Con Aguirre, una de las peores embestidas contra el movimiento social, denuncian ONG

*Suman en el actual gobierno 13 luchadores sociales asesinados, como si acabar con ellos fuera el objetivo de este gobierno, dice la Redgro. Critican la lentitud de la Codehum para tramitar las medidas de protección que pidió Luis Olivares, después de que fue amenazado de muerte y cinco días después, cuando fue asesinado, no se habían otorgado

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de organismos civiles y no gubernamentales de derechos humanos (ONG) denunciaron que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) bajó su perfil en la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y convocaron al presidente, Juan Alarcón Hernández, a tener el mismo  compromiso que demostró con los movimientos sociales en el periodo de Zeferino Torreblanca Galindo.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que un organismo de derechos humanos más activo “hace bien a las luchas sociales, al pueblo de Guerrero y fortalece la democracia”.
El secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, señaló que Guerrero atraviesa por una de las peores embestidas contra el movimiento social, de parte del gobierno, en el periodo de Ángel Aguirre Rivero suma 13 luchadores sociales y defensores de los bosques, asesinados; “preocupa porque prácticamente están acabando con los luchadores sociales, como si ese fuera el objetivo de este gobierno”.
La crítica a la Codehum se deriva de la lentitud del organismo público en gestionar medidas cautelares para el dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, que se pidieron el martes 5 de noviembre, pero el domingo 10 los funcionarios argumentaron que seguían analizando si se otorgaban de forma personalizada o a toda la colonia Fuerte Emiliano Zapata en Coyuca de Benítez, donde ya había ocurrido un asesinato y la detención arbitraria de cuatro vecinos por soldados y policías ministeriales.
El dirigente fue asesinado el domingo en su casa de esa colonia de Coyuca de Benítez, y el gobierno del estado anunció que por la noche recibió la petición telefónica de la Codehum para dar garantías a la esposa del dirigente.
Sin embargo, ayer los abogados denunciaron que a las 2 de la tarde, no habían recibido ningún aviso en el domicilio que señalaron para notificaciones sobre las medidas de seguridad, por lo tanto, no había certeza de que se hayan implementado las medidas que anunciaron mediante un boletín de prensa el domingo en la noche.
En conferencia de prensa, el secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, informó que no confían en los órganos del país y van a analizar con los familiares y los integrantes de la OPPCG, pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rosales Sierra recordó que en 2009 la CIDH emitió medidas cautelares para 107 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), pero también podrían pedir la instalación de mesa temática sobre derechos humanos en Guerrero, como la que se realizó en 2007, para presentar los casos de asesinatos y represión a los movimientos sociales, agravados en los últimos meses.

Seguirán la defensa de
integrantes de OPPCG

Del Centro de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, Alejandro Ramos Gallegos, expresó su preocupación por el homicidio de Olivares Enríquez y su compañera, después de que fueron detenidos con violencia cinco integrantes de la OPPCG, acusados del homicidio del líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, sometidos a un arraigo y obligados a hacer declaraciones bajo tortura, mismas que denunció el dirigente social asesinado ante el Ministerio Público.
Asimismo, el sábado 2 de noviembre fue asesinado David Romero, vecino de la colonia Fuerte Emiliano Zapata y primo de Luis Olvares, y junto al cuerpo,  los homicidas dejaron una amenaza de muerte para Olivares Enríquez.
Por ello, la semana pasada solicitaron medidas de protección, “pero el gobierno no actuó de manera pronta y ahí tenemos este resultado”, djo el abogado.
Mientras en Acapulco la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informaba sobre la consignación de los cinco arraigados de la colonia Fuerte Emiliano Zapata al Juzgado Séptimo y su traslado a prisión, en Chilpancingo. Los abogados de los organismos civiles de derechos humanos anunciaron que van a asumir su defensa.
Ramos Gallegos dijo que las autoridades dicen que tienen las pruebas para imputar a los detenidos el crimen de Velázquez Flores, pero insistió en que las declaraciones obtenidas bajo tortura no son válidas.
“Claro que nos interesa que en todos los casos se encuentre al culpable, pero no es posible que la investigación de las autoridades, diga que gente de la misma organización social haya privado de la vida a un dirigente”.
Olivares Hernández añadió que preocupa y causa sospecha la rapidez con que actúan la PGJE en algunos casos, y muchos otros, como el asesinato de Juventina Villa Mojica, dirigente de los desplazados de La Laguna, en la sierra de Coyuca de Catalán, con su hijo de 12 años, que va a cumplir un año y sigue en la impunidad.
También señaló el caso del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina, que tras su detención, de inmediato fue trasladado a un penal de Oaxaca “pero en otros definitivamente no hay nada”.
Advirtió que a la fecha se pueden contar con los dedos de la mano los líderes sociales y defensores de derechos humanos que están exigiendo justicia y solución a las demandas de los pueblos; “tenemos bien ubicados cuáles son las organizaciones sociales más activas y sobre quienes podrían, en determinado momento, darse un posible atentado o ataque contra de ellos.
No obstante, consideró que todas las organizaciones sociales y de derechos humanos deben estar alertas.
Rosales Sierra advirtió que el papel de la Codehum en el sexenio de Aguirre Rivero ha disminuido en relación a la actuación más activa y solidaria –en los términos que señalan sus documentos–, en el sexenio de Torreblanca Galindo.
“No tiene el mismo perfil y es preocupante porque se refleja en casos como éste (el homicidio de Luis Olivares), y en el de la CETEG donde pudo haber desempañado papel mucho más activo que inhiba la represión”.
Recordó que años atrás, la Comisión se trasladaba de inmediato ante denuncias de incursión militar en Las Ollas, una comunidad desplazada por la violencia en la sierra; realizó con rapidez la diligencias en la desaparición forzada y luego la ejecución de los luchadores sociales Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y cuando integrantes de Tlachinollan sufrieron una persecución en la carretera de Ayutla a Tecoanapa, y la comisión fue por ellos a Tierra Colorada, “sin mayor trámite burocrático sin mayor análisis”.
Convocó al presidente de la Codehum a asumir el compromiso que tenía con las organizaciones sociales, ante la regresión como en los tiempos de la guerra sucia en los 70, que se está viviendo en Guerrero .
Rosales Sierra condenó el “cobarde y artero homicidio contra Luis Olivares”, y también denunció que las autoridades no están cumpliendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2012, que exigía una investigación exhaustiva de los asesinatos de los luchadores y defensores, para que no se queden en la impunidad.
Indicó que desde la muerte de  Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce, no hay una sola persona procesada ni indicios de quiénes son los responsables de quién está asesinado a los luchadores sociales.
“Obviamente hay en México un clima de violencia, que desdibuja la obligación del Estado para salvaguardar el trabajo de los luchadores y defensores de derechos humanos, pero eso no lo exime de su obligación. Existen una serie de tratados que hablan del deber de los gobiernos para hacer posible que el trabajo de los defensores se realice en un marco de tranquilidad”.
Reiteró la demanda de que en Guerrero se cumpla con el informe de la CIDH , para que haya una investigación pronta, imparcial, exhaustiva para sancionar a todos los responsables de asesinatos de defensores, en particular el de Luis Olivares Enríquez.