Trasladan a Gonzalo Molina a una cárcel de Oaxaca; marchan en Tixtla para exigir su libertad

*Se reúnen policías comunitarios con el alcalde Gustavo Alcaraz y el director de Seguridad Pública Rubén Reyes, quien les advierte que mientras tengan las armas que les quitaron a sus efectivos, el Ayuntamiento no puede desistirse de la denuncia penal. Desde la detención de Nestora Salgado se veía venir más represión, incluso desde el interior de la CRAC donde el coordinador de San Luis Acatlán, Eliseo Villar “hace todo lo que le dice el gobernador”, dice Arturo Campos, de Ayutla

Lourdes Chávez

Tixtla

Sin previo aviso a familiares o a su defensa, el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González fue trasladado a un penal de Oaxaca después de que recibió la visita de abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollán en la prisión de Chilpancingo, el miércoles por la noche.
En protesta ante el traslado, ayer policías comunitarios de Tixtla, respaldados por vecinos del barrio de El Fortín y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa marcharon al centro de la ciudad para demandar la libertad inmediata de Molina González y todos los presos políticos de la institución comunitaria.
Poco antes, representantes y consejeros de la Policía Comunitaria que pertenece a la  Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autóridades Comunitarias (CRAC), se reunieron con el alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca para analizar la demanda que presentó el gobierno municipal contra los comunitarios.
Aunque el comandante regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, Jesús Coronel señaló que el alcalde mostró disposición para resolver de forma jurídica este conflicto, consideraron que podría ser una estrategia de dilación.
Los policías comunitarios marcharon a partir de las 8 de la noche y realizaron un mitin en el Zócalo, alrededor de la estatua de Vicente Guerrero, cantaron consignas y denunciaron el hostigamiento y los ataques del gobierno federal y estatal para dividir a la institución comunitaria.
Antes de que fuera aislado a otro estado de la República en la víspera de la visita del presidente Enrique Peña Nieto, Gonzalo Molina pidió a los integrantes de la Policía Comunitaria, a través del abogado Vidulfo Rosales, que no se movilizaran en la capital, para evitar que les pasara lo que a la coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, recluida en un penal federal máxima seguridad en Tepic, Nayarit.

Tienen los comunitarios seis armas del municipio, acusan;
sólo cinco, responden

Luego de la reunión del alcalde con los representantes de la Policía Comunitaria, el director general de Seguridad Pública, Rubén Reyes Zepeda advirtió que mientras la Policía Comunitaria de El Fortín mantenga en su poder las armas que le quitaron a sus efectivos, no pueden desistirse de la denuncia penal que presentó el gobierno municipal contra los comunitarios por lesiones, privación ilegal de la libertad y terrorismo.
Dijo que los comunitarios tienen seis armas de la Policía Municipal que son su responsabilidad, porque están bajo su resguardo en el registro de la Secretaría de la Defensa Nacional pero mencionó cuatro: dos fusiles HK, un rifle que no precisó de qué tipo y una pistola Beretta.
Sin embargo, la Comunitaria aseguró que no son seis sino cinco las armas que tomaron de los policías municipales: dos HK, dos rifles largos AR15 y una escopeta 12 automática. Aseguraron que no tienen pistolas cortas del Ayuntamiento.
No obstante, señalaron que los soldados les han quitado muchas más armas, y durante la detención de Molina González se llevaron tres más.
Los rifles HK son de fabricación alemana y de acuerdo con los organismos de derechos humanos fueron prohibidas en estados con conflictos políticos-sociales, como Guerrero.
El funcionario subrayó que el problema principal de este problema es la posesión de armas de alto poder en manos de los comunitarios, además de las lesiones a los policías municipales, “las más grave en el rostro de uno de ellos”, pero insistió en que el gobierno municipal tiene toda la disposición de dialogar.
Agregó que el diálogo no será a nivel municipal, se tendría que instalar una mesa de trabajo con el gobierno del estado.
Propusieron otra reunión hoy a las 4 de la tarde con los abogados del Ayuntamiento y con los de la Policía Comunitaria para evitar errores en las decisiones y el proceso jurídico, porque quedó claro que es un asunto político.
El comandante Jesús Coronel precisó que exigen la libertad inmediata de Gonzalo Molina y que el síndico retire la demanda contra otros cinco policías comunitarios señalados en la causa penal, “pero nos parece que sólo quieren ganar tiempo”.
Mencionó que el alcalde dijo que esperaba que el caso llegara a feliz término “y tan amigos como siempre”, y ellos le recordaron que la comunitaria no nació para confrontarse con el gobierno, sino para coadyuvar en las labores de seguridad.
Aunque el funcionario reconoció la labor de la Policía Comunitaria, le señalaron que su declaración no correspondía a la realidad, porque estaban deteniendo a sus compañeros.
También se discutió la entrega de las armas a los militares, pero recordaron que quien tiene la responsabilidad del armamento del Ayuntamiento es el municipio, entonces consideraron que en todo caso debían regresar las armas al Ayuntamiento.
En la marcha, el coordinador la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera negó que los detenidos hayan cometido actos de terrorismo como se les acusa, cuando sólo fueron forcejeos con los policías municipales.
Dijo que distinto a Michoacán, donde han incendiado gasolineras, en Guerrero la Policía Comunitaria no actúa de esa manera. En ocasiones han cerrado calles y tomado presidencias municipales para exigir la libertad de sus compañeros y para denunciar los golpes del Estado a la institución comunitaria.
Agregó que desde la detención de Nestora Salgado y de autoridades, consejeros y policías de El Paraíso, veían venir más represión, incluso desde el interior de la CRAC donde el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo “hace todo lo que le dice el gobernador”.