Los asesinatos de activistas no son crímenes de Estado, dice Iñaki; dará un informe en 15 días

*Atribuye el procurador a los jóvenes detenidos en Coyuca de Benítez el homicidio de Raymundo Velázquez. El móvil fue que el dirigente de la LARSEZ no entregó láminas comprometidas, asegura. No hay persecución contra luchadores sociales, sostiene el vocero gubernamental José Villanueva

Daniel Velázquez

Los cuatro hombres arraigados desde el 29 de octubre por el asesinato del líder de la Larsez, Raymundo Velázquez, y dos de sus compañeros fueron consignados al juez y están en el penal de Las Cruces, informó el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera.
Indicó que el móvil del homicidio fue dinero, y adelantó que en 15 días dará un informe de las investigaciones que se siguen en torno a los asesinatos de los luchadores sociales.
El procurador, acompañado del vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, dio una conferencia de prensa en las oficinas de la Promotora Turística (Protur) de Acapulco, en la que sólo informó de los detenidos el 29 de octubre y no dio avances de la investigación del asesinato de Luis Olivares Enríquez, ocurrido el pasado domingo.
La madrugada del 29 de octubre fueron sacados con violencia de sus casas Daniel Ruano García, Uriel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana y Salvador del Carmen Vázquez, quienes estuvieron incomunicados un par de días.
Días después de la detención se supo que a los cuatro detenidos los responsabilizaban del asesinato del líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez, y sus compañeros Miguel Ángel Solano Barrera y Samuel Vargas Ramírez.
El procurador dijo que el homicidio de Raymundo Velázquez y sus compañeros ocurrió el domingo 4 de agosto y los cuerpos fueron encontrados el lunes 5 de agosto en el sitio conocido como El Huajal, en las afueras de Coyuca de Benítez, todos con un disparo en la cabeza.
Blanco Cabrera dijo que los cuatro detenidos de la colonia Fuerte Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez participaron en el asesinato de Raymundo Velázquez, Samuel Vargas y Miguel Ángel Solano Barrea.
Dijo que el móvil del asesinato del líder de la Larsez y los demás integrantes fue porque los vecinos de la colonia pagaron a Raymundo Velázquez cantidades de dinero —que no especificó— a cambio de láminas y nunca las entregó.
Indicó que la pista que los llevó con los homicidas fue el rastreo de los teléfonos celulares de las víctimas, y encontraron que de uno de los teléfonos se transfirió saldo a un teléfono celular de un familiar de los detenidos a las 12 horas de haber ocurrido el crimen.
“Las víctimas fallecieron entre la 1 y las 2 horas del 4 de agosto, y la transferencia de saldo se realizó a las 13:33 (1:333 pm) horas del mismo día, es decir aproximadamente 12 horas después de que perdieran la vida las víctimas”, dijo.
Iñaki Blanco dijo que la Procuraduría realizó múltiples diligencias e investigaciones de campo y recabó declaraciones ministeriales de Gabino García Avilés, quien es otro de los detenidos y “quien aportó información trascendental en contra de Salvador del Carmen Vázquez, David Galeana Pastrana, Daniel Ruano Pastrana y Uriel Ruano García”.
Dijo que el Ministerio Público giró órdenes de presentación y aprehensión contra los detenidos, versión que no corresponde con lo dicho por los vecinos de la colonia, quienes dijeron que los militares y la Policía Ministerial no mostraron órdenes de cateo ni de aprehensión, cuando los cuatro jóvenes fueron detenidos.
El procurador añadió que una vez que fueron aprehendidos los cuatro detenidos, rindieron su declaración ministerial “debidamente asistidos por un defensor de oficio”.
El procurador exclamó que uno de los detenidos dijo que “le unía una gran amistad con el señor Raymundo Velázquez y que en una ocasión le pidió que fueran compadres”.
Dijo que los acusados declararon que el móvil del crimen fue porque “en varias ocasiones Raymundo Velázquez Flores solicitó a los colonos del Fuerte Emiliano Zapata diversas cantidades de dinero con la finalidad de tener apoyo por parte del gobierno para la compra de lámina para sus viviendas, sin embargo, a pesar de que cooperaron nunca se cumplió ni les explicó por qué no se había logrado el proyecto”.
Agregó que los detenidos también declararon que usaron dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros y otra 38 súper.
Blanco Cabrera dijo que uno de los cuatro acusados incluso participó en las labores de rescate de uno de los cuerpos de las víctimas.
Indicó que los cuatro detenidos fueron valorados por un perito médico de la Procuraduría y constató que no presentaron lesiones, versión que no corresponde con lo que sus familiares denunciaron cuando fueron detenidos, pues dijeron que los policías golpearon a los detenidos.
Señaló además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dieron fe del estado “psicofísico” de los detenidos.
Los acusados fueron arraigados para que la Procuraduría obtuviera “mayores elementos que fortalecieran la investigación” y ayer concluyó el arraigo y fueron enviados a la cárcel de Las Cruces.
Respecto al asesinato de Luis Olivares Enríquez, el procurador dijo que su cuerpo fue trasladado a la casa de su esposa Zeferina Romero Hernández y el de su pareja sentimental a la casa de sus abuelos, e impidieron que se realizara la necropsia a los cadáveres.
Dijo que la investigación en torno al asesinato de Luis Olivares y Ana Lilia Gatica Rómulo lo sigue el ministerio público de Coyuca de Benítez con la averiguación previa TAB/COY/01/0214/2013.
Blanco Cabrera dijo que no podía decir cuáles son las líneas de investigación que se siguen en torno al asesinato de Olivares Enríquez, porque se malinterpretan sus declaraciones.
Del mensaje que los asesinos de David Romero Téllez dejaron a Luis Olivares en una cartulina, el procurador dijo que se investiga el caso y que no se le dieron medidas cautelares después de esa amenaza porque no hubo una petición formal ante ninguna dependencia de estado.
El 2 de noviembre, cuando asesinaron a David Romero, primo de Luis Olivares, los homicidas dejaron una cartulina en la que se leía “aquí te dejamos este regalito así te metas debajo de las piedras vamos por ti te vamos a sacar de donde estés te va a pasar lo que le pasó a los tres del río, atentamente la santa M”.

