Reparación del daño a las familias de víctimas de la guerra sucia, demanda MC en la Cámara

Rosalba Ramírez García y Fernando Hernández

Chilpancingo

El Comité General Representativo de Víctimas de la Guerra Sucia informó de un punto de acuerdo que presentaron diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados para que el gobierno federal repare el daño a todas las víctimas de la guerra sucia en el estado, y se les dé atención medica, vivienda y educación.
Lo anterior lo dieron a conocer ayer en conferencia de prensa integrantes del Comité conformado por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), encabezado por Tita Radilla; el Comité de Familiares, Víctimas y Ofendidos de la Guerra Sucia, representado por Enrique Acosta Gómez y Miguel Castro en Atoyac; y el comité integrado por la Familia Cabañas, David Cabañas Barrientos y María Antonieta Serafín Iturio.
Por separado, el senador perredista Sofío Ramírez Hernández presentó ayer en el Senado un punto de acuerdo en el que llama a la Cámara de Diputados a que asigne los recursos económicos necesarios para que el Estado indemnice a cabalidad a los deudos de la guerra sucia.
Tita Radilla recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no acreditó 357 casos de violaciones a los derechos humanos durante el periodo conocido como guerra sucia, porque sólo aceptó 175 de los 532.
Y aprovechó para insistir en que se debe dejar de hablar de “guerra sucia” para referirse al periodo donde “hubo un terrorismo de Estado”, pues argumentó que las personas que fueron detenidas, desaparecidas o asesinadas no estaban armadas, “no eran otro ejército ni hubo una declaratoria de guerra”.
En la conferencia estuvo Miguel Flores, quien recordó que su padre fue desaparecido en 1972, su hermano en 1974 y dos sobrinos en 1975, y exigió la reparación del daño para su familia, “porque no nos quitaron cualquier cosa, nos quitaron a hombres brillantes”, por eso dijo que los deudos deben tener por lo menos garantizada “vivienda y educación de calidad”.
El punto de acuerdo lo llevaron al pleno de la Cámara de Diputados?el pasado 6 de noviembre los diputados de MC, Ricardo Monreal Avila y Rodrigo Chávez Contreras, en el que solicitan al gobierno federal mayor presupuesto para resarcir el daño a los familiares y víctimas de la guerra sucia.
El exhorto fue para la Secretaría de Gobernación, para que “retorne y realice” las sesiones del comité interdisciplinario para la reparación del daño de las víctimas que la CNDH acreditó y para los casos que desechó.
También pidieron a la dependencia federal que a través de la Secretaría de Salud (Ssa) “brinde atención de calidad física y mental a las víctimas y familiares de la guerra sucia de manera urgente”.
Otro exhorto a la Segob es para que gestione los recursos necesarios para proporcionar vivienda y educación “digna”? a las víctimas y sus familias.
Así como la conformación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la guerra sucia.
Por separado, el senador Sofio Ramírez presentó la iniciativa, y aunque no fue explicada ante el pleno?fue turnada por la Junta de Coordinación Política a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores para su estudio, análisis y dictamen.
En la fundamentación del punto de acuerdo se lee que “hasta ahora del total de casos quedan aún pendientes de indemnizar a 219 familias víctimas de desaparecidos que han sido reconocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.
El 15 de diciembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco por parte de militares en 1974, se contextualiza en la exposición de motivos de la iniciativa.
La Corte Internacional halló al Estado mexicano responsable por la violación de los derechos a la libertad, a la integridad personal y a la vida del señor Radilla Pacheco, a los derechos a la integridad física y mental y a las garantías judiciales, así como a la protección judicial de sus familiares.
En la argumentación se indica que la CIDH consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en la materia de debido proceso en el derecho internacional.
La corte con sede en Costa Rica emitió 18 resolutivos a cumplir por el gobierno de México. La sentencia fue emitida el 23 de noviembre del 2009.
El 27 de noviembre del 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió al ex presidente Vicente Fox la recomendación 26/2001 en la que establece que “en los casos en donde se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en que pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante la prestación de servicios médicos, de vivienda, educativos, otro tipo de prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas” de dichos crímenes de lesa humanidad.