Van cuatro líderes asesinados en cinco años a pesar de las medidas cautelares, advierte la Codehum

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En los últimos cinco años la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), ha emitido 26 medidas cautelares para la protección de dirigentes de organismos civiles y defensores de derechos humanos, y por lo menos cuatro de ellos han sido asesinados a pesar de las medidas solicitadas.
Los asesinados son los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo. Así como la líder de los desplazados por la violencia de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica y la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, en el actual gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés informó que también en los últimos cinco años el organismo ha emitido cinco recomendaciones de un total de 18 quejas que han presentado dirigentes de organismos civiles y defensores de derechos humanos por amenazas en su contra o por hostigamiento.
De los 26 dirigentes de organismos civiles y defensores que teniendo medidas cautelares fueron asesinados, están los casos del presidente y secretario de la OFPM, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron detenidos por presuntos agentes de la Policía Ministerial el 13 de febrero del 2009 en Ayutla y sus cuerpos fueron encontrados con huellas de torturas y con disparos el 20 de febrero en la comunidad de Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa.
Asimismo, está el caso de la líder de los desplazados por la violencia de la Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, quien fue asesinada a balazos, junto con su hijo Reynaldo Santana de 17 años, el 28 de noviembre del 2012 cuando se preparaba para salir por segunda vez de esa localidad por amenazas de la delincuencia organizada.
También contaba con medidas cautelares la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino Mesino, quien fue asesinada a balazos el 19 de octubre en la comunidad de Mezcaltepec, municipio de Atoyac, cuando supervisaba la construcción de un puente en esa localidad.
Ellos, igual que el dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, habían recibido amenazas y hostigamiento por lo que solicitaron la emisión de medidas cautelares ante la Codehum, con la diferencia de que en el caso de Luis Olivares, el organismo actuó con negligencia y tardíamente, por lo que no alcanzó a contar con el beneficio que establecen los protocolos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
El visitador general de la Codehum  consideró que cuando se comete un delito en contra de alguien aún teniendo medidas cautelares es mucho más lamentable porque evidencia que está fallando el sistema de seguridad pública, “porque una de las funciones primordiales que tiene el estado es garantizar el derecho a la seguridad pública y esta función desde hace 15 años se vino a redimensionar para considerar el derecho a la seguridad pública desde el ámbito de la prevención del delito, la procuración de justicia, la impartición de justicia y la ejecución de penas”.
Independientemente de las 26 medidas cautelares solicitadas y otorgadas a dirigentes de organismos civiles y defensores de derechos humanos, también en los últimos cinco años han presentado ante la Codehum 18 quejas de las cuales el organismo ha emitido cinco recomendaciones a las distintas autoridades involucradas.
El visitador general de la Codehum, Hipólito Lugo Cortés, informó que en el 2005 se presentaron dos quejas; en el 2006, una; en el 2007, una; en el 2008, una; en el 2009, cuatro, en el 2010, dos; en el 2011, una; en el 2012, dos y en lo que va del 2013, ya son cuatro.
Lugo Cortés, informó que en cuanto a las medidas cautelares que han sido emitidas para estos dirigentes de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, no solamente lleva implícito las garantías de protección personal o policial, sino también la petición de garantizar el derecho de acceso a la justicia, así como apoyo sicológico a las víctimas, asesoría legal y asistencia médica.