Condena la APPG la detención de Gonzalo Molina e insta a frenar la campaña del gobierno contra luchadores sociales

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció que el traslado del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, a un penal de otra entidad, es una falta de congruencia política y jurídica del gobierno de Angel Aguirre Rivero
Consideró que la intención de las autoridades es desactivar la reacción del movimiento, llevando al detenido lejos, a pesar de que están vulnerando sus garantías individuales.
Consideró que el argumento del secretario de Seguridad Pública del estado, Javier Lara Montellanos, de que en la cárcel de Chilpancingo hay antecedentes de amenazas contra los integrantes de la Policía Comunitaria de la CRAC, es una justificación para una acción irregular, como la prisión preventiva en un penal federal de la coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, acusada por un delito del fuero común.
Ratificó que la APPG condena la detención de Molina González, acusado de lesiones y  terrorismo, cuando las autoridades federal, estatal y del municipio de Tixtla deben resolver este tema a través de consensos, en lugar de agudizar un conflicto.
Recordó que este periodo de gobierno se está caracterizando por la persecución, detención “y lo más trágico”, el asesinato de activistas y defensores. Mencionó el caso de los dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa asesinados en Chilpancingo durante un desalojo policiaco a balazos en diciembre de 2011; el homicidio de integrantes y del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, en Iguala, en junio pasado; el asesinato del líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARZES), Raymundo Velázquez Flores, y el de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, ocurrido hace tres semanas.
Consideró que esta radiografía presenta la aniquilación de luchadores sociales y el hostigamiento a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que ha sido dividida por una estrategia del gobierno federal, “rompiendo ese gran proyecto que ya tenía 18 años y que ya vemos consecuencias, primero dividirla, encerrarlos, arraigarlos y tenerlos en la mira como delincuentes de alta peligrosidad”.
Adelantó que en una asamblea estatal, la APPG va a definir un plan de acción para aglutinar a fuerzas afectadas para detener la embestida del gobierno contra los luchadores sociales de Guerrero y del país. (Lourdes Chávez  / Chilpancingo)