Se le “olvidó” a Misael Medrano una reunión con la Policía Ciudadana de Temalacatzingo, se quejan

*Exigen la destitución del director de la Policía Municipal de Olinalá, Lorenzo Medardo, por abuso de autoridad; “usa a los efectivos con fines políticos y personales, agrede y discrimina a ciudadanos y comisarios indígenas”, acusan. Piden que la iniciativa para la creación de la Policía Rural no se utilice para limitar a los pueblos originarios

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El subsecretario de Asuntos Políticos, Misael Medrano Baza, no acudió a una reunión de seguimiento con integrantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, quienes lo acusaron de dejar en entredicho sus funciones como servidor público.
Los coordinadores Citlali Pérez Vázquez, Luis Urpicio y Yoltsin Ceferino Santos, cuestionaron, “¿Quién violenta la ley cuando se ignora de esta forma a las comunidades?” pues no saben qué van a decir cuando lleguen sin avances a la asamblea de los pueblos, “por acciones como esta, la gente no confía en el gobierno”.
Pérez Vázquez señalo que “a las autoridades no les interesa el desarrollo de las comunidades a pesar de sus discursos; nosotros estamos en la disposición de dialogar y hemos dicho que por la vía pacifica vamos a sacar cualquier conflicto social pero no hay interés de las autoridades de resolver las demandas y necesidades sociales”.
Explicó que desde diciembre buscaron una reunión con las autoridades estatales para presentarle sus demandas sobre conflictos de seguridad, educación, salud, incluso políticos que están ocasionando división entre los pueblos.
Recordó que el 18 de octubre se instaló la mesa de trabajo con el subsecretario Medrano Baza en Chilpancingo, pero les dijo que no estaba en sus manos resolver sus planteamientos, que  necesitaba llamar a los responsables de distintas  dependencias para discutir las soluciones.
Entonces se acordó la reunión de ayer en el Palacio de Gobierno con funcionarios de la Procuraduría ?General de Justicia del Estado (PGJE) y del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), pero Medrano dijo que se le olvidó, al final los atendió porque ya se iba.
En esta situación no tuvieron más opción que redactar otra minuta para acordar una nueva reunión para el 22 de noviembre a las 12 del día, que está vez el funcionario anotó en su agenda y se comprometió a que para entonces tendrán respuestas.
Se acordó que en dos semanas tendrán mesas de trabajo con funcionarios de la PGJE, del IGIFE, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de  Conafe, de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) y al titular del Ministerio Público y alcalde de Olinalá para atender su pliego de demandas. “Dice que ahora sí va a haber seriedad, esperamos que para esa fecha se cumpla el acuerdo”.
La joven coordinadora indicó que el Movimiento por la Soberanía de la CRSJ-PCP que se estructuró hace un año pero que ha funcionario desde mucho antes exige respeto a la organización comunitaria porque de 2007 a 2013 se han girado más de cien órdenes de aprehensión contra ciudadanas y ciudadanos de la oranización.
Las razones son porque participan en la Policía Ciudadana y Popular, por conflictos agrarios y por conflictos políticos, aunque aún no tienen detenidos, aseguró que se utilizan los procesos para hostigarlos los detienen en las carreteras y no pueden transitar libremente.
Asimismo exigieron la destitución del director de la Policía Municipal de Olinalá, Lorenzo Medardo Vázquez, por abuso de autoridad: “usa a los efectivos con fines políticos y personales, agrede y discrimina a ciudadanos y comisarios indígenas”.
Además, que la iniciativa para la creación de la Policía Rural no se utilice para limitar a los pueblos originarios, “nosotros no queremos una ley que lesione los derechos de los pueblos a tener su propio sistema de seguridad y justicia”.
Recordó que el artículo 35 de la Ley 701 plasma que las autoridades de gobierno deben respetar las normas internas de las comunidades indígenas, “tenemos derecho a tener normas y un reglamento propio”.
También demandaron la creación del municipio autónomo con las más de 30 comunidades que integran el territorio de los bienes comunales de Temalacatzingo, el cumplimiento de minutas firmadas con el Ayuntamiento de Olinalá y la destitución del director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
Del último punto explicó que el funcionario usa los programas de la institución para  la manipulación política, dirige los apoyos a militantes de la organización priista Antorcha Campesina y en lugar de desarrollo, “están ocasionando divisionismo y conflicto entre los ciudadanos”.
También piden la construcción de un hospital comunitario en Temalacatzingo, porque el servicio de salud es muy deficiente, así como la conclusión de obras de escuelas que han dejado abandonadas el Conafe y el IGIFE de toda la zona 10 sector 03 de educación básica, entre otros.