Pide Tlachinollan a los poderes Legislativo y Judicial que paren “la campaña de represión” del Ejecutivo contra la CRAC

*En los autos de formal prisión a los policías comunitarios de Zitlaltepec, Tixtla y Olinalá, los jueces no los reconocen como una institución, a pesar del marco legal vigente, señala Vidulfo Rosales. No hay imparcialidad ni independencia, señala el abogado

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán, Vildulfo Rosales Sierra exigió a los poderes Judicial y Legislativo que desempeñen su papel para equilibrar al Estado y paren “la campaña de represión” del Ejecutivo estatal contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En entrevista afuera del juzgado federal, consideró que el Poder Judicial, que el lunes dictó un auto de formal prisión contra el promotor de la CRAC, Gonzalo Molina González, al menos debió decretar su libertad por el delito terrorismo, porque no hay elementos que lo acrediten.
Molina Gonzalez fue consignado el lunes por todos los delitos que le imputaron: privación ilegal de la libertad, robo y secuestro agravado en el Juzgado Cuarto de primera instancia, del fuero común.
Dijo que el Poder Legislativo debería acotar la actuación del gobierno estatal, al menos haciendo un llamado a que se respete la ley que creó, “pero no veo ese llamamiento a que citen a comparecer al procurador al Congreso, a que dé cuentas de porqué está conculcando la Ley 701, porqué pisotean este marco normativo”.
Luego de hacer un trámite del proceso penales contra 12 policías comunitarios de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec (once en libertad bajo caución y otro en prisión), denunció que hay los organismos de derechos humanos están preocupados porque el gobierno federal y el estatal no están considerando los derechos de los pueblos indígenas.
Recordó que el artículo segundo constitucional establece la autonomía de los pueblos para tener sus propios sistemas normativos, de justicia y seguridad, y es peligroso que con la detención de los policías comunitarios den marcha atrás a derechos consagrados en la Carta Magna, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero.
Insistió que en el auto de formal prisión a los policías comunitarios de Zitlaltepec y el del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, y de la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, los jueces no reconocen a la CRAC como una institución, a pesar del marco legal.
Por ejemplo, señaló que en la consignación de Gonzalo Molina, el juez no contextualizó que él viene de la CRAC y que había un conflicto socio-político en la entidad a raíz de la detención de varios policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Consideró que en ese marco, se debió contextualizar la protesta que hicieron los Policías Comunitarios en el Ayuntamiento de Tixtla, que derivó en una confrontación entre cuerpos policiacos municipales y comunitarios.
Afirmó que en ese evento nunca se puso en riesgo la seguridad del municipio, de la entidad o de la nación, y tampoco ocasionó pánico en la población.
Añadió que las autoridades judiciales, soslayando lo que representa la CRAC e ignorando el conflicto político social que hay en el estado, están dictando autos de formal prisión contra sus integrantes.
Opinó que deberían de hacer una diferencia de la CRAC con otros sistemas de autofendensa que también son legítimos, porque tiene un marco normativo nacional, internacional y local.
Sin embargo, reiteró que no hay imparcialidad ni independencia en los poderes de Guerrero respecto del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien a su vez acata la línea que le instruye el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
“Parece que todos los actores sociales se olvidaron que la CRAC es legal, que brinda seguridad y justicia, y con su silencio parece que todo el mundo respalda al gobierno, que ha sido sido incapaz de resolver esta problemática de seguridad”, agregó.
Sobre el acercamiento con el dos veces candidato presidencial Andrés López Obrador en Tixtla, que ofreció su apoyo y asesoría legal para conseguir la libertad de los presos de la CRAC, informó que el martes por la noche la Policía Comunitaria de Tixtla se reunió con su enviado, el diputado federal Ricardo Montreal Ávila.
Explicó que el compromiso fue hacer un seguimiento a la defensa de los detenidos de la Policía Comunitaria para reivindicarlos, pero aún no definen cómo se va a concretar este ofrecimiento solidario. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).