Es un premio el nombramiento en Acapulco del ex jefe de la Policía Federal, acusan normalistas

*Alfredo Álvarez Valenzuela debió ser investigado por su papel en el asesinato de los dos estudiantes, afirman

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El nombramiento de quien fue jefe de la Policía Federal en Guerrero durante el desalojo a balazos de estudiantes en la Autopista del Sol, Alfredo Álvarez Valenzuela, como secretario de seguridad pública de Acapulco, es un mensaje para las organizaciones sociales de que continuará la impunidad, la represión y la premiación de los funcionarios públicos relacionados con el asesinato de dos normalistas el 12 de diciembre de 2011.
Así lo denunciaron normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mediante un boletín de prensa para inconformarse con el nombramiento anunciado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero durante un recorrido con el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Crifrián, en Acapulco, sin la intervención del alcalde Luis Walton Aburto.
Los estudiantes recordaron que en la recomendación número 1 VG/2012 de la CNDH, por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el desalojo perpetrado por policías federales, estatales y ministeriales, se recomendó al secretario de Seguridad Pública  federal, entonces Genaro García Luna, que investigara a directivos, inspectores y jefes de división que consintieron o toleraron las acciones y omisiones de los agentes de la Policía Federal.
Subrayaron que Álvarez Valenzuela era comisario de Policía Federal en Guerrero, y por lo tanto debería ser investigado por el caso Ayotzinapa, pero nunca se determinó la línea de mandos que ordenó que los policías federales fueran armados a un desalojo de estudiantes.
Denunciaron que mientras están impunes el asesinato a balazos de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, “Aguirre Rivero sigue entregando canonjías (a los funcionarios) para que guarden silencio perpetuo”.
Señalaron que la falta de compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos se evidenció en mayo de 2012, cuando el gobernador nombró como secretario de Trabajo y Previsión Social al ex procurador Alberto López Rosas, que fue obligado a renunciar al cargo por el desalojo de los estudiantes el 12 de diciembre de 2011.
Asimismo, el secretario de Gobierno, Humberto salgado Gómez, que renunció meses después alegando problemas de salud, se reincorporó como Coordinador General del Ejecutivo.
Aseguraron que “los dos funcionarios estatales son responsables de alterar la escena del crimen donde fueron ejecutados extrajudicialmente nuestros compañeros”.
Sostuvieron que a casi dos años de la represión estudiantil, cuyo saldo fue la ejecución extrajudicial de dos normalistas, tres heridos de bala y una veintena de torturados, “en Guerrero se puede asesinar y encarcelar a los que luchan, pero a los asesinos se les premia con cargos públicos”.
Advirtieron que la escalada de violencia y represión contra los luchadores sociales está creciendo con la muerte de 13 luchadores sociales y dos estudiantes, así como la detención de policías comunitarios en el periodo de gobierno de Aguirre Rivero, y convocaron a las fuerzas progresistas a estar alerta y responder ante cualquier agresión en contra del movimiento social y estudiantil.