Piden indígenas de Malinaltepec a la Suprema Corte la cancelación de las concesiones mineras

*Los permisos de explotación otorgados a Hochschild Mining en 2010 contravienen el derecho de los pueblos a la consulta y otros acuerdos internacionales firmados por México, señalan autoridades municipales y agrarias de San Miguel El Progreso

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Autoridades municipales y agrarias de la comunidad indígena me’phaa de San Miguel El Progreso, municipio de Malinalepec, demandaron ayer en conferencia de prensa en la ciudad de México a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se resuelva una solicitud de amparo que presentaron en contra las concesiones mineras otorgadas a la empresa Hochschild Mining para extraer oro y plata.
Los inconformes argumentaron que las concesiones para la explotación de yacimientos minerales en la región de La Montaña y la Costa Chica, que la Secretaría de Economía del gobierno federal autorizó desde el 2010, contravienen los convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmados por México.
Asistieron a la conferencia de prensa el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Agapito Cantú Manuel; el comisario municipal, Valerio Mauro Amado Solano; el presidente del comité de Control y Vigilancia de Comisariado, Alfredo Santiago Amado; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; la experta en derecho indígena y académica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Magda Gómez; y el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre.
Las autoridades municipales y agrarias de San Miguel El Progreso informaron que la Secretaría de Economía del gobierno federal autorizó desde el 2010 dos concesiones para la exploración de yacimientos minerales en la región de La Montaña y la Costa Chica.
Una de ellas es para explotar la mina La Diana en una extensión de 16 mil hectáreas y la otra, Corazón de Tinieblas, en una extensión de 43 mil 747 hectáreas. La segunda, es la que afecta un total de 10 núcleos agrarios entre los cuales está el de San Miguel El Progreso y que será explotada por la empresa Hochschild Mining, de capital inglés.
El comisario Agapito Cantú, denunció que el gobierno federal no consultó a los pueblos para la autorización de las concesiones como lo establecen tratados internacionales como el Convenio 169 de  la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecen el derecho a la consulta que tienen los pueblos originarios.
Agregó que el gobierno federal se negó a proporcionarles información de las concesiones y que tuvieron que recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información, pues desde el 2010 sólo tenían rumores de que se habían autorizado esas concesiones.
Tras la confirmación de que las concesiones habían sido autorizadas, los pueblos realizaron asambleas y en estas rechazaron la instalación de las empresas en su territorio. Las actas las llevaron al Registro Agrario Nacional (RAN) para que hubiera constancia legal de su negativa a la entrada de las mineras en su territorio. Sin embargo, explicaron que solamente tres de las 15 actas fueron calificadas; la de Zitlaltepec, Zapotitlán y San Miguel El Progreso. Mientras que las otras argumentaron que carecían de validez algunos de los documentos.
El comisario explicó que como segundo paso y con su acta calificada por el RAN, presentaron una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Chilpancingo, pero que en los próximos días el que resolverá es el Juzgado Tercero con residencia en Acapulco.
En su amparo, las autoridades de San Miguel El Progreso demandaron, además, al Ejecutivo federal considerar “inconstitucional la entrega de concesiones para exploración y explotación minera dentro de su territorio”.
A su vez, en un comunicado sobre el caso, Tlachinollan informó que a través de su demanda de amparo la comunidad indígena de San Miguel El Progreso sostiene que la entrega de las concesiones mineras en favor de la empresa de capital inglés Hochschild Mining, relativas a los lotes Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, “contraviene la Constitución y los
Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado”.
Informó, asimismo, que la demanda de amparo interpuesta el 15 de julio de 2013, fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, bajo el número de expediente 1131/2013.
En el documento se establece que las concesiones entregadas por la Secretaría de Economía “contravienen el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena, el derecho constitucional a la protección integral de las tierras indígenas, el derecho a la consulta, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho a la protección de las tierras comunales”.
El documento agrega que la demanda presentada por San Miguel El Progreso no sólo alega la inconstitucionalidad de los actos de autoridad que derivaron en la entrega de las concesiones mineras, sino que también pide que se analice la inconstitucionalidad de los actos en los que se fundamentó la entrega de las concesiones mineras.
“En otras palabras, la demanda solicita que el Poder Judicial de la Federación analice si la Ley Minera vigente es compatible con la Constitución y con los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México”, aclaró Tlachinollan.
En la conferencia de prensa las autoridades municipales y agrarias de esa comunidad me’phaa explicaron que los títulos que fueron autorizados a la empresa minera son el 232560 y el 237861 y que incluso en la localidad vecina de Totomixtlahuaca en el 2011 llegó personal para comenzar los trabajos de exploración, aunque por la presión de los campesinos se retiraron,
Ante la pregunta de un reportero en la conferencia de prensa que se transmitió vía Internet, el comisario de San Miguel El Progreso, Valerio Mauro Amado, advirtió que ante la posibilidad de que el gobierno federal pretenda meterse por la fuerza, “no vamos a permitir ni la llegada del Ejército, eso es lo que dice el pueblo, no vamos a permitir la llegada del Ejército pase lo que pase. Nosotros no somos ambiciosos del dinero, si lo queramos ya desde cuando hubiéramos vendido las tierras”.
Por su parte, el comisariado de Bienes Comunales, Anastacio Basurto Contreras, explicó que no están de acuerdo en que el gobierno federal haya autorizado las concesiones, “porque ya nos informamos bien y estas minas dañarán nuestra montaña, la tierra y el agua y no podemos permitirlo porque de la tierra y el agua vivimos, por eso nos organizamos para defender nuestro territorio”, dijo.
En su intervención Abel Barrera explicó que no es la primera vez que los habitantes de La Montaña se organizan para defender lo que es suyo, pues recordó que hace 18 años se organizaron en contra de la inseguridad y crearon su Policía Comunitaria. Dijo que también desde el 2011 se organizaron en contra de la instalación de la reserva de la biósfera y que ahora lo están haciendo en contra de la instalación de las mineras y en defensa su medio ambiente.
A su vez, la experta Magda Adame manifestó que la demanda de amparo no solamente tiene legitimidad porque fue acuerdo de asamblea de los habitantes, sino que, además, tiene legalidad, porque se sustenta en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “y se tiene que darles sentido a este derecho de las comunidades indígenas ya establecidos”.
Por eso, añadió, el amparo presentado por San Miguel El Progreso “va a ser clave para saber si somos congruentes en el país”, puesto que México ha firmado estos tratados internacionales.
Esto, sobre todo, porque explicó que “en estos días se presentó en México el Examen Periódico Universal (EPU) mediante el cual le hicieron 200 observaciones en materia de derechos humanos, que representa el doble de las que tenía y que entre estas observaciones hay precisamente las que se refieren al derecho a la consulta.
Sin embargo, agregó que ayer “nos enteramos que México resultó electo para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “lo que demuestra que vivimos el mundo del revés y debemos reclamar congruencia porque parece ser que se está premiando a México por violar los derechos humanos”.