La Policía Comunitaria de Tixtla no espanta ni causa terror; resguarda la tranquilidad y la población la apoya, afirman

*Presentarán los abogados las minutas de las reuniones con el gobierno en las que ha participado Gonzalo Molina, que demuestran que es un ciudadano que se ha dedicado a la lucha social, no a la delincuencia ni al terrorismo, dice el defensor Hegel Mariano

Fernando Hernández

Tixtla

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, declaró que únicamente para los ojos del gobernador, Ángel Aguirre Rivero y para las procuradurías generales de la República y del estado, Gonzalo Molina es un terrorista.
En conferencia de prensa ayer en el cuartel de la Policía Comunitaria de Tixtla, ubicado en la cancha de la colonia El Fortín, Rosales Sierra expresó: “Como Tlachinollan queremos expresar toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo para el compañero Gonzalo quien es una persona comprometida con la lucha por la seguridad y que en el pasado encabezó otras luchas simbólicas. Ha sido una persona con una trayectoria intachable, creo que de ahí no podemos cuestionar el trabajo como luchador social del compañero”.
“Solamente la Procuraduría y Ángel Aguirre Rivero se empeñan en afirmar que Gonzalo Molina es terrorista, porque a la población de Guerrero le queda muy claro de quien se trata”, acotó.
Agregó que “también nos queda claro en qué contexto surge la Policía Comunitaria, surge ante la incapacidad de las autoridades y la corrupción de los órganos establecidos, así como la podredumbre que permea en las instituciones responsables de la procuración? y la administración de la justicia”.
Y recordó que en Tixtla surge en ese mismo escenario, en el que la delincuencia organizada logró infiltrarse por completo en la Policía Municipal que es la corporación responsable de la prevención del delito y la que tiene el primer contacto con los ciudadanos.
E ironizó que tras la detención de Molina surgen voces que dicen que “en Tixtla la gente se espanta cuando ve a la Policía Comunitaria, pero quienes se espantan son ellos”, en alusión?a los policías municipales, señalados de estar bajo el mando de la delincuencia organizada.
En tanto que el abogado y defensor de derechos humanos Hegel Mariano Ramírez sostuvo que “es un error político querer darle? –a la detención de Gonzalo Molina– un enfoque estrictamente jurídico a este conflicto político y social”.
El defensor de Derechos Humanos calificó como un error que las autoridades de los tres niveles de gobierno hagan todo tipo de intentos por deslindarse: “el gobierno del estado dice que ellos no denunciaron, y que fue el municipio y el mismo presidente municipal nos dijo que en una reunión acordaron integrar la averiguación por estos hechos, el Ayuntamiento presentó la denuncia a través del síndico procurador entonces ahí hay una responsabilidad de ambos órdenes de gobierno y ninguno de ellos se puede deslindar”.
Y visualizó que el proceso que enfrenta el coordinador de la CRAC en Tixtla será “una oportunidad para poner a prueba al sistema judicial”.
“Todas las minutas en las que Gonzalo ha participado, con el gobierno y con las autoridades, muestran que es un ciudadano que se ha dedicado a la lucha social y no a la delincuencia. De otra forma pues no estaría sentándose a dialogar con el gobierno. Queremos mostrar todo ese contexto al juez, para demostrar que es un conflicto político y social, en el que el gobierno al no poder resolverlo, y atender la demanda de la gente se le hace más fácil detener. Es un problema que el gobierno no quiere, ni tiene tiempo para resolver, y armonizar el sistema de seguridad y justicia comunitario y el derecho ordinario” con las leyes ya establecidas.
Y abundó en que para nosotros como abogados es una oportunidad para poner a prueba también las instancias legales”.
En la rueda de prensa el policía comunitario Lucio Abraham Juárez dijo que “nosotros como Policía Comunitaria de aquí de Tixtla? estamos manifestando nuestra inconformidad por lo que ha hecho el presidente municipal principalmente con nuestro compañero Gonzalo Molina González.
Lamentablemente él lo está acusando de cosas que no son. Nosotros podemos asegurar y atestiguar con evidencias los hechos de todo lo que se le acusa que no es cierto. Pero de todos modos seguimos buscando la forma de cómo entablar un diálogo con el presidente para ver las posibilidades de su liberación.
En general “la gente de aquí de Tixtla está inconforme por haber hecho este acto, está inconforme en cómo ha actuado el presidente municipal. Nosotros le habíamos manifestado varias veces que nosotros no andamos haciendo nada en contra de su gobierno y lo que estamos haciendo, y lo que hemos buscado siempre es apoyar a la ciudadanía, y que la gente se sienta segura y tranquila y que pueda salir a cualquier hora del día y de la noche sin temor a nada”.
Eso ha sido “lo que? la las autoridades municipales, estatales y federales les ha indignado, el que la gente nos está apoyando”, acotó.
Y recordó que en lo que va del estado de emergencia que impera en Tixtla desde el 14 de septiembre pasado, cuando se desbordó la laguna e inundó a miles de casas principalmente en el tradicional barrio del Santuario “hemos estado al pie de lo sucedido, brindando el apoyo a toda la ciudadanía sin distinción alguna, hemos estado apoyado en la limpieza de las casas ahora que está bajando el nivel de la inundación. Tenemos evidencias, pero aun así viendo que estamos trabajando, y que estamos apoyando a la gente, anda ahí el gobierno, los federales, las Fuerzas Especiales, vigilándonos, pensando que vamos a asaltar o que vamos a robar, no sé…”.
Abraham Juárez reiteró, “nosotros pedimos el apoyo, y que se considere la situación del compañero Gonzalo y que esto no es de lo que se le está acusando, nosotros queremos que las autoridades tengan claro que nuestro objetivo no es ese, andar haciendo mal a la gente”.
“Da tristeza ver las acciones que el gobierno emprende en contra de nosotros. El alcalde y los policías municipales, así como el síndico de Tixtla (David Martínez) hacen mención y acusaciones que no son, dice que la gente al ver a la Policía Comunitaria se echa a correr y se esconde. Eso es mentira”, sostuvo.
Abundó que “lo único que nosotros hemos venido haciendo fue resguardar la tranquilidad de la población, y la población nos ha apoyado”.

