No se negocia liberar a los policías comunitarios; “la ley se respeta”, dice Martínez Garnelo tras reunirse con Aguirre

No se negocian los comunitarios detenidos; “la ley se respeta”, dice Martínez Garnelo

*El secretario de Gobierno se reunió ayer con  Aguirre en PRotur y niega que se haya abordado el tema de la liberación de los policías ciudadanos

Daniel Velázquez

El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que la liberación de los 11 policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no está sujeta a negociación, pues “la ley se respeta”.
En breves declaraciones ayer por la tarde al salir de las oficinas de la Promotora Turística (Protur) de Acapulco, donde se reunió con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, Martínez Garnelo dijo que el tema no lo abordaron porque le corresponde al Poder Judicial.
“Eso lo sabe el Poder Judicial, yo no tengo conocimiento”, dijo el funcionario.
“No hay negociaciones, la parte judicial se respeta, la ley se respeta”, insistió.
Dijo que la Secretaría de Gobierno está en la disposición de atender a los representantes de la CRAC “porque hay la necesidad de atender a los ciudadanos”, y rechazó que sea una decisión política la que mantiene presos a los 11 policías comunitarios.
Dijo que la reunión no fue para hablar de la liberación de los policías comunitarios detenidos, sino de la “reestructuración de la Secretaría General de Gobierno” para el 2014, para que trabaje en coordinación con todas las áreas de gobierno.
Por separado, el vocero del gobierno del estado, José Villanueva Manzanarez, informó que la reunión fue para que la secretaría atienda “de manera eficiente” los compromisos que ha suscrito con las organizaciones sociales.
Del caso de Gonzalo Molina, el vocero dijo que en la reunión se informó que el promotor de la Policía Comunitaria también enfrenta acusaciones de carácter federal por los delitos de terrorismo, amenazas, delitos contra funcionarios públicos, portación de arma sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, además de los delitos del orden común por los que fue detenido.
Asimismo, en un boletín de prensa se informó que la reunión fue con la finalidad “de hacer un diagnóstico de los apoyos, compromisos y demandas que han planteado las organizaciones sociales al gobierno estatal”.
La reunión de ayer entre Martínez Garnelo y Angel Aguirre Rivero, donde se revisaron los compromisos del gobierno con las organizaciones sociales, ocurre luego de que fueron detenidos cinco hombres acusados por el asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (Larsez), Raymundo Velázquez Flores, y dos de sus compañeros presuntamente por no cumplir con la entrega de láminas que solicitó al gobierno del estado y por las que vecinos aportaron una cantidad de dinero.
En el boletín se informa que el gobernador llamó “a sus funcionarios a seguir trabajando de cerca con las organizaciones sociales, pues reconoció la labor de gestión que realizan a favor de los sectores más desprotegidos”.
Ordenó que los secretarios y delegados federales se reúnan para “pormenorizar y garantizar que las demandas y compromisos se cumplan a cabalidad, pues reiteró que encabeza un gobierno comprometido con los derechos humanos y con las causas sociales”.
“Hay voluntad de esta administración por mantener un acercamiento con las organizaciones sociales, y trabajar con ellos para que los guerrerenses a los que representan tengan oportunidades plenas de mejorar sus condiciones de vida”, dijo el gobernador.
En la reunión, también estuvo el procurador Iñaki Blanco Cabrera, y presentaron al gobernador un diagnóstico de las demandas sociales de las organizaciones en materia de infraestructura carretera, proyectos productivos, láminas, cemento y maíz, entre otros planteamientos.

Pide Tlachinollan a los poderes Legislativo y Judicial que paren “la campaña de represión” del Ejecutivo contra la CRAC

*En los autos de formal prisión a los policías comunitarios de Zitlaltepec, Tixtla y Olinalá, los jueces no los reconocen como una institución, a pesar del marco legal vigente, señala Vidulfo Rosales. No hay imparcialidad ni independencia, señala el abogado

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán, Vildulfo Rosales Sierra exigió a los poderes Judicial y Legislativo que desempeñen su papel para equilibrar al Estado y paren “la campaña de represión” del Ejecutivo estatal contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
En entrevista afuera del juzgado federal, consideró que el Poder Judicial, que el lunes dictó un auto de formal prisión contra el promotor de la CRAC, Gonzalo Molina González, al menos debió decretar su libertad por el delito terrorismo, porque no hay elementos que lo acrediten.
Molina Gonzalez fue consignado el lunes por todos los delitos que le imputaron: privación ilegal de la libertad, robo y secuestro agravado en el Juzgado Cuarto de primera instancia, del fuero común.
Dijo que el Poder Legislativo debería acotar la actuación del gobierno estatal, al menos haciendo un llamado a que se respete la ley que creó, “pero no veo ese llamamiento a que citen a comparecer al procurador al Congreso, a que dé cuentas de porqué está conculcando la Ley 701, porqué pisotean este marco normativo”.
Luego de hacer un trámite del proceso penales contra 12 policías comunitarios de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec (once en libertad bajo caución y otro en prisión), denunció que hay los organismos de derechos humanos están preocupados porque el gobierno federal y el estatal no están considerando los derechos de los pueblos indígenas.
Recordó que el artículo segundo constitucional establece la autonomía de los pueblos para tener sus propios sistemas normativos, de justicia y seguridad, y es peligroso que con la detención de los policías comunitarios den marcha atrás a derechos consagrados en la Carta Magna, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero.
Insistió que en el auto de formal prisión a los policías comunitarios de Zitlaltepec y el del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, y de la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, los jueces no reconocen a la CRAC como una institución, a pesar del marco legal.
Por ejemplo, señaló que en la consignación de Gonzalo Molina, el juez no contextualizó que él viene de la CRAC y que había un conflicto socio-político en la entidad a raíz de la detención de varios policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Consideró que en ese marco, se debió contextualizar la protesta que hicieron los Policías Comunitarios en el Ayuntamiento de Tixtla, que derivó en una confrontación entre cuerpos policiacos municipales y comunitarios.
Afirmó que en ese evento nunca se puso en riesgo la seguridad del municipio, de la entidad o de la nación, y tampoco ocasionó pánico en la población.
Añadió que las autoridades judiciales, soslayando lo que representa la CRAC e ignorando el conflicto político social que hay en el estado, están dictando autos de formal prisión contra sus integrantes.
Opinó que deberían de hacer una diferencia de la CRAC con otros sistemas de autofendensa que también son legítimos, porque tiene un marco normativo nacional, internacional y local.
Sin embargo, reiteró que no hay imparcialidad ni independencia en los poderes de Guerrero respecto del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien a su vez acata la línea que le instruye el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
“Parece que todos los actores sociales se olvidaron que la CRAC es legal, que brinda seguridad y justicia, y con su silencio parece que todo el mundo respalda al gobierno, que ha sido sido incapaz de resolver esta problemática de seguridad”, agregó.
Sobre el acercamiento con el dos veces candidato presidencial Andrés López Obrador en Tixtla, que ofreció su apoyo y asesoría legal para conseguir la libertad de los presos de la CRAC, informó que el martes por la noche la Policía Comunitaria de Tixtla se reunió con su enviado, el diputado federal Ricardo Montreal Ávila.
Explicó que el compromiso fue hacer un seguimiento a la defensa de los detenidos de la Policía Comunitaria para reivindicarlos, pero aún no definen cómo se va a concretar este ofrecimiento solidario. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).