Presentan damnificados de Tixtla un proyecto para evitar nuevas inundaciones a diputados

*Costaría 585 millones de pesos e incluiría el drenaje. Exigen las tarjetas para enseres domésticos. Quechultenango está en la misma situación, los damnificados tomaron el Ayuntamiento para pedirlas, dice el perredista Bernardo Ortega. Piden la libertad de Nestora Salgado y Gonzalo Molina o al menos que les garanticen un juicio justo. No se justifican los señalamientos de terrorismo, pues la organización coordinó la ayuda en la contingencia, informan

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Integrantes del Consejo de Damnificados por el agua de la laguna de Tixtla se reunieron ayer con integrantes de la Comisión de Gobierno del Congreso local, a quienes les presentaron un proyecto de 585 millones de pesos para evitar futuras inundaciones y la construcción de la red de drenaje en la cabecera de ese municipio.
Uno de los puntos que trataron en la reunión fue la solicitud de los damnificados a los diputados para que intervengan desde el Poder Legislativo por los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Gonzalo Molina Gonzáles de Tixtla y Nestora Salgado García de Olinalá, la solicitud fue para que pidieran su libertad o en su caso un juicio justo.
En el primero de los casos afirmaron que la Policía Comunitaria realizó trabajos ininterrumpidos desde el inicio de la contingencia el 15 de septiembre, organizados precisamente por el promotor Gonzalo Molina, quien fue detenido el miércoles pasado por agentes ministeriales y es acusado de terrorismo, lesiones y privación ilegal de la libertad, mientras que ayer los damnificados de la cabecera municipal afirmaron que “junto con los muchachos de Ayotzinapa (normalistas) fueron los que más nos ayudaron”.
Recordaron que los integrantes de la CRAC los ayudaron a rescatar sus pertenencias de las casas inundadas, vehículos, a dar seguridad por las noches, mientras que los policías municipales se mantenían “como observadores”.
Ayer en una segunda reunión, los damnificados plantearon a los integrantes de la Comisión de Gobierno que los acompañaran mañana a un encuentro con el gobernador Ángel Aguirre Rivero en Casa Guerrero a la una de la tarde, “para hacer presión y se consigan más recursos”.
En la reunión estuvieron los coordinadores de las fracciones del Congreso: el perredista Bernardo Ortega Jiménez,? el priista Héctor Apreza Patrón, de Movimiento Ciudadano (MC) Mario Ramos del Carmen y la panista Delfina Concepción Oliva Hernández, la reunión fue en la sala José Bajos Valverde en el recinto legislativo.
Los damnificados invitaron a los diputados para que los visitaran en la cabecera municipal y se percataran del “nivel de afectación” en el municipio, por lo que el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega bromeó comentando que aprovecharían para comerse unos pescados y “charalitos de los que sembraron”, en referencia al supuesto negocio del alcalde Gustavo Alcaraz Abarca, por el que no quiso desazolvar los resumideros para no perder su producción.
Acordaron que la próxima semana acudirán a un recorrido a las zonas más afectadas acompañados del coordinador del Ejecutivo, Humberto Salgado Gómez, el alcalde Gustavo Alcaraz y el enlace del municipio con el gobierno estatal, Ricardo Castillo Barriento. Los damnificados aceptaron a pesar de que acusaron que “el alcalde ha tenido una actitud intolerante y poco receptiva con los afectados”.
Los damnificados insistieron a los diputados que en ese momento se comunicaran con funcionarios de las dependencias federales, éstos dijeron a los diputados que todavía no terminan de entregar las tarjetas y que en cuanto las familias estén en sus casas (si éstas son habitables) de inmediato se las entregarán.

El proyecto

Los damnificados plantearon un proyecto que llevaría el agua de la laguna de Tixtla a los municipios de Mochitlán y Quechultenango cuando suba su nivel y antes de que afecte a la zona urbana de la cabecera.
El ingeniero Alberto de la Cruz Reyes, también damnificado, explicó que el proyecto consiste en la construcción de un túnel de 50 mil metros lineales al sur de la cabecera que representa un costo de 130? millones de pesos. Para el desazolve de la zona afectada requieren 250 millones. Para un bordo que contendría el agua evitando que invada terrenos de siembra y viviendas necesitan 4 millones, para la limpieza de los resumideros 1 millón y para la red de drenaje y cárcamo de bombeo 200 millones.
El proyecto suma 585 millones de pesos, ahí urgieron a los diputados para que se concrete la red de drenaje, porque dijeron que es necesario quitarle a los políticos, como los ex alcaldes y diputados, la promesa eterna de una necesidad sentida de los tixtlecos porque en las campañas electorales todos prometen solucionar el problema y de ahora en adelante el ofrecimiento será remediar el problema de las inundaciones, advirtieron.
Los diputados reconocieron que es una cantidad “muy grande” y no se comprometieron a conseguirla toda para el ejercicio fiscal 2012, pero afirmaron que junto a los diputados federales buscarán la manera de obtener la mayor cantidad de recursos posibles, pero pidieron que la propuesta que les presentaron sea consensada con todos los sectores del municipio, el Ayuntamiento, el gobierno estatal y los legisladores federales.
También pidieron a los diputados que exhortaran a las dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a expliquen el procedimiento para obtener las tarjetas para enseres domésticos que prometió el gobierno federal porque las han entregado “de manera selectiva”.
El diputado Bernardo Ortega afirmó que en Quechultenango están en la misma situación, incluso que los damnificados tomaron el Ayuntamiento en exigencia de la entrega de las tarjetas.
Los damnificados insistieron a los diputados que en ese momento se comunicaran con funcionarios de las dependencias federales, éstos dijeron a los diputados que todavía no terminan de entregar las tarjetas y que en cuanto las familias estén en sus casas (si éstas son habitables) de inmediato se las entregarán.
Otro de los temas, plantearon a los diputados, es que los damnificados del barrio Camposanto pagarán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una reinstalación de 180 pesos cada uno para tener nuevamente el servicio y pidieron que a través de un exhorto o de una solicitud directa pidan a la paraestatal que condone ese pago, porque las familias afectadas perdieron sus bienes y dinero y muchos de ellos aún no trabajan.
Entre los asistentes estuvo el maestro cetegista Jorge García Hernández miembro del Consejo de Damnificados, quien denunció que el gobierno municipal y estatal está retirando los alimentos a los albergues de damnificados de Tixtla, además de que ya “nos están pidiendo las escuelas”, sin que el Ayuntamiento les proponga algún espacio para refugiarse.