Trasladan a Gonzalo Molina a una cárcel de Oaxaca; marchan en Tixtla por la libertad del promotor de la CRAC

Trasladan a Gonzalo Molina a una cárcel de Oaxaca; marchan en Tixtla para exigir su libertad

*Se reúnen policías comunitarios con el alcalde Gustavo Alcaraz y el director de Seguridad Pública Rubén Reyes, quien les advierte que mientras tengan las armas que les quitaron a sus efectivos, el Ayuntamiento no puede desistirse de la denuncia penal. Desde la detención de Nestora Salgado se veía venir más represión, incluso desde el interior de la CRAC donde el coordinador de San Luis Acatlán, Eliseo Villar “hace todo lo que le dice el gobernador”, dice Arturo Campos, de Ayutla

Lourdes Chávez

Tixtla

Sin previo aviso a familiares o a su defensa, el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González fue trasladado a un penal de Oaxaca después de que recibió la visita de abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollán en la prisión de Chilpancingo, el miércoles por la noche.
En protesta ante el traslado, ayer policías comunitarios de Tixtla, respaldados por vecinos del barrio de El Fortín y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa marcharon al centro de la ciudad para demandar la libertad inmediata de Molina González y todos los presos políticos de la institución comunitaria.
Poco antes, representantes y consejeros de la Policía Comunitaria que pertenece a la  Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autóridades Comunitarias (CRAC), se reunieron con el alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca para analizar la demanda que presentó el gobierno municipal contra los comunitarios.
Aunque el comandante regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, Jesús Coronel señaló que el alcalde mostró disposición para resolver de forma jurídica este conflicto, consideraron que podría ser una estrategia de dilación.
Los policías comunitarios marcharon a partir de las 8 de la noche y realizaron un mitin en el Zócalo, alrededor de la estatua de Vicente Guerrero, cantaron consignas y denunciaron el hostigamiento y los ataques del gobierno federal y estatal para dividir a la institución comunitaria.
Antes de que fuera aislado a otro estado de la República en la víspera de la visita del presidente Enrique Peña Nieto, Gonzalo Molina pidió a los integrantes de la Policía Comunitaria, a través del abogado Vidulfo Rosales, que no se movilizaran en la capital, para evitar que les pasara lo que a la coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, recluida en un penal federal máxima seguridad en Tepic, Nayarit.

Tienen los comunitarios seis armas del municipio, acusan; sólo cinco, responden

Luego de la reunión del alcalde con los representantes de la Policía Comunitaria, el director general de Seguridad Pública, Rubén Reyes Zepeda advirtió que mientras la Policía Comunitaria de El Fortín mantenga en su poder las armas que le quitaron a sus efectivos, no pueden desistirse de la denuncia penal que presentó el gobierno municipal contra los comunitarios por lesiones, privación ilegal de la libertad y terrorismo.
Dijo que los comunitarios tienen seis armas de la Policía Municipal que son su responsabilidad, porque están bajo su resguardo en el registro de la Secretaría de la Defensa Nacional pero mencionó cuatro: dos fusiles HK, un rifle que no precisó de qué tipo y una pistola Beretta.
Sin embargo, la Comunitaria aseguró que no son seis sino cinco las armas que tomaron de los policías municipales: dos HK, dos rifles largos AR15 y una escopeta 12 automática. Aseguraron que no tienen pistolas cortas del Ayuntamiento.
No obstante, señalaron que los soldados les han quitado muchas más armas, y durante la detención de Molina González se llevaron tres más.
Los rifles HK son de fabricación alemana y de acuerdo con los organismos de derechos humanos fueron prohibidas en estados con conflictos políticos-sociales, como Guerrero.
El funcionario subrayó que el problema principal de este problema es la posesión de armas de alto poder en manos de los comunitarios, además de las lesiones a los policías municipales, “las más grave en el rostro de uno de ellos”, pero insistió en que el gobierno municipal tiene toda la disposición de dialogar.
Agregó que el diálogo no será a nivel municipal, se tendría que instalar una mesa de trabajo con el gobierno del estado.
Propusieron otra reunión hoy a las 4 de la tarde con los abogados del Ayuntamiento y con los de la Policía Comunitaria para evitar errores en las decisiones y el proceso jurídico, porque quedó claro que es un asunto político.
El comandante Jesús Coronel precisó que exigen la libertad inmediata de Gonzalo Molina y que el síndico retire la demanda contra otros cinco policías comunitarios señalados en la causa penal, “pero nos parece que sólo quieren ganar tiempo”.
Mencionó que el alcalde dijo que esperaba que el caso llegara a feliz término “y tan amigos como siempre”, y ellos le recordaron que la comunitaria no nació para confrontarse con el gobierno, sino para coadyuvar en las labores de seguridad.
Aunque el funcionario reconoció la labor de la Policía Comunitaria, le señalaron que su declaración no correspondía a la realidad, porque estaban deteniendo a sus compañeros.
También se discutió la entrega de las armas a los militares, pero recordaron que quien tiene la responsabilidad del armamento del Ayuntamiento es el municipio, entonces consideraron que en todo caso debían regresar las armas al Ayuntamiento.
En la marcha, el coordinador la Policía Comunitaria de Ayutla, Arturo Campos Herrera negó que los detenidos hayan cometido actos de terrorismo como se les acusa, cuando sólo fueron forcejeos con los policías municipales.
Dijo que distinto a Michoacán, donde han incendiado gasolineras, en Guerrero la Policía Comunitaria no actúa de esa manera. En ocasiones han cerrado calles y tomado presidencias municipales para exigir la libertad de sus compañeros y para denunciar los golpes del Estado a la institución comunitaria.
Agregó que desde la detención de Nestora Salgado y de autoridades, consejeros y policías de El Paraíso, veían venir más represión, incluso desde el interior de la CRAC donde el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo “hace todo lo que le dice el gobernador”.