El caso de los ecologistas “presentra un grado importante de avence” en la PGR, dice

Sobre los señalamientos del secretario de la Red Guerrerense de Organismos Civiles Defensores de Derechos Humanos, Manuel Olivares, de que los asesinatos de luchadores sociales que han ocurrido en la entidad son crímenes de Estado, el procurador dijo que difiere de esa acusación.
“No creo que se trate de crímenes de Estado, creo que el ministerio público no puede partir de sospechas o consensos sociales sino de un cúmulo probatorio”, manifestó.
Del señalamiento que hizo la Normal Rural de Ayotzinapa, de que en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero han sido asesinadas 13 personas ligadas a la lucha social, Blanco Cabrera adelantó que en unos 15 días dará una conferencia para informar de las investigaciones en torno al asesinato de otros luchadores sociales.
Sin precisar una fecha, indicó también que “en próximos días” la Procuraduría dará información sobre el asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino.
Luego agregó que “la próxima semana o a mas tardar en 15 días les daremos a conocer  la resolución de un asunto más que tiene que ver con homicidio de luchadores sociales”.
Iñaki Blanco dijo que el caso de los campesinos ecologistas Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón, desaparecidos en diciembre de 2011, está en la Procuraduría General de la República (PGR) y que hay dos detenidos por ese caso.
Eva Alarcón y Marcial Bautista desaparecieron el 7 de diciembre de 2011 en Tecpan, cuando se dirigían al Distrito Federal. En ese entonces Iñaki Blanco era el delegado de la PGR en el estado.
El procurador recordó que por la desaparición de los campesinos ecologistas están detenidos César Arcadio Espinoza Palma, El Gan-so, que era comandante de la Policía Ministerial cuando ocurrió la desaparición, y José Jhony López Galván, El Güero, un presunto sicario al que se relaciona con el grupo de los Granados .
El caso está en la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y “presenta un grado importante de avance”, pero hay órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar “y como tal está resuelto”.
En su intervención el vocero del gobierno del estado dijo que el gobierno de Angel Aguirre “ratifica su compromiso con la legalidad, toda aprehensión y todo procedimiento contra personas que se han apartado de las normas legales se realizan con estricto apego a la ley y con investigaciones profesionales. No hay ninguna persecución a luchadores sociales, no existe ninguna acción contra líderes sociales, por el contrario han encontrado en el gobierno estatal apoyo a sus gestiones, respuesta a sus demandas legítimas y respaldo”.