La CRAC está muy desgastada; aplaza el festejo de aniversario: Eliseo Villar

La crisis de la organización no se había visto desde el 2002 cuando el gobernador René Juárez se propuso desaparecerla con el argumento de que actuaba al margen de la ley, acusación que 11 años después vuelve esgrimir Ángel Aguirre. En esta administración terminó la independencia y autonomía de la Policía Comunitaria, pues tienen que operar con credenciales avaladas por la Sedena y con ello el gobierno del estado y el federal se hicieron de un banco de datos de los comunitarios que recibieron el documento.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) aplazó la celebración de su 18 aniversario que sería este 23 y 24 de noviembre en Cochoapa, municipio de Ometepec, para el 14 y 15 de diciembre en el mismo lugar.
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo informó vía telefónica ayer que el motivo del aplazamiento fue que la institución se encuentra “muy desgastada”  y que le dieron prioridad a otras actividades.
El aniversario de la CRAC fue el 18 de octubre y este año llega en medio de  una grave crisis interna y con acusaciones en contra de Eliseo Villar de que entregó la independencia y autonomía de la organización al gobierno estatal.
Villar Castillo informó que para los festejos del 18 aniversario de la institución, las autoridades han invitado al gobernador Ángel Aguirre Rivero, así como a representantes del gobierno federal, aunque reconoció que éstos no han confirmado su asistencia.
De confirmar su asistencia el gobernador y autoridades federales sería la primera ocasión que asisten a las actividades con motivo del aniversario de la CRAC, ya que usualmente sólo acuden representantes de organizaciones sociales y de organismos civiles.
Los festejos del 18 aniversario serán esta vez en la comunidad de Cochoapa, municipio de Ometepec. Villar Castillo argumentó que el motivo de organizar las actividades ahí es porque en ese municipio se encuentran las 32 comunidades que se incorporaron recientemente a la CRAC.
Incluso, dentro de los festejos se tiene considerada la creación de la Casa de Justicia cuya sede estará ubicada en Cochoapa.  Esta nueva casa estará conformada por 32 comunidades, aproximadamente 480 policías comunitarios (son en promedio 15 por comunidad), cuatro comandantes regionales, 4 coordinadores regionales y 16 consejeros, quienes tomarán protesta durante la misma celebración los días 14 y 15 de diciembre.
También se tiene considerado formalizar el desconocimiento de los grupos de la Policía Comunitaria que funcionan en los municipios de Tecoanapa, Tixtla, Olinalá, Huamuxtitlán y Atlixtac y que pertenecen a la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, pues según el coordinador de la CRAC, a ésta casa solamente pertenecen 22 comunidades de Ayutla.
También se hará un pronunciamiento por la libertad de los coordinadores de la CRAC de El Paraíso, Nestora Salgado García y Bernardino García Francisco y nueve miembros de la Policía Comunitaria, entre comandantes y policías comunitarios. En este pronunciamiento no se incluirá al promotor de Tixtla, Gonzalo Molina González.
A su 18 aniversario, la CRAC llega en medio de una fuerte crisis de división interna y entre críticas al coordinador y vocero de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar de haber entregado la corporación indígena al gobierno de Ángel Aguirre, según lo han manifestado los fundadores de la organización, Cirino Plácido Valerio y Apolonio Cruz Rosas, así como los promotores de la CRAC en Ayutla y Tixtla, Arturo Campos Hernández y Gonzalo Molina González, quienes fueron desconocidos por la organización.
La grave situación por la que atraviesa la institución indígena no se había visto desde el 2002 cuando el entonces gobernador René Juárez Cisneros se propuso desaparecerla con el argumento de que actúa al margen de la ley, acusación que, 11 años después vuelve esgrimir Ángel Aguirre Rivero, por lo que se propone “regularizarla”.
La crisis de la CRAC comenzó en febrero pasado cuando fue electo como coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán Eliseo Villar, quien a la postre se convertiría en el vocero y principal operador de la institución.
Villar Castillo, ahora se sabe, es un viejo amigo de Ángel Aguirre Rivero. El gobernador reveló el 18 de mayo que en su campaña, aquél le regalo una vaca en barbacoa en una de sus concentraciones en la región de la Costa Chica.
Ese día el gobernador anunció un incremento de 500 mil a un millón de pesos el apoyo mensual a la CRAC-PC, la construcción de las cuatro casas de justicia, aunque después dejarían fuera a la de El Paraíso, municipio de Ayutla por no plegarse a los intereses del gobernador Aguirre y de Villar Castillo. Ángel Aguirre también entregó cuatro ambulancias para el servicio de la organización indígena.
A partir de entonces terminó la independencia y autonomía de la CRAC-PC, pues posteriormente, Aguirre y Villar pactaron la entrega de credenciales avaladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y La Marina, presuntamente para evitar el desarme de los elementos de la Policía Comunitaria que ocurría con frecuencia, pero con ello, intencionalmente o no, el gobierno del estado y federal se hicieron de un banco de datos de los policías comunitarios que recibieron el documento.
Antes, una parte de la organización de la Casa de Justicia de El Paraíso, que rechazaron las condiciones del gobierno del estado y de Villar Castillo, fue desconocida y expulsada primero por Villar y después por el gobierno estatal.
A partir de entonces el gobierno estatal y federal intervinieron en los hechos y el 21 de agosto detuvieron a su principal dirigente de Olinalá, Nestora Salgado García, así como a 12 policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso y a su coordinador Bernardino García Francisco. Dos días después, el 23 de agosto, otros 12 policías comunitarios fueron detenidos en la comunidad de Quiahuitepec, municipio de Ayutla y el 27 de agosto fueron detenidos otros 10 elementos de la corporación indígena que formaban parte de un contingente que iba a realizar una protesta para demandar la libertad de Salgado García en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.
A la fecha, la mayoría de los comunitarios han sido liberados, pero siguen presos los coordinadores Nestora Salgado y Bernardino García. Además del promotor en Tixtla, Gonzalo Molina.
También permanece la fuerte división entre la Casa de Justicia de El Paraíso y el coordinador de la de San Luis Acatlán, Villar Castillo.
Pero no es la única división que ha sufrido la CRAC en menos de un año que llevan los actuales coordinadores de San Luis Acatlán. También tras la llegada de Villar Castillo éste expulsó a un grupo de fundadores de la organización encabezados por Cirino Plácido Valerio y Apolonio Cruz Rosas.
Éstos primero formaron un grupo disidente e instalaron una Casa de Justicia paralela en Santa Cruz del Rincón, pero finalmente, el mes pasado, decidieron abandonar definitivamente la CRAC-PC y sumarse al Sistema de Seguridad Ciudadano que promueve la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) llevándose con ellos a autoridades de unas 26 comunidades que formaban parte de la CRAC-PC.
El grupo de disidentes acusó a los actuales coordinadores de haber abandonado el proyecto original de la CRAC y violentado los principios y reglamentos.
Acusaron, por ejemplo,  que se dejó de tomar en cuenta a los consejeros regionales desplazando así a los fundadores y rompiendo la tradición y la experiencia del Sistema Comunitario, que se impusieron asesores jurídicos y voceros sin consultar a la asamblea. Además de que se conformó un grupo de fuerzas especiales y que los coordinadores asignaron salarios para ellos y para ese grupo de choque.
También denunciaron que se volvió una práctica cotidiana el cobro de multas y fianzas, y que no se rindieron cuentas sobre los recursos recibidos por el gobierno.