Fuerte crítica de Amador Campos y Abelina López a Aguirre en el Congreso por los asesinatos de activistas

*En tribuna, acusan al gobierno de generar un ambiente hostil contra el movimiento social. Le exigen garantizar los derechos humanos y advierten que “no se puede hablar de un Estado democrático”. Guardan minuto de silencio por Luis Olivares

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Diputados del PRD exigieron ayer al gobernador Angel Aguirre Rivero justicia para los luchadores sociales asesinados y condenaron a su gobierno por criminalizar la lucha social.
Acusaron al gobierno aguirrista “de generar un ambiente hostil para todas las personas, pero principalmente para quienes se vinculan con actividades de lucha social”, cuestionó en tribuna el diputado Amador Campos Aburto.
Mientras que la diputada Abelina López Rodríguez le recordó al gobernador que los gobiernos emanados de la izquierda tienen como tarea primordial “garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, y más aun de las organizaciones sociales que ayudan a la gobernabilidad del estado”.
Por lo anterior, la perredista le aclaró a Angel Aguirre: “Sin ellos no se puede hablar de un Estado democrático, si no se les garantiza el respeto y cumplimiento a sus demandas, y no confunda la lucha social con los movimientos oscuros, el gobierno debe ser tolerante ante sus demandas, debe haber una gran apertura de diálogo”, enfatizó.
El primero en intervenir sobre el tema en tribuna en la sesión de este martes fue el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Amador Campos Aburto, quien aseveró: “Estos asesinatos generan un ambiente hostil para todas las personas, pero principalmente para quienes se vinculan con actividades de lucha social”.
“Los integrantes de este Poder Legislativo levantamos nuestra voz para que cesen las agresiones y amenazas contra luchadores sociales y demás dirigentes que se organizan por exigencias justas y por el reclamo de derechos legítimos”, dijo.
Además demandó “considerar que la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, tengan garantías de protección reconocidas y garantizadas en un marco normativo”.
“En atención a los lamentables sucesos, esta soberanía popular, primeramente, se solidariza a la pérdida irreparable que han sufrido las familias víctimas de estos lamentables crímenes, y segundo, hacemos un llamado a todas las autoridades competentes a que realicen las pesquisas necesarias y exhaustivas para esclarecer los múltiples homicidios de dirigentes sociales ocurridos en Guerrero, como es el caso de José Luis Olivares Enríquez, y los aquí antes mencionados”, añadió amador Campos.
Y puntualizó: “Sumamos esfuerzos en la exigencia de que el fantasma de la impunidad no se haga presente en este caso, como casi siempre  sucede, exigimos una justicia en los términos más amplios que señala la Constitución mexicana, como en el caso de Armando Chavarría Barrera y los de Raúl Lucas y Manuel Ponce”.
Es que este martes, en una sesión vespertina luego del silencio de los diputados de esta 60 Legislatura ante la ola de asesinatos contra luchadores sociales ocurridos en las últimas semanas en el estado, los diputados del PRD, Amador Campos Aburto y Abelina López Rodríguez, fijaron postura en tribuna a nombre de la fracción parlamentaria del PRD.
Y a pedido de Abelina López, el pleno guardó un minuto de silencio por los luchadores sociales asesinados.
Cabe destacar que no hubo debate sobre el tema, así que ante el pleno, el diputado Amador Campos Aburto recordó que en los últimos meses “se han presentado hechos muy lamentables y a la vez preocupantes; me refiero a las violaciones de los derechos fundamentales que han sufrido personas vinculadas a la lucha social en nuestra entidad”.
Para fundamentar su dicho de que es lamentable la situación, el perredista añadió que en los albores del siglo XXI “se vislumbraba la consolidación de una fase racional, donde el Estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales se deberían concebir  como las premisas básicas de las sociedades democráticas”.
Fue entonces que aseveró que en países como México –donde gobierna el PRI con Enrique Peña Nieto— y en particular el estado de Guerrero –donde gobierna el PRD con Angel Aguirre Rivero— “no hemos iniciado esa fase racional; aquí al parecer se criminaliza la lucha social, tal y como han sido los casos de Aguas Blancas y El Charco”.
Recordó que “hoy mismo esta soberanía tiene en sus manos el proyecto de una reforma integral de nuestra Constitución Política, que puede ser detonante del desarrollo y mayor participación ciudadana, que sin duda alguna vendría a aportar nuevas figuras dentro del sistema político guerrerense, y así poder contrarrestar los hechos tan lamentables de violación flagrante a las garantías individuales de los ciudadanos guerrerenses, y principalmente de aquellos que dedican su vida a defender las causas más nobles del pueblo de guerrero”.
Por lo anterior explicó que “las personas que se vinculan con actividades de lucha social, tienen muy pocas o casi nulas garantías para salvaguardar el derecho fundamental más preciado como es la vida”.
Y dio ejemplos: “(los líderes mixtecos) Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce en Ayutla; los dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz; y posteriormente el asesinato de los también dirigentes ecologistas Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana”.
Recordó el asesinato del perredista calentano Andrés Rosales Aguirre; el de Arturo Hernández Cardona, fundador de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Angel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, integrantes del frente político Unidad Popular (UP) de Iguala.
Mencionó que en agosto de este año asesinaron a Raymundo Velázquez Flores, dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur; también fue asesinado Samuel Vargas Ramírez, integrante del Comité Regional del PCM, así como un sobrino de Velázquez Flores.
Y que el 19 de octubre asesinaron a la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, en la comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac.
Y el caso más reciente, asesinado el sábado 9, el de José Luis Olivares Enríquez, dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG).

