Sufre Guerrero por la violación sistemática de derechos humanos, dice Felícitas Martínez

La integrante de la CRAC denuncia los casos de asesinato y encarcelamiento de dirigentes sociales. “No se respetan las garantías”, expresa en conferencia de prensa en la ciudad de México

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Felícitas Martínez Solano, denunció ayer en conferencia de prensa convocada por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que “en Guerrero ahora se juntaron las tragedias”, porque por una parte le pegó la tormenta tropical Manuel y por la otra sigue la violación constante y sistemática de los derechos humanos, que va desde el asesinato hasta el encarcelamiento de los dirigentes sociales.
En su intervención la dirigente indígena anunció una movilización el 25 de noviembre para demandar libertad de la dirigente de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García, aunque no informó dónde será esta marcha.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos convocaron a la conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) de la ciudad de México, para emitir su pronunciamiento frente a las recientes recomendaciones de la ONU a México en materia de derechos humanos, en el contexto de la segunda evaluación a nuestro país a través del Examen Periódico Universal (EPU).
Entre las conferencistas asistió la ex coordinadora de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán y actual consejera de la institución indígena, Felícitas Martínez Solano, quien manifestó que la situación en Guerrero es “lamentable”, porque la tragedia se unió, por una parte por la tormenta tropical Manuel y por la otra siguen las violaciones a los derechos humanos, el asesinato, el encarcelamiento, las desapariciones y las amenazas a los defensores y dirigentes de organizaciones sociales.
“En Guerrero ahora se juntaron las tragedias”, dijo, y en el caso de las violaciones a los derechos humanos mencionó el reciente asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino; el caso de la dirigente de los desplazados de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa, y la desaparición de la presidenta de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón.
También mencionó el caso del encarcelamiento de la coordinadora de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado García, y la reciente detención de Gonzalo Molina, la primera enviada a un penal de Tepic, Nayarit, y el segundo a una de Oaxaca, lo cual dijo es una violación a sus derechos humanos.
Agregó que a pesar de todas las recomendaciones que han enviado organismos de derechos humanos internacionales y nacionales para que se termine la impunidad, “no se respetan las garantías en Guerrero, de los pueblos ni los defensores de derechos humanos que somos una voz que denuncia la impunidad”.
Y se quejó: “no ha habido una justicia con equidad, una balanza, un equilibrio no ha habido para las mujeres. Por eso nosotras el 25 vamos a hacer una manifestación por la libertad de la compañera Nestora,  no es posible que ella siendo guerrerense la manden a un penal fuera del estado”.
Añadió que es el mismo caso que sufrió el promotor de la CRAC de Tixtla, Gonzalo Molina, a quien el gobierno estatal lo acusa de terrorismo, “y lo mandaron al estado de Oaxaca, así ¿en qué Estado de derecho seguimos?, algo muy grave está pasando. A unos los acusan por encabezar movilizaciones y otros por secuestro. Es algo lamentable”, dijo.
Denunció que cuando ella fue autoridad de la CRAC, la Comisión de Derechos Humanos a cada rato estaba vigilando sus actividades, “¿pero por qué no vigilan la violación de los derechos humanos en todos los casos que ha cometido el gobierno del estado?”, se preguntó.
Reprochó que no se vigile igual la violación a los derechos humanos de Nestora, que la mandaron a Nayarit, “cuando ella debió haber sido juzgada en Guerrero, no debe de estar fuera de nuestro estado. Esa es una violación de los derechos humanos, igual que el compañero Molina. No se están respetando los mecanismos de derechos humanos, a pesar de que el gobierno del estado dice que sí los respeta”.
También criticó que la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, haya venido a reunirse con el gobernador Angel Aguirre Rivero sólo para promover el turismo en Acapulco, “y no haya hablado de la violación de los derechos humanos de sus hermanos indígenas”.
Denunció también que cuando se asesinan o se agravian los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos, “de inmediato el gobierno dice que todos son de la mafia y eso es lamentable, porque eso no es cierto, no se investiga”.
Una reportera le preguntó cuáles son los mecanismos de seguridad para defensoras como ella, que denuncian la impunidad, y respondió que ella solamente tenía seguridad cuando era autoridad de la CRAC y sólo dentro de su territorio, no fuera de él.
Además agregó que ahora ya no cuenta ni con seguridad en su propio territorio, “ando sin seguridad, ando a mi suerte, cuando me acompaña alguien bien, cuando no, ando sola”.
En el pronunciamiento que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México dio en la conferencia de prensa, da cuenta de cómo a cuatro años transcurridos de la primera revisión y de cara a los resultados de la segunda revisión al país en materia de derechos, “en México las defensoras de derechos humanos y las mujeres periodistas continúan enfrentando riesgos extraordinarios debido a su trabajo”.
Expresan que en el caso específico de las defensoras “persisten los arrestos, maltratos, tortura, fabricación de expedientes, condenas injustificadas, estigmatización, ataques, amenazas, amenazas de muerte, asesinatos, violencia sexual, asesinatos, entre otras. Muchas veces estas agresiones son extendidas a integrantes de su familia”.
Señalan que en este contexto, a pesar de que en junio del 2012 se promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el establecimiento de su mecanismo de protección, “a la fecha este mecanismo de protección no está siendo efectivo, pues no incluye indicadores de género que permitan el establecimiento de medidas de protección específicas para las defensoras y para mujeres periodistas como recomendó recientemente el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Relatora de Defensores de la ONU”.
Reclaman que, igualmente, las defensoras no han sido consultadas sobre la implementación de medidas específicas y la inclusión de un enfoque de género en su funcionamiento.
En este contexto demandan adoptar medidas para que se aplique el Mecanismo Gubernamental de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Así como desagregar la información de tal manera que permita identificar el número de defensoras de derechos humanos que han sido atendidas; las regiones a las que pertenecen; edad y etnicidad para visibilizar su situación particular y llevar a cabo un seguimiento más puntual sobre su situación.
Además, incorporar medidas para llevar a cabo evaluaciones de riesgo con perspectiva de género, que permitan mejorar los mecanismos de protección para las defensoras de derechos humanos.
Asimismo, establecer un mecanismo gubernamental que registre, concentre, unifique y dé seguimiento a las denuncias por los casos de asesinatos, desapariciones y agresiones denunciadas por defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas.
Así como impulsar la elaboración de un protocolo de investigación con perspectiva de género, que pueda ser utilizado por las procuradurías de justicia de los estados en todos los casos donde las defensoras denuncien amenazas y agresiones que están relacionadas con su labor.
Y, finalmente, demandan emprender, como política pública e incorporando la perspectiva de género en las actuaciones, la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas a través de investigaciones exhaustivas e independientes sobre los ataques sufridos, logrando se sancione a sus autores materiales e intelectuales.