Anuncian movilizaciones para exigir la liberación de Gonzalo Molina

La policía comunitaria Rosario Cano anunció que las movilizaciones no se detendrán hasta que se consiga la liberación de Gonzalo Molina.
En este sentido mencionó que las movilizaciones para denunciar como injusta la detención de Molina irán incrementando su intensidad.
“Sin embargo éstas van a seguir siendo totalmente pacíficas en ningún momento pensamos hacer algo en contra de la población o en contra de alguna persona. Pero las protestas continuarán hasta conseguir la liberación de nuestros compañeros detenidos”, acotó.
Manifestó que “justamente estamos convocando, no solamente a las organizaciones civiles sino también a todos los sectores de la población a que se unan, porque solamente unidos es como vamos a conseguir mejores resultados”.
La policía agregó que la idea es “realizar un plan de acción, que no solamente tenga nuestras demandas presentes sino también las demás organizaciones”.
Y anunció que hoy alrededor de las 12 horas tienen pensado marchar desde las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), “para seguir exigiendo la liberación” de sus compañeros.

La Casa de Justicia del Paraíso, la más atacada

En mayo de este año los pueblos y barrios de Tixtla se incorporaron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), adhiriéndose a la Casa de Justicia del Paraíso.
El 22 de agosto de este año, soldados del Ejército mexicano en coordinación con otras corporaciones policiacas sin mostrar una orden judicial se introdujeron a la Casa de Justicia del Paraíso y detuvieron a más de 30 policías comunitarios, dos coordinadores y decenas de consejeros entre ellas la coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado quien todavía está recluida en un penal de máxima seguridad en el estado de Nayarit.
En ese operativo se puso en libertad a 39 personas que se encontraban sujetas a un proceso de investigación en base al sistema de justicia de la CRAC y por ello estaban siendo procesadas.
Los testimonios de esas personas fueron utilizados para iniciar acciones penales por el delito de secuestro.
Las detenciones efectuadas en contra de los policías comunitarios, consejeros y coordinadores motivó protestas en diferentes partes del estado.
El 26 de agosto como parte de las protestas los policías comunitarios tomaron simbólicamente el Ayuntamiento de Tixtla.
A las 11 de la mañana de ese día los integrantes de la Policía Comunitaria trataron de dialogar con los policías municipales, mismos que han sido señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada que opera en la zona, y así explicarles el motivo de su presencia y sus protestas, así lo refieren distintos registros periodísticos de esas fechas.
Sin embargo varios elementos de la Policía Municipal se colocaron en posición de ataque para dispararles, por lo que los policías comunitarios tuvieron que defenderse, y así evitaron el posible escenario de ser masacrados.
La Casa de Justicia del Paraíso, que ha sido la más atacada desde la administración de Aguirre Rivero, se incorporó al sistema de la CRAC el 22 de diciembre del 2012 en una asamblea regional que se llevó a cabo en la comunidad de la Concordia, perteneciente al municipio de Ayutla.