No se negocian los comunitarios detenidos; “la ley se respeta”, dice Martínez Garnelo

*El secretario de Gobierno se reunió ayer con  Aguirre en PRotur y niega que se haya abordado el tema de la liberación de los policías ciudadanos

Daniel Velázquez

El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que la liberación de los 11 policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no está sujeta a negociación, pues “la ley se respeta”.
En breves declaraciones ayer por la tarde al salir de las oficinas de la Promotora Turística (Protur) de Acapulco, donde se reunió con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, Martínez Garnelo dijo que el tema no lo abordaron porque le corresponde al Poder Judicial.
“Eso lo sabe el Poder Judicial, yo no tengo conocimiento”, dijo el funcionario.
“No hay negociaciones, la parte judicial se respeta, la ley se respeta”, insistió.
Dijo que la Secretaría de Gobierno está en la disposición de atender a los representantes de la CRAC “porque hay la necesidad de atender a los ciudadanos”, y rechazó que sea una decisión política la que mantiene presos a los 11 policías comunitarios.
Dijo que la reunión no fue para hablar de la liberación de los policías comunitarios detenidos, sino de la “reestructuración de la Secretaría General de Gobierno” para el 2014, para que trabaje en coordinación con todas las áreas de gobierno.
Por separado, el vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, informó que la reunión fue para que la secretaría atienda “de manera eficiente” los compromisos que ha suscrito con las organizaciones sociales.
Del caso de Gonzalo Molina, el vocero dijo que en la reunión se informó que el promotor de la Policía Comunitaria también enfrenta acusaciones de carácter federal por los delitos de terrorismo, amenazas, delitos contra funcionarios públicos, portación de arma sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, además de los delitos del orden común por los que fue detenido.
Asimismo, en un boletín de prensa se informó que la reunión fue con la finalidad “de hacer un diagnóstico de los apoyos, compromisos y demandas que han planteado las organizaciones sociales al gobierno estatal”.
La reunión de ayer entre Martínez Garnelo y Angel Aguirre Rivero, donde se revisaron los compromisos del gobierno con las organizaciones sociales, ocurre luego de que fueron detenidos cinco hombres acusados por el asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez Flores, y dos de sus compañeros presuntamente por no cumplir con la entrega de láminas que solicitó al gobierno del estado y por las que vecinos aportaron una cantidad de dinero.
En el boletín se informa que el gobernador llamó “a sus funcionarios a seguir trabajando de cerca con las organizaciones sociales, pues reconoció la labor de gestión que realizan a favor de los sectores más desprotegidos”.
Ordenó que los secretarios y delegados federales se reúnan para “pormenorizar y garantizar que las demandas y compromisos se cumplan a cabalidad, pues reiteró que encabeza un gobierno comprometido con los derechos humanos y con las causas sociales”.
“Hay voluntad de esta administración por mantener un acercamiento con las organizaciones sociales, y trabajar con ellos para que los guerrerenses a los que representan tengan oportunidades plenas de mejorar sus condiciones de vida”, dijo el gobernador.
En la reunión, también estuvo el procurador Iñaki Blanco Cabrera, y presentaron al gobernador un diagnóstico de las demandas sociales de las organizaciones en materia de infraestructura carretera, proyectos productivos, láminas, cemento y maíz, entre otros planteamientos.