, Peña Nader fue puesto en libertad hace una semana. Aunque nadie pueda creerlo, el juez que lo liberó tiene nombre: se llama Juan Salvador Alonso Mejía.
Sabiendo cómo se cocinan las cosas en el sistema judicial mexicano, no debe sorprendernos lo ocurrido con el recién indultado Alberto Patishtán Gómez, profesor tzotzil sentenciado a 60 años de prisión por el asesinato de siete policías en el municipio de El Bosque, Chiapas, pese a que él estaba a muchos kilómetros del lugar el día de los hechos.
Lo ocurrido a Patishtán es escandaloso por lo endeble de las presuntas pruebas acusatorias, lo que motivó que el caso fuera dos veces a la Suprema Corte y que en ambas ocasiones este órgano se negara a resolver el asunto, de ahí que resulte insólito que la ministra Olga Sánchez Cordero celebre la liberación del reo al que se mantuvo injustamente preso por “razones técnicas exclusivamente”, según declaró doña Olga, pues ya se sabe que la Suprema Corte no imparte justicia, sino recetas de técnica jurídica.
Los organismos defensores de derechos humanos alegaron siempre la inocencia de Patishtán y les dio la razón el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien declaró que el citado profesor “nunca debió estar preso”. Pero si se trata de evidenciar la injustica, nada más contundente que el hecho de que el Congreso reformara la legislación para que el presidente Enrique Peña Nieto pudiera indultar al preso por “violaciones graves a los derechos humanos, particularmente al debido proceso”.
De modo que los poderes Legislativo y Ejecutivo han tenido que reparar una actuación injusta del Poder Judicial, que ya debería estar sometido a una reforma general y de fondo, en momentos en que desde la misma judicatura se aplaude la acción contra los productores y realizadores del documental Presunto culpable, que exhibe algunas, sólo algunas de las muchísimas lacras de la llamada “justicia” mexicana. ¿Y así vamos a seguir?