Hay consigna en el Poder Judicial para encarcelar a activistas y comunitarios, señala la Redgro

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Debido a que “hay consigna” en el Poder Judicial para encerrar a activistas sociales y a policías comunitarios, la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro) dijo que ya esperaba el auto de formal prisión para los cinco detenidos de la colonia Fuerte Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez, acusados del homicidio de líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores que dictó el juez este domingo.
El secretario técnico Manuel Olivares Hernández informó que la defensa a cargo de la Redgro vio limitada su actuación por la falta de recursos, pues los familiares viven en la pobreza y en la zozobra por los asesinatos del fundador y líder de la colonia, Luis Olivares Enríquez, su pareja y su primo, días después de la detención violenta de los cinco jóvenes del lugar.
No obstante, aseguró que ahora comienza la etapa fuerte del proceso penal, que tendrán que combinar acciones jurídicas y de carácter político si los integrantes de la Organización de Pueblos Productores de la Costa Grande (OPPCG), que encabezada Luis Olivares Enríquez, están dispuestos.
De las medidas cautelas que Luis Olivares solicitó antes de que fuera asesinado, para él y sus vecinos, dijo que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) no ha informado si ya se  implementaron acciones de seguridad o de acompañamiento para los familiares del dirigente y de los detenidos en el penal de Acapulco. Al menos no a la dirección que se indicó para recibir notificaciones.
Reveló que la viuda de Olivares –con quién ya tenía varios años separado–, les reclamó el día de sepelio que para qué querían patrullas en la colonia si el dirigente ya estaba muerto. Ese día se informó que una patrulla estuvo en la colonia y luego en el panteón donde lo sepultaron.
En consulta telefónica añadió que el organismo civil se va a reunir con los vecinos esta semana para hablar con los deudos de Olivares y los familiares de los detenidos, para saber qué tipo de cuidados necesitan para sentirse seguros, “pero la experiencia indica que hay resistencias en el gobierno para llevar a cabo medidas de protección y de acompañamiento”.
Informó que las esposas de los detenidos se trasladan con frecuencia de Coyuca a Acapulco para verlos, y no saben si la Secretaría de Seguridad Pública estaría dispuesta a darles acompañamiento, y si los envían, los uniformados se quejan porque no tienen viáticos ni gasolina, y quieren que paguen los ciudadanos.
Subrayó que a la Redgro no ha llegado ninguna información formal de que habrá o no resguardo para los vecinos de Fuerte Emiliano Zapata, pero tal vez es porque organismos civiles de derechos humanos denunciaron la lentitud de la Codehum para pedir al gobierno del estado garantías de seguridad para Luis Olivares, y eso puso de manifiesto las debilidades del organismo descentralizado.