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Piden que se investigue la deuda por 322 millones que dejó en Salud el gobierno calderonista

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

El senador Pablo Escudero del Partido Verde Ecologista pidió al pobierno federal realizar una investigación a fondo sobre el adeudo de 322 millones de pesos que dejó el gobierno del presidente Felipe Calderón en la Secretaría de Salud (Ssa).
En entrevista, el presidente de la Comisión Anticorrup-ción del Senado, consideró que diversas instancias federales deben aclarar si sólo se trata de desorden administrativo o si hay delitos que perseguir.
“El tema es preocupante. Me parece que las autoridades competentes, llámese Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación tendrán que hacer una exhaustiva investigación”, dijo.
“Que se determine si fue el constante desorden del Gobierno de Felipe Calderón”.
Reforma reveló ayer que en el último año del sexenio calderonista, cuando se llevaron a cabo elecciones, el gasto en comunicación social se disparó en la Secretaría de Salud.
La dependencia tiene una deuda de 322 millones de pesos con 260 medios de comunicación por campañas publicitarias contratadas en el sexenio pasado que no fueron pagadas.
Interrogado al respecto, el legislador del Partido Verde Ecologista de México pidió que se aclare si esos recursos públicos fueron utilizados con fines electorales.
Recordó que el propio Instituto Federal Electoral (IFE) realizó diversos señalamientos en contra del entonces presidente panista.
“Que se aclare si se usaron estos recursos con fines electorales. No sería la primera vez, sólo hay que recordar las resoluciones del IFE donde se acredita que en múltiples ocasiones Calderón violó la ley con fines electorales”, señaló.
¿Se trata de un caso de corrupción?, se le preguntó.
“Las autoridades tendrán que decirlo. Pero por lo pronto de negligencia e ineficacia sí”, respondió.
En 2012, la Secretaría de Salud elevó su presupuesto para campañas hasta llegar a los 2 mil 773 millones de pesos, de acuerdo con el informe de gasto ejercido en comunicación social por parte del gobierno federal.
“Me parece que las autoridades competentes, llámese la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación tendrán que hacer una exhaustiva investigación”, aseveró el senador.

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