Hostigan militares a Tita Radilla en Atoyac; se mantiene el terrorismo de Estado, denuncia

*Responsabiliza a los gobiernos de Ángel Aguirre y de Enrique Peña de los asesinatos de luchadores sociales. Son las mismas prácticas de la guerra sucia: “militarización, presencia de policías estatales y federales y es precisamente donde ocurren más asesinatos y desapariciones de personas vinculadas con las organizaciones”, señala

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez denunció actos de intimidación del Ejército que el viernes estuvo frente a su casa, revisó y amedrentó a jóvenes menores de edad y a una de sus nietas.
Relató que el viernes, aproximadamente a la una de la tarde, los soldados llegaron frente a su casa en la calle corregidora en la colonia Lomas del Sur en Atoyac. Sin motivo aparente y sin dar ninguna explicación revisaron unos jóvenes que estaban en el lugar, ella estaba con su nieta y una vecina en lo que dijo que fue un “momento de mucha tensión”.
Comentó que afuera de su casa tiraron algunos tabicones que estaban ordenados “como buscando algo”, por lo que dijo que los jóvenes tienen temor de que “puedan sembrarles algo y ahora decir que encontraron algo ilegal”, por lo que dijo que están consultando con los abogados de la organización para ver qué acciones legales realizarán.
Agregó que la revisión fue arbitraria y durante por lo menos 10 minutos estuvieron frente a su casa, lo que confirma que fue un acto de hostigamiento.
Tita Radilla es hija del campesino desaparecido por el Ejército en Atoyac en 1974, Rosendo Radilla Pacheco, caso por el cual el Estado mexicano fue hallado culpable de delitos de lesa humanidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh). La sentencia se publicó el 23 de noviembre del 2009 y obliga al gobierno federal a eliminar el fuero militar y hallar los restos de Radilla Pacheco, entre otras cosas.
Ayer, Tita Radilla dijo que no presentó una denuncia ante el Ministerio Público porque no confía en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y por experiencia sabe que “no se va a llegar a nada”.

Luchadores sociales viven con temor en este gobierno

En conferencia de prensa, la vicepresidenta de la Afadem calificó como “gravísima” la situación en la que están los luchadores sociales y defensores de los derechos humanos en el estado, tras los asesinatos del dirigente de la Unión de Pueblos (UP) Arturo Hernández Cardona, de la dirigente de la Organización Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y recientemente de Luis Olivares Enríquez, quien encabezaba la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), con los que en esta administración suman, según un recuento de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), 13 luchadores asesinados en esta administración.
De estos crímenes responsabilizó a los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y de Enrique Peña Nieto.
Aseguró que el escenario de violencia que hay en el estado se genera a partir de la impunidad y violencia y esto provoca en los luchadores sociales, “mucho, pero mucho temor”.
Afirmó que frente a la impunidad propiciada por los gobiernos federal y estatal toda la sociedad está en estado de vulnerabilidad, pero principalmente quienes dirigen a grupos inconformes que “ya no sabemos de dónde nos va a llegar”, aunado a que el gobierno del estado no les otorga medidas de seguridad.
Por el contrario, agregó, son asesinados de manera “artera” sin que ninguno de los casos sean esclarecidos a pesar de la exigencia y el repudio social, afirmó la hija de Rosendo Radilla Pacheco, el campesino detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 bajo el argumento de que componía corridos a Lucio Cabañas Barrientos.
Afirmó que los asesinatos de Rocío Mesino Mesino, y este domingo de José Luis Olivares, es un mensaje del Estado al resto de las agrupaciones “para que le bajen”.
Esto es como “una continuación del terrorismo de Estado contra las organizaciones”, porque insistió que en Guerrero no son nuevos los actos que pretenden desmantelar y disuadir a la organización social, porque recordó que las prácticas son las mismas de la guerra sucia: “militarización, presencia de policías estatales y federales y es precisamente donde ocurren más asesinatos y desapariciones de personas vinculadas con las organizaciones”.
Recriminó que partidos políticos que surgieron de la lucha social como el PRD (que está en el gobierno del estado), ignore los actos de hostigamiento y asesinatos de dirigentes, así como el encarcelamiento de dirigentes y promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Consideró que lo que “mínimamente” deberían de hacer los perredistas es “inconformarse públicamente por la situación que se vive y tomar acciones”, porque consideró que “se vuelven cómplices por omisión”.