Se deslinda el visitador de la Codehum de la negligencia para proteger a Luis Olivares

Después de que se enteró del homicidio del dirigente campesino, vía telefónica solicitó protección a la esposa, reconoce

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Igual que el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández, el visitador general del organismo, Hipólito Lugo Cortés reconoció que hubo irregularidades para pedir medidas cautelares para el dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez.
Responsabilizó a los trabajadores de la mesa número 2 del organismo de haber incumplido con el procedimiento normal y no emitir las medidas cautelares que solicitó el dirigente social asesinado, con la urgencia que se requería.
Entrevistado ayer en su oficina, admitió que él fue quien recibió el 5 de noviembre la petición, personalmente del dirigente y del abogado Alejandro Gallegos, pero dijo que turnó el caso a la mesa 2 que fue el área que debió haber iniciado de inmediato el procedimiento correspondiente.
El visitador general aseguró que por incumplirse con el procedimiento, de inmediato dio vista al presidente de la Comisión, quien es el facultado para  turnar el caso a la Contraloría Interna para que se procediera contra ellos por la negligencia.
Informó que a consecuencia de ello hay dos trabajadores de la Comisión puestos a disposición de la Contraloría, aunque el jueves el ombudsman dijo que había tres.
El presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández admitió el jueves que los asesinatos de Olivares Enríquez y de su pareja Ana Lilia Gatica pudieron evitarse si el organismo hubiera otorgado a tiempo las medidas cautelares, y agregó que el proceso para el otorgamiento de las medidas cautelares no tarda más de dos días, y que en este caso el responsable de analizar e iniciar los trámites para el otorgamiento del instrumento de protección era el visitador general, Hipólito Lugo Cortés.
Consultado ayer al respecto, Lugo Cortés detalló que efectivamente, la semana pasada (el 5 de noviembre), acudieron Luis Olivares Enríquez, algunos de sus familiares y el abogado del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Alejandro Gallegos.
“Los atendí, los escuché y ya traían elaborado un escrito de queja en el que hacían alusión a incursiones de elementos de la Armada de México y de la Policía Ministerial en la colonia Fuerte Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez”, relató.
Informó que expusieron, también, un contexto de hechos y antecedentes como la detención, dos semanas antes, de cinco jóvenes de la colonia Fuerte Emiliano Zapata a quienes los involucraban en el homicidio de Raymundo Velázquez Flores, el dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ).
“Tomando en cuenta que la Visitaduría General es el órgano encargado de realizar las investigaciones, inmediatamente chequé a qué mesa de trámite le correspondía y le correspondió a la número 2, instruí al responsable de esta mesa que se avocara de inmediato al conocimiento del caso”, aseguró el visitador.
Explicó que las indicaciones que tiene el personal encargado de conocer de primera mano las quejas que llegan a la Comisión es que deben de atenderse con urgencia.
“Y desde luego que cuando se trata de peticiones de medidas cautelares ante algún riesgo de atentado hacia la integridad física, psíquica, o a los bienes materiales, el marco jurídico que rige el ámbito de los derechos humanos estatal, nacional e internacional, es atenderlos con prontitud, pues de lo que se trata es de echar andar el mecanismo de tutela de los derechos humanos a través de las medidas cautelares”, abundó.
Reconoció que en el caso de Luis Olivares hubo una irregularidad “y al darme cuenta de que no se actuó con prontitud, a pesar de las indicaciones dadas en diversos momentos, ocasionó que diera vista en mi carácter de superior jerárquico al titular de la Comisión, dándole cuenta de esos hechos”.
Aclaró que es el titular de la Comisión el que cuenta con facultades para ordenar la investigación interna y deslindar las probables responsabilidades en que haya incurrido el personal al que le dio la indicación de atender el asunto.
Explicó que los encargados de las mesas tienen entre sus facultades recibir quejas, documentarlas, recibir testimonios, dictar las medidas cautelares (como era este caso), y hasta dejar el asunto en estado de resolución”.
Dijo que terminado el caso se emitirá el pronunciamiento y se determinará el nivel de responsabilidad y, en su caso, la posible sanción a que se hagan acreedores.
El visitador recordó que después de que se enteró del homicidio de Luis Olivares, vía telefónica solicitó al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del gobierno del estado,  Victoriano Sánchez Carvajal, que se brindara la protección a la esposa de Luis Olivares.