La detención del promotor de la CRAC en Tixtla?sólo abona a la inestabilidad, señalan CETEG y MPG y piden su liberación

Carmen González, Jacob Morales y Eduardo Albarrán

Tlapa / Chilpancingo / Iguala

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y el Movimiento Popular Guerrerense de la Región Montaña (MPG-RM), demandaron la liberación del promotor de la CRAC-PC de Tixtla, Gonzalo Molina González, y coinciden en que prevalece la persecución del Estado contra los luchadores sociales.
“Estamos molestos, indignados por lo que se hizo en contra del coordinador de la CRAC, de Tixtla, Gonzalo Molina. No es con represión como se van a resolver los problemas en Guerrero”, expresó el dirigente de la CETEG, Gonzalo Juárez Ocampo, en declaraciones a medios de comunicación en Iguala.
Por su parte, el vocero de la CETEG, Minervino Moran Hernández, aseveró que estas acciones son parte de la persecución que prevalece en el estado, por parte del gobierno, que en cualquier momento detiene a los líderes de las organizaciones sociales. Ante esto, recordó que también ellos como dirigentes de la CETEG enfrentan diversas demandadas penales.
Dijo que en su momento la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dará a conocer una postura sobre las detenciones que han ocurrido en los estados del sur del país, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas; y exigirán la liberación de los luchadores sociales al gobierno federal.
Juárez Ocampo enfatizó que con estas acciones, como la detención de Gonzalo Molina y otros líderes sociales, sólo se le abona al clima de inestabilidad política que hay en el estado, y demandó que se le ponga en libertad.
En referencia a los asesinatos de los dirigentes sociales en el estado, el dirigente indicó que la CETEG no puede afirmar que el gobierno estatal haya asesinado a nadie, “pero sí podemos asegurar que hay un clima de afectación a luchadores sociales”.
Consideró que es responsabilidad del Estado clarificar “de manera muy precisa, los asesinatos y agresiones a los luchadores sociales y a sus organizaciones”.
Y lanzó un llamado al gobierno del estado, que aunque no coincidan en los planteamientos políticos e ideológicos de las organizaciones sociales, para que busque la forma de brindar seguridad y se pueda desempeñar adecuadamente la vida política, social y económica en la entidad. “Esta es su responsabilidad”, dijo.
Señaló que mientras las autoridades de los tres órdenes de gobierno no hagan algo al respecto, “los ciudadanos seguirán tomando por sus manos la seguridad, como lo están haciendo en Apaxtla”.
Por su parte, en un documento enviado, el Movimiento Popular Guerrerense de la Región Montaña (MPG-RM) demandó la liberación inmediata del promotor de la CRAC-PC de Tixtla, de Nestora Salgado García y todos los policías comunitarios que el gobierno mantiene presos.
Calificó de injusta la detención y encarcelamiento de los policías comunitarios presos hasta el momento, exigió la devolución del armamento decomisado, pidió un alto al hostigamiento y represión en contra de las organizaciones del pueblo y de los luchadores sociales.
El MPG manifestó su repudio “a la detención cobarde del gobierno del estado, a cargo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, contra el promotor de la CRAC-PC de Tixtla, Gonzalo Molina González, acusándolo de secuestro y terrorismo”.
Lamentó que los gobiernos federal, estatal y municipal utilicen la mentira para la fabricación de delitos, y así apliquen toda la fuerza del Estado en contra de los luchadores sociales para encarcelarlos, asesinarlos o desaparecerlos.
Mencionó que esas acciones demuestran el miedo que siente el Estado, cuando el pueblo se organiza y utiliza un discurso de combate a la delincuencia y despliega efectivos policiacos, del Ejército y la Marina, sin que la violencia desaparezca.
Señalaron que hablar de delincuencia organizada y gobierno, es hablar de lo mismo, y por eso aprehende a los policías comunitarios y libera a los delincuentes, utilizando argucias legaloides contra el pueblo que se organiza para protegerse de la violencia social.
Mencionó que con su indumentaria y apariencia humilde, los policías comunitarios defienden al pueblo y se han convertido en la fórmula eficaz para la convivencia pacífica y libre del terror.
También el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) se pronunció al respecto, en un boletín dijo que “la inseguridad y la violencia social no se detienen, la criminalización de la protesta social se consolida, la imposición de políticas antipopulares avanza y la represión campea en el estado de Guerrero alentada por el paramilitarismo, los asesinatos selectivos y el encarcelamiento de dirigentes populares.”
“Ahora le ha tocado el turno al compañero Gonzalo Molina González, promotor de la CRAC-Policía Comunitaria y luchador histórico por los derechos del pueblo guerrerense, quien fue detenido por la tarde del día 6 de noviembre en Tixtla Guerrero en compañía de David Chanita Molina, acusados de lesiones, privación ilegal de la libertad y terrorismo. Como si se tratará de un feroz delincuente, hoy fue trasladado al penal federal de Oaxaca”.
Asegura que el gobierno del estado busca “desactivar al movimiento social que se desarrolla en toda la entidad ante el embate de las políticas gubernamentales antipopulares y en particular ante el problema de la inseguridad que bajo el esquema de la Policía Comunitaria se ha convertido en una alternativa de vida para muchos pueblos y comunidades”.

