Pedirá la pena máxima para los acusados del asesinato del líder Raymundo Velázquez, informa la Procuraduría

Pedirá la pena máxima para los detenidos de Coyuca de Benítez, informa la Procuraduría

*La declaración de Gabino García, quien denunció que fue torturado para firmarla, tiene información “trascendental”, dice la dependencia

Fernando Hernández

Chilpancingo

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que solicitará la pena máxima, de 50 años de prisión, para los cinco jóvenes encarcelados a los que acusa del asesinato del dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo?Velázquez Flores.
El domingo el juez séptimo penal dictó auto de formal prisión en contra de los cinco hombres detenidos violentamente en Coyuca de Benítez el 29 de octubre.
El 12 de noviembre, los cinco detenidos rindieron su declaración ante el juez y se negaron a ratificar su declaración ministerial, argumentando que fueron golpeados, torturados con toques eléctricos en los genitales, les colocaron bolsas de plástico en la cara y los amenazaron con matarlos si no firmaban.
El acusado Gabino García Avilés de 28 años desconoció los celulares que le mostraron y que según la Procuraduría eran de las víctimas, uno de Raymundo Velázquez y otro de Miguel Ángel Solano Barrera. También negó, como lo acusaron, que él haya involucrado en el crimen a sus vecinos, también detenidos.
Los cuerpos de Raymundo Velázquez, Samuel Vargas y Miguel Ángel Solano fueron hallados el lunes 5 de agosto, en el sitio conocido como El Huajal, en las afueras de Coyuca de Benítez.
Los detenidos son Salvador del Carmen Vázquez de 30 años, David Galeana Pastrana de 20, Daniel y Uriel Ruano García de 22 y 23 años, quienes fueron detenidos juntos y el quinto, Gabino García Avilés de 28 años quien fue aprehendido antes.
Todos vivían en la colonia Fuerte Emiliano Zapata, en Coyuca de Benítez, de donde también era el dirigente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) asesinado junto a su pareja Ana Lilia Gatica, el 10 de noviembre.
En un comunicado de prensa la Procuraduría dice que “derivado de las evidencias ministeriales y como resultado del trabajo técnico de investigación, la PGJE elaboró una red de vínculos de los equipos de telefonía celular de las víctimas”.
“Dicho análisis de la información obtenida logró establecer la existencia de una transferencia de saldo de uno de dichos dispositivos a un equipo celular de un familiar de los hoy probables responsables de los hechos”, agrega.
“Una de las pruebas concretas que valoró el juez de lo penal es el cronotanatodiagnóstico, el cual determina que las víctimas fallecieron entre la 01:00 y las 02:00 horas del día 4 de agosto de 2013, y que la transferencia de saldo del teléfono celular en cuestión se realizó a las 13:33 del mismo? día, es decir aproximadamente 12 horas después de que aquellas perdieran la vida”, dice el boletín.
La Procuraduría sostuvo que tiene una declaración de “Gabino García Avilés, quien aportó información trascendental en contra de? Salvador del Carmen Vázquez, David Galena Pastrana, Daniel Ruano Pastrana y Uriel Ruano García y se realizaron investigaciones de campo a cargo de la Policía Investigadora Ministerial”

Hay consigna en el Poder Judicial para encarcelar a activistas y comunitarios, señala la Redgro

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Debido a que “hay consigna” en el Poder Judicial para encerrar a activistas sociales y a policías comunitarios, la Red Guerrerense de Derechos Humanos (Redgro) dijo que ya esperaba el auto de formal prisión para los cinco detenidos de la colonia Fuerte Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez, acusados del homicidio de líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), Raymundo Velázquez Flores que dictó el juez este domingo.
El secretario técnico Manuel Olivares Hernández informó que la defensa a cargo de la Redgro vio limitada su actuación por la falta de recursos, pues los familiares viven en la pobreza y en la zozobra por los asesinatos del fundador y líder de la colonia, Luis Olivares Enríquez, su pareja y su primo, días después de la detención violenta de los cinco jóvenes del lugar.
No obstante, aseguró que ahora comienza la etapa fuerte del proceso penal, que tendrán que combinar acciones jurídicas y de carácter político si los integrantes de la Organización de Pueblos Productores de la Costa Grande (OPPCG), que encabezada Luis Olivares Enríquez, están dispuestos.
De las medidas cautelas que Luis Olivares solicitó antes de que fuera asesinado, para él y sus vecinos, dijo que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) no ha informado si ya se  implementaron acciones de seguridad o de acompañamiento para los familiares del dirigente y de los detenidos en el penal de Acapulco. Al menos no a la dirección que se indicó para recibir notificaciones.
Reveló que la viuda de Olivares –con quién ya tenía varios años separado–, les reclamó el día de sepelio que para qué querían patrullas en la colonia si el dirigente ya estaba muerto. Ese día se informó que una patrulla estuvo en la colonia y luego en el panteón donde lo sepultaron.
En consulta telefónica añadió que el organismo civil se va a reunir con los vecinos esta semana para hablar con los deudos de Olivares y los familiares de los detenidos, para saber qué tipo de cuidados necesitan para sentirse seguros, “pero la experiencia indica que hay resistencias en el gobierno para llevar a cabo medidas de protección y de acompañamiento”.
Informó que las esposas de los detenidos se trasladan con frecuencia de Coyuca a Acapulco para verlos, y no saben si la Secretaría de Seguridad Pública estaría dispuesta a darles acompañamiento, y si los envían, los uniformados se quejan porque no tienen viáticos ni gasolina, y quieren que paguen los ciudadanos.
Subrayó que a la Redgro no ha llegado ninguna información formal de que habrá o no resguardo para los vecinos de Fuerte Emiliano Zapata, pero tal vez es porque organismos civiles de derechos humanos denunciaron la lentitud de la Codehum para pedir al gobierno del estado garantías de seguridad para Luis Olivares, y eso puso de manifiesto las debilidades del organismo descentralizado.