“Autoritarismo gubernamental” a través del vocero José Villanueva

Enseguida intervino la diputada del PRD, Abelina López Rodríguez, quien dijo sentirse indignada y con incertidumbre “al ver cómo día a día la lucha social está siendo aniquilada; la situación es caótica para las organizaciones sociales, ya que hoy no puedes alzar la voz porque manos oscuras pretenden avasallar a la vieja usanza de un pueblo sin ley”.
“¿Qué está pasando en nuestro estado?”, cuestionó la diputada Abelina López.
“Entre el discurso y los reflectores se pierde la realidad que hoy viven los guerrerenses, la situación social que vive Guerrero se está agudizando, primero la inseguridad, luego los desastres naturales, seguido de las muertes de luchadores sociales, y para cerrar con broche de oro, nuestro presumible tercer lugar en extrema pobreza”, insistió la perredista.
Cuestionó que la historia se repite: “En el ayer se buscaban mejores condiciones de vida, y por ello lucharon nuestros próceres, hoy es sólo parte de la historia que ha quedado en los libros y en los discursos de los acontecimientos memorables, como los Sentimientos de la Nación, la erección del estado de Guerrero, cuyos hechos destacan las frases de los héroes, morir es nada cuando por la patria se muere, y mi patria es primero”.
Cuestionó que bajo cualquier circunstancia, de cómo se hayan dado las muertes de los luchadores sociales, “a vuelta de un año van trece líderes que han perdido la vida en Guerrero”.
La diputada consideró que “es tiempo de hacer una gran reflexión, (sobre) los gobiernos emanados de la izquierda, porque su tarea primordial es garantizar los derechos humanos de los ciudadanos, y más aun de las organizaciones sociales que ayudan a la gobernabilidad del estado”.
“Sin ellos no se puede hablar de un Estado democrático, si no se les garantiza el respeto y cumplimiento a sus demandas, no confundir la lucha social con los movimientos oscuros, el gobierno debe ser tolerante ante sus demandas, debe haber una gran apertura de diálogo”, enfatizó.
Por eso indicó que a 164 años de la fundación del estado de Guerrero, “nada hay que festejar, creía que era cosa del pasado la violación a los derechos humanos, en nada ayudan las declaraciones hechas por el vocero estatal (José Villanueva Manzanarez), que origina la violencia institucional, no es correcto que se amague diciendo que van a ser desaforados los alcaldes que promuevan la creación de policías comunitarias y grupos de autodefensa, si lo único que piden es la coordinación de los tres órdenes de gobierno para que realicen un plan estratégico estatal que garantice la seguridad a los ciudadanos”.
Añadió que con lo declarado en el mensaje del vocero oficial, José Villenueva, se deja entrever un “autoritarismo gubernamental”.
“Qué se esperan las organizaciones sociales y la sociedad civil, si no se muestra la tolerancia y la sensibilidad desde donde se gobierna”, cuestionó la diputada.
Adujo que “en el olvido ha quedado la concepción de justicia social del estado, por la que se luchó en el ayer, ya que el origen de la lucha social es  lograr el desarrollo y el progreso de una sociedad en general, ¿este es el gran delito en Guerrero?, si lo que buscan los ciudadanos al aglutinarse en organizaciones sociales es el desarrollo para sus comunidades, por qué no tomarlos en cuenta, ya que en su anhelo de tener mejores condiciones de vida han dado la vida misma quienes se organizan para buscar el mejoramiento de sus comunidades”.
Luego precisó que el gobierno “debe garantizar la paz social, el diálogo, la apertura, el respeto de las ideas, el gobierno debe ser garante de esa tranquilidad, provenga de donde provenga, y si proviene de la izquierda mucho mayor es el compromiso con la lucha social”.
E hizo un llamado “al gran compromiso social de los poderes públicos, que asumamos con gran responsabilidad y contribuyamos a defender las garantías individuales de los ciudadanos en un gran plan estratégico estatal; diseñemos el desarrollo y progreso del estado, que contribuya a la gobernabilidad que el estado necesita”.
“Por ello desde esta tribuna, llamamos a una gran reflexión al gobierno del estado para que reoriente sus políticas públicas, así como también llamamos a las organizaciones sociales, hoy más que nunca, a la unidad en busca del sueño anhelado que es el progreso de sus comunidades, siempre con respeto a los cauces legales”, dijo.
Y dijo unirse a la pena que embarga a la familia Olivares Gatica, “vaya para ellos mi más sentido pésame, por último, pedimos justicia para todos los luchadores sociales caídos, y que se castigue al responsable o responsables de estos decesos”.
Luego, por su solicitud, se guardó el minuto de silencio y culminó la sesión; nadie dijo más.