Pide Pablo Sandoval la libertad de Gonzalo Molina; el gobierno debe reconsiderar sus acciones, plantea

*Las policías comunitarias son una “necesidad” porque “son la avanzada de un proceso democrático para acabar con el crimen organizado”, asegura

El luchador social Pablo Sandoval Cruz demandó la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Tixtla, Gonzalo Molina Gonzáles.
Consideró que en el estado está “a punto” de repetirse una movilización popular de la escala de la del 30 de diciembre de 1960, cuando se logró la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
El veterano luchador social habló en el acto de reconocimiento que la UAG organizó por la constitución de la primera junta de gobierno de la universidad el 7 de noviembre de 1960, cuando la coalición de organizaciones sociales se sumó a la lucha estudiantil para exigir la autonomía del entonces Colegio del Estado de Guerrero.
En su discurso aseveró que “hoy estamos a punto de repetir esos días con los policías comunitarios, que son la salvación”, ante el embate del crimen organizado y la violencia que se ha generalizado en todo el país.
Dijo que la detención de los policías comunitario no es la forma en la que el gobierno debe de actuar, “tarde o temprano se impondrán las comunidades” para cuidarse de los grupos delictivos.
Señaló que las policías comunitarias que se han conformado en el estado, son una “necesidad”, porque “son la avanzada de un proceso democrático para acabar con el crimen organizado”.
Exhortó al gobierno a reconsiderar su postura ante las detenciones de los líderes sociales que han sido detenidos en los últimos meses como la promotora de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado García.
En su discurso ante unos 100 preparatorianos, directores y funcionarios de la Universidad recordó la lucha que los estudiantes, las organizaciones sociales, pero sobre todo la población civil realizó en aquel año, que conllevó a la destitución del gobierno de Raúl Caballero Aburto, quien asesinó a 19 personas entre ellos a estudiantes. Agradeció el reconocimiento que la Universidad le otorgó y lo recibió en memoria de los caídos ese año.
En el acto estuvo en representación del rector Javier Saldaña Almazán, el secretario general de la UAG, Rogelio Ortega Martínez, los líderes estudiantiles del 60, Jesús Araujo, Juan Alarcón Hernández y los hijos de Ricardo Klimek y de Aarón M. Flores.
En un acto por separado antes del de la rectoría, el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán firmó dos convenios de colaboración con la Secretaría de Salud, la Universidad? Tecnológica de la Región Montaña (UTRM), y con la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y los municipios de Acatepec, Alcozauca y Heliodoro Castillo. (Jacob Morales Antonio / Chilpancingo)