Amparan al dueño de un edificio afectado por el desbordamiento del río Huacapa para que no sea demolido sin indemnización

Los gobiernos federal y estatal intentan demoler el inmueble que se encuentra colapsado porque representa riesgos para terceros. El empresario responsabiliza a las autoridades de no haberlo alertado de la tormenta Manuel y de no tomar medidas preventivas para evitar la catástrofe

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Juzgado Primero de Distrito con residencia en Chilpancingo otorgó un amparo a Rodolfo Kapila Calva Ortega, uno de los empresarios que sufrió daños en su edificio por el desbordamiento del río Huacapa por las lluvias de la tormenta tropical Manuel.
Con la “suspensión de garantías” el empresario frenó la intención de los gobiernos federal y estatal de demoler su edificio, que se encuentra colapsado y que según las autoridades representa riesgos para terceros.
El abogado de Kapila Calva, Gabriel Alonso de Jesús, informó ayer que el amparo también incluye la petición de indemnización y castigo a los responsables, pues responsabilizó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno de no haberlo alertado que venía la contingencia, así como de no tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la catástrofe.
El “incidente de suspensión” es el número 1616/2013 y fue expedido el 7 de noviembre  por el  juez Primero de Distrito, Arístides Marino Santos, “contra actos del procurador General de la República y otras autoridades”.
Mediante el amparo la autoridad federal “concede al quejoso la suspensión provisional que solicita, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se lleve a cabo la demolición del bien inmueble ubicado en el Paseo Alejandro Cervantes Delgado, colonia Universal, propiedad de Rodolfo Kapila Calva Ortega”.
El documento otorgado a Kapila Calva establece, además, que con su otorgamiento “no se vulnera el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, al contrario, serían mayores los daños y perjuicios que se causarían al quejoso si se permite la consumación del acto, en la medida de no poder cuantificar realmente los daños que sufrió su propiedad por el paso de la tormenta Manuel”.
La demanda de amparo fue presentada por el abogado Alonso de Jesús debido a que a mediados de octubre el gobierno del estado, a través de la Subsecretaría de Protección Civil y el Ayuntamiento de Chilpancingo notificaron a Kapila Calva que demolerían su edificio por el riesgo que implica, sin embargo no hubo ningún ofrecimiento de indemnización por parte de las autoridades.
El abogado agregó, sin embargo, que su cliente no está pidiendo dinero, sino solamente que se reconstruya el inmueble que está valuado en 7 millones de pesos.
Antes de recurrir al amparo, el propietario del edificio entregó un oficio al presidente Enrique Peña Nieto, el 9 de octubre cuando recorrió la zona afectada, precisamente donde se encuentra su edificio colapsado, sin embargo el abogado informó que su cliente no tuvo respuesta.
Alonso de Jesús declaró que como consecuencia de los daños y las pérdidas económicas que sufrió Kapila, tuvo problemas de salud y rechazó que el edificio colapsado se encuentre en zona federal, pues aseguró que está a 10 metros después del cauce del río.
Agregó que su cliente responsabiliza al gobierno del estado y municipal por haber hecho mal el encauzamiento.
El abogado manifestó que toda la gente que se encuentra en la misma situación que Rodolfo Kapila Calva está en su derecho de presentar recursos legales en contra de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Dijo que aunque diversos funcionarios han informado que se va a castigar a los responsables tanto de las malas obras que se hicieron como por no haber advertido de los riesgos por la contingencia y no tomar las medidas preventivas, no existe todavía ninguna demanda contra nadie.
Kapila Calva es el primer propietario de las construcciones que fueron colapsadas por el desbordamiento del encauzamiento Alejandro Cervantes Delgado que recurre a un amparo ante la notificación de demolición de los edificios, sin que haya promesa de indemnización por parte de las autoridades.