Suman 17 asesinatos de líderes sociales y activistas en el gobierno de Aguirre

*Hay actualmente 16 dirigentes y militantes en prisión, y siguen desaparecidos el presidente y la coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En la actual administración estatal encabezada por el gobernador Ángel Aguirre Rivero –que ha sido calificada por organizaciones no gubernamentales como una de las que más ha ejercido la represión en contra de dirigentes sociales o personas ligadas a organizaciones así como en contra de defensores de derechos humanos– suman ya 16 asesinatos de militantes de agrupaciones, de acuerdo con la información publicada en este diario.
Asimismo, se han ejecutado tres desalojos violentos, uno de ellos con saldo de dos estudiantes muertos; se tiene el registro de dos dirigentes víctimas de desaparición forzada, y actualmente hay 16 dirigentes de organizaciones o miembros de éstas detenidos, acusados por el gobierno estatal de diferentes delitos.
Entre los asesinatos se cuenta el de Fabiola Osorio Fernández, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012, en el puerto de Acapulco.
El 28 de noviembre del mismo año, fue asesinada la dirigente de los desplazados por la violencia de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Juventina Villa Mojica, y su hijo de 17 años, Reynaldo Santana.
Antes, el 12 de diciembre de 2011, fueron asesinados por policías estatales y federales, los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Ayala Pino, durante un desalojo violento al sur de la ciudad.
El 30 de mayo fueron víctimas de desaparición forzada ocho miembros de la organización Unidad Popular (UP) de Iguala, y tres de ellos: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, aparecieron ejecutados y sus cuerpos con huellas de tortura el 3 de junio.
Dos meses después, el 5 de agosto, fue encontrado el cuerpo del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores, además de Samuel Vargas Ramírez y Miguel Solano, los dos últimos también integrantes de la organización.
Dos meses después, el 19 de octubre, fue asesinada la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, cuando supervisaba la construcción del puente de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez, cerca de la comunidad de El Escorpión.
Asimismo, el 2 de noviembre, fue ejecutado cerca de la colonia Fuerte Emiliano Zapata, en Coyuca de Benítez, el primo del dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, David Romero Téllez. Junto al cadáver, los homicidas dejaron una amenaza para Olivares: “aquí te dejamos este regalito (Luis Olivares), así te metas debajo de las piedras vamos por ti, te vamos a sacar de adonde estés, te va a pasar lo que les pasó a los tres del río. Atentamente La Santa Muerte”.
El 5 de noviembre, Olivares Enríquez es ejecutado junto con su pareja, Ana Lilia García Rómulo, en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, de Coyuca de Benítez.
Los asesinatos más recientes fueron de dos dirigentes campesinos de El Paraíso, sierra de Atoyac, José Luis Sotelo Martínez y Juan Lucena Ríos, este último ex regidor por el PAN, el sábado 16. Ambos promovían la creación de la policía rural en El Paraíso, ante los secuestros y la violencia en esa zona.
También durante la actual administración estatal fueron víctimas de desaparición forzada la coordinadora y el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle. Ambos fueron detenidos por presuntos agentes ministeriales, con el respaldo de militares, la noche del 7 de diciembre de 2011, cerca de Tecpan, cuando viajaban en el autobús 2728 con destino a la ciudad de México, a una reunión con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia.
Además, en el actual gobierno siguen detenidos al menos 16 dirigentes y miembros de agrupaciones civiles; tres de ellos son los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá, Nestora Salgado García, presa en el penal federal de Tepic Nayarit, a presar de que su caso lo lleva un juez local por el delito de secuestro agravado.
También está preso en el penal de Las Cruces de Acapulco, el coordinador de la CRAC de El Paraíso, municipio de Ayutla, Bernardino García Francisco, acusado del delito de secuestro.
Otro de los detenidos es el promotor de la CRAC en Tixtla y dirigente del Movimiento Popular Vicente Guerrero, Gonzalo Molina González, acusado por los delitos de terrorismo, privación de la libertad y lesiones. También, a pesar de que su caso lo lleva un juez local, fue enviado a un penal federal de Oaxaca.
Otros nueve miembros de la Policía Comunitaria, entre comandantes y policías, están presos por portación de arma, secuestro y privación de la libertad en el penal de Acapulco; aunque los presuntos delitos de los que los acusa la Procuraduría estatal fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como miembros de la CRAC y de la Policía Comunitaria, y como parte del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria.
Además, se encuentran presos cuatro integrantes de la OPPCG: Daniel Ruano García, Uriel Ruano García, Rey David Galeana Pastrana y Salvador del Carmen Vázquez. Ellos son acusados por la Procuraduría de Justicia estatal del asesinato del dirigente de la LARSEZ, Raymundo Velázquez Flores y dos de sus correligionarios, aunque han denunciado que fueron torturados para que se inculparan y también responsabilizaran del triple asesinato a Luis Olivares Enríquez.
Mientras tanto, los desalojos violentos son los de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrido el 12 de diciembre de 2011, por policías federales y estatales, cuando los normalistas realizaban un bloqueo a la Autopista del Sol y a la carretera federal, al sur de esta capital.
La acción policiaca tuvo como resultado dos estudiantes muertos, Gabriel Echeverría y Alexis Ayala, 24 detenidos, que tres días después fueron liberados, así como una veintena de estudiantes golpeados.
Otro desalojo fue el de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el 5 de abril, cuando bloqueaban la Autopista del Sol y la carretera federal, manifestándose en contra de la reforma educativa.
En esa ocasión, mil 500 policías federales arremetieron en contra de unos 2 mil 500 maestros, con un resultado de unos 50 maestros golpeados, dos de ellos graves, tres detenidos, que después fueron liberados, y según la información oficial también resultaron con lesiones 12 policías, uno de ellos Espartaco, quien encabezó el desalojo.
Otro de los desalojos ocurrió el 12 de octubre de 2011, en la avenida Costera de Acapulco. En esa ocasión, unos 400 policías estatales y municipales desalojaron a unos 300 maestros, que protestaban por la inseguridad en sus escuelas, las extorsiones, secuestros y amenazas que estaban recibiendo por parte de la delincuencia organizada.
El resultado de ese desalojo fue de 12 maestros lesionados y dos detenidos, quienes fueron liberados después.