Siguen sin protección los familiares de Luis Olivares; hostiga el MP a su esposa, denuncia

*Le marcan para pedirle que vaya a declarar y que entregue los teléfonos celulares del dirigente asesinado el 10 de noviembre

Mariana Labastida

A nueve días del homicidio del dirigente de la Organización Popular de Productores de Costra Grande (OPPCG), Luis Olivares Enríquez, sus familiares siguen sin protección y sin ningún avance de la investigación del crimen.
La viuda de Olivares Enríquez, Zeferina Romero Fernández dijo que “como van” las investigaciones no cree que vayan a dar con los responsables de la muerte de su esposo, de quien estaba separado.
Familiares, amigos e integrantes del comité municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acudieron ayer a los rezos del dirigente asesinado el pasado 10 de noviembre en su casa en la colonia Fuerte Emiliano Zapata junto a su pareja sentimental Ana Lilia Gatica.
Al terminar la misa en la capilla del Señor de la Misericordia en la colonia Tierra y Libertad, Zeferina Romero informó que no han tenido vigilancia ni protección de la policía como se comprometió el gobierno del estado después del asesinato del dirigente, que sólo se han comunicado con ella para pedirle que vaya al Ministerio Público (MP) a declarar, “pero yo no tengo nada que ir a decir”, dijo.
Romero Fernández explicó que le dijeron que fuera a decir qué fue lo que vio, “que si vi quién lo mató”, pero que les ha dicho que ella llegó después por el cuerpo, que no vivía en la misma casa y que tampoco sabe qué pasó con los teléfonos celulares, “me están pidiendo los teléfonos celulares que para ver si tenía amenazas, la única amenaza que recibió fue el cartel que le dejaron a mi primo cuando lo mataron”, recordó la viuda.
La esposa de Olivares Fernández consideró que como van las investigaciones y que en una semana no le han informado nada del avance de la misma no se sabrá quién fue el homicida de su esposo, como es común en estos casos.
El dirigente municipal del Morena, Eleuterio Madero Benítez consideró que la Procuraduría, que es la encargada de la investigación del homicidio,  debe de hacer su trabajo porque “ya son varios” los asesinatos en Coyuca de Benítez.
“Las autoridades han permanecido apáticas ante la realidad inminente, han modificado las leyes y los derechos ciudadanos no les interesan, no les interesa que se haga justicia y se esclarezcan los ilícitos” dijo Madero Benítez.

Son chivos expiatorios los detenidos de Coyuca: Redgro

Consultado por separado vía telefónica de la petición que hará la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se aplique la pena máxima -50 años- a los cinco detenidos en Coyuca de Benítez acusados del asesinato del dirigente de la Liga Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández dijo que es “muy mala señal” porque las confesiones que hicieron carecen de valor por haber sido obtenidas bajo tortura.
“Durante el proceso se podrá demostrar que fueron torturados y aceptar un hecho que no hicieron, el problema que con tanta presión que hay hacía el gobierno por tantos asesinatos sociales, le interesa mucho dar algún resultado y creo que les tocó a estos detenidos ser esa pieza que buscaba el gobierno para supuestamente presentar resultados dudosos” dijo Olivares Herández.
Agregó que no se están respetando los derechos humanos de los detenidos y que “había la consigna de buscar chivos expiatorios para medio limpiar la mala imagen por no tener resultados”, y por ello detuvieron a Salvador del Carmen Vázquez, David Galeana Pastrana, Daniel y Uriel Ruano García, y Gabino García, quienes el pasado 12 de noviembre en su declaración ante el juez negaron los hechos y denunciaron que fueron torturados después de su violenta detención.