El martes, la reunión de la CRAC en Gobernación para pedir la liberación de los once detenidos, informa Eliseo Villar

Advierte que no abogarán por la excarcelación de Gonzalo Molina, pero sí por la de Nestora Salgado y Bernardino García. Califica de “necio” al diputado panista Jorge Camacho por plantear una nueva ley para la Policía Comunitaria

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo, dijo ayer que el diputado local del PAN, Jorge Camacho Peñaloza, “está muy fuera de onda” y que es un “necio” al pretender reformar el reglamento de la Policía Comunitaria, cuando la corporación indígena lleva 18 años funcionando bajo su propio reglamento sustentado en el Convenio 169 de la OIT y recientemente por la Ley 701 estatal.
Informó, por otra parte, que el martes a las 12 del día se realizará una reunión en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, para gestionar la libertad de los 11 miembros de la CRAC detenidos, entre ellos los coordinadores Nestora Salgado García de Olinalá y Bernardino García Francisco de El Paraíso, Ayutla.
Pero adelantó que no intervendrán por la libertad del promotor de Tixtla, Gonzalo Molina, y de David Chanita Molina, porque éstos ya habían sido expulsados de la Casa de Justicia de El Paraíso “y eran responsables de sus propios actos”.
Respecto a la iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que presentó al Congreso local el diputado panista Jorge Camacho Peñaloza, en la que propone reformas a la Policía Comunitaria, Villar Castillo dijo que de antemano la CRAC rechaza la propuesta, y añadió que el diputado está “muy fuera de onda, no sabe que nosotros ya estamos reglamentados por el Convenio 169 de la OIT y por la Ley 701 estatal”.
La iniciativa del diputado Camacho establece que “es imperante restaurar el orden en la entidad a través de un marco normativo claro que fije los límites del actuar de estos grupos”.
Asimismo, propone definir a los Grupos Comunitarios de Defensa como auxiliares de la seguridad pública que realizan labores de seguridad, vigilancia y protección de personas, bienes y caminos de su comunidad.
“Se propone llamarles Grupos Comunitarios de Defensa, el cual constituye una clasificación o denominación que busca, por un lado, describir su origen y función, y por otro dejar de lado cualquier consideración que mal-informe sobre su origen y legitimidad comunitaria, así como sobre las labores que realizan”, dice la iniciativa del panista.
Y agrega: “a los Grupos Comunitarios de Defensa que hayan sido reconocidos por los Ayuntamientos correspondientes, podrán ser acreedores de estímulos, compensaciones y equipamiento –no refiriéndose a armamento– para realizar la función de seguridad. Ello, con el objeto de promover e incentivar prácticas y mecanismos de participación ciudadana positivos y de reconocer el trabajo comunitario que realizan”.
En otra parte propone que: “el actuar de los Grupos Comunitarios de Defensa está sujeto a la plena observancia de principios y valores democráticos. El carácter de auxiliares de la seguridad pública les obliga a conducirse en cumplimiento a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, además del respeto a los derechos humanos, a la no discriminación, a la equidad, certeza, objetividad e imparcialidad”.
En respuesta a esa iniciativa de Camacho Peñaloza, en entrevista telefónica el coordinador de la CRAC de San Luis Acatlán, Villar Castillo, dijo que el diputado “está ciego y es un necio, no entiende que la Policía Comunitaria lleva 18 años funcionando”.

Dijo que la CRAC y su Policía Comunitaria no necesitan de nuevos reglamentos y adelantó que van a rechazar la iniciativa del diputado panista.
Por otra parte, Villar Castillo informó que el próximo martes a las 12 del día se reunirán con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, para pedir la libertad de los 11 integrantes de la CRAC que se encuentran detenidos, entre ellos los coordinadores Nestora Salgado García de Olinalá y Bernardino García Francisco de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla.
Informó que también van a pedir al funcionario federal la devolución de las armas que les decomisaron los elementos del Ejército mexicano y la licencia colectiva 110 para poder portar armas.
Villar Castillo informó que el caso de Nestora Salgado García es diferente del de Gonzalo Molina, porque esta “estaba ejerciendo su papel cuando fue aprehendida”.
Y añadió: “Gonzalo ya estaba anticipado y desconocido, por lo tanto sus acciones quedaron bajo su propia responsabilidad”.
El coordinador de la CRAC descalificó al promotor de Tixtla detenido, pues dijo que “todo el tiempo estuvieron grillando ante los medios de comunicación, pensaron que los medios les iban a resolver sus problemas y ahora allí están las consecuencias”.
Expresó que Gonzalo Molina sabe que se salieron del reglamento de la CRAC y que violaron las